La bancada de Fuerza Popular presentó un proyecto de ley para crear el “Canon para el pueblo”, que implica destinar pagos directos provenientes del canon minero y/o gasífero a las comunidades donde se realizan dichas actividades extractivas.
De acuerdo al proyecto 605/2021, presentado por los congresistas Hernando Guerra García, Rosangella Barbarán y Nilza Chacón, el importe estará constituido por el 40% del canon minero y/o gasífero que perciben los gobiernos regionales y locales, para ser distribuido entre los beneficiarios.
Los que apunten a ser beneficiarios de esta asignación monetaria deberán ser ciudadanos peruanos, tener dos años de residencia en la localidad, distrito, provincia y departamento donde se ubica la explotación minera y/ o gasífera, y encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema reconocida en el último registro del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).
El proyecto de ley de la bancada naranja recuerda la propuesta hecha por Keiko Fujimori durante la última campaña presidencial, cuando el 1 de mayo planteó repartir el 40% del canon para la población.
Como se recuerda, de acuerdo a la ley del canon, este concepto debe ser utilizado para la inversión en proyectos de infraestructura con impacto regional y local.
¿Es viable?
¿Qué tan viable es destinar el 40% del canon minero y gasífero a determinado grupo de la población? De acuerdo a los especialistas consultados por este Diario, el impacto de este proyecto -en caso se convierta en ley- se notará en el corto plazo, pero su efecto será menor en comparación a si este concepto es destinado a inversión en infraestructura.
El exministro de Economía, David Tuesta, sostiene que se generaría un problema de inequidad, debido a que el canon no se distribuye en igual proporción en las regiones.
“Cuando haces una repartición del dinero en términos per cápita, lo que termina sucediendo es que algunas poblaciones, de repente como tiene poca gente, termina recibiendo bastante más dinero que otra población que puede tener la misma cantidad de recursos mineros, pero tiene mucha más gente a quien distribuir”, indicó.
A su vez, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, consideró que repartir el canon directamente a las personas conllevará a que los beneficiarios se