Mendoza hot por fallo corte: Quejas de mineras, marcha anti y Suárez no more

A menos de 15 días de las elecciones generales nuevamente entró en la polémica social y política la ley 7722.

desde organizaciones ambientalistas y defensoras del agua, más algunos partidos políticos, sobre todo de izquierda, convocaron a manifestarse por el centro de Mendoza y es así que este miércoles unas 1.000 personas se reunieron en Peatonal y San Martín y desde allí marcharon sin incidentes por calles del centro hasta terminar frente a la Legislatura.

En el primer día de su regreso a la actividad tras recuperarse de la intervención por una arritmia, el gobernador Rodolfo Suarez se refirió este miércoles a la reinstalación del debate por la ley antiminera -la 7.722- luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inconstitucional un artículo de la norma. El mandatario ratificó la postura que viene expresando desde 2019 cuando, luego de las movilizaciones masivas, decidió no insistir con el impulso a la actividad minera y a modificar la ley si no hay consenso social.

Antes de esta movilización, Suarez expresó que "este es un Gobierno que escucha a la gente. Yo he sido muy claro en este tema, así que les digo a los que se manifiestan o hacen campaña con este tema que no lo hagan porque es absurdo. Lo repito: nosotros, más allá de cualquier fallo o cualquier ley, escuchamos a la gente y esa es la política que vamos a mantener".

Suarez dijo con énfasis lo que ya ha manifestado en muchas oportunidades: "Tenemos el pleno convencimiento de que no hay consenso social para llevar adelante la minería así que quédense tranquilos, que no vamos cambiar".

Finalmente el gobernador señaló: "A quienes hacen campaña con este tema, les decimos que nosotros estamos cuidando el agua. De hecho se está llevando adelante en Mendoza en estos días un congreso del agua y desde Irrigación se ha hecho una inversión importante en impermeabilización y en cuidado de la acumulación porque el agua es realmente importante para Mendoza".

A raíz de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declaró parcialmente inconstitucional la norma que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la minería metalífera, movilizó nuevamente el accionar no solamente de las organizaciones ambientales, que se manifestaron por la tarde, sino también de los partidos políticos que están en contra.

Mientras tanto, para los empresarios mineros el fallo no resuelve la principal traba que aseguran que tienen, dentro incluso de la 7722, que es la que hace referencia a la aprobación en la Legislatura de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La frase inconstitucional es precisamente la que dice “...y otras sustancias tóxicas similares”, cuando hace referencia en el artículo 1 a las sustancias químicas que están prohibidas para la actividad minera. Es decir que, si bien seguirá prohibida la utilización del ácido sulfúrico, el mercurio y el cianuro, hasta ahí llegarán las restricciones, por lo que se entiende que se podrían utilizar otro tipo de sustancias, como por ejemplo el xantato, que es el que se pretendía -o pretende – utilizar en el proyecto San Jorge, ubicado en Uspallata, en una zona de alto contenido de cobre y oro.

Es cierto que todas las luces del fallo de la Corte apuntan a San Jorge, no sólo porque fue la empresa que interpuso un recurso extraordinario federal en 2015 luego de la sentencia con la que la Corte local dio la constitucionalidad de la ley, sino porque sería la única en este horizonte local que podría ajustarse a la normativa con la técnica de flotación con el uso del mencionado xantato.

No obstante, hay hermetismo en términos oficiales de la minera, ya que sus principales interlocutores han preferido el silencio. De igual manera han actuado desde la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), y se espera algún comunicado oficial respecto al fallo.

Sin embargo, hay quienes dicen desde el sector que esta sentencia “no deja de ser un golpe a las mineras metalíferas”, ya que, por más que deban prescindir de utilizar esas tres sustancias químicas, el problema “reside en el artículo 3 de la ley”, que es el que tenían intenciones que se declarara inconstitucional por la Corte.

Principalmente hacen referencia a la obligación de que la DIA sea aprobada por la Legislatura. Parte del artículo dice: “Para los proyectos de minería metalífera obtenidos a cualquier método extractivo para las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley”.

“Sigue vigente la ratificación legislativa y ahí es donde está la traba”, cuestionaron, y marcaron que aún cumpliendo la ley, “seguirían los problemas en orden político”.

Por el momento aseguran que San Jorge no se moverá con algún impulso en términos de motorizar o aggiornar la DIA, y que el proyecto seguirá “a la espera de mejores tiempos”.

Recordemos que en el Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) desde la CAMEM enviaron un documento titulado “Aprovechamiento sustentable e integral del potencial minero de Mendoza”, en el cual propusieron analizar “en primer lugar todos los proyectos que se pueden explotar dentro de la ley 7.722″, como Potasio Río Colorado, Hierro Indio, Cerro Amarillo e incluso San Jorge.

Por otro lado, ambientalistas pusieron el foco en que ha sido “la presión política” la que junto con la Corte Suprema apalancaron la inconstitucionalidad parcial de la 7722, por lo que desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap) se mostraron en estado de alerta y movilización, y preparan una gran marcha para hoy por la tarde.

Sin embargo, separaron el fallo en dos, al sostener que en primer lugar ven una “jugada política” el hecho “que haya salido en contexto de un gobierno nacional y provincial a favor de la megaminería metalífera”, pero también valoraron el hecho que todo el resto del texto haya sido resuelto constitucional. “La ley fue declarada constitucional. Esa es la parte positiva”, marcaron.

El proyecto lleva archivado más de 10 años en la Legislatura, y una aprobación del mismo implicaría el final de San Jorge. “Por eso no lo aprueban. El voto positivo sería una forma de proteger la cuenca del río Mendoza desde sus nacientes.”, acotaron.

Finalmente marcaron que para ellos “la 7722 es legítima tal cual está” y que “tiene validez el artículo 1 completo. Eso es lo que vamos a decir en las calles tanto mañana (por hoy) como en el resto de nuestras acciones”.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad de un párrafo de la controvertida ley antiminera 7.722 vinculado a la utilización de sustancias químicas en la actividad, desde el sector metalúrgico local aseguraron que esta determinación no impacta en el desarrollo de dicha industria en Mendoza.

“Desde hace muchos años venimos bregando por el desarrollo de la industria minera, porque entendemos el fuerte impacto que tiene sobre nuestra economía, el empleo, las pymes industriales y el desarrollo de la provincia. Pero, lamentablemente, Mendoza tiene una ley restrictiva (7.722) que impide el desarrollo de dicha industria", aseguró en el programa En La Mira de FM 91.7 el secretario de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET), Julio Totero.

Ante este escenario, el referente del sector metalúrgico indicó: "Los inversores, mientras esta ley esté presente como está, no van a invertir acá".

Según reveló Totero, la modificación impuesta por el fallo "no tiene ningún impacto sobre el desarrollo de la industria minera en la provincia, para que se desarrolle tienen que pasar otras cosas y no están pasando".

El referente de ASINMET vinculó a la Casa de las Leyes con la imposibilidad de desarrollar la actividad minera en Mendoza. “Sería muy importante que la Legislatura provincial actuara con celeridad en estos casos. Lo que venimos reclamando desde hace algún tiempo y esto no ocurre, es que la ley 7.722 debería reglamentarse y permitir el avance de los proyectos que se enmarquen dentro de la misma", aseveró Totero.

En ese sentido reiteró que el problema es la falta de reglamentación de la norma. "Si una declaración de impacto ambiental entra a la Legislatura puede estar seis meses, un año o toda la vida y no sale nunca", resaltó.

Ante este escenario de "falta de previsibilidad", Totero indicó que "ningún inversor va a venir por más que se le permita realizar un proyecto en el marco de las leyes vigentes".

Desde ASINMET proponen que la reglamentación de la ley incluya un plazo perentorio para que los legisladores emitan su juicio.

Para Totero, esta falta de previsibilidad es "el verdadero problema" que tiene el desarrollo minero en Mendoza. "Más allá de algunas movilizaciones populares que han ocurrido, no es la mayoría de la población, por más que se lo quiera ver de esa manera. La mayoría quiere empleo, crecimiento, desarrollo y que las cosas se hagan bien", remarcó.

"Hacen falta decisiones políticas que van mucho más allá de esta inconstitucionalidad, de esa partecita que impuso la Corte de la Nación”, sentenció.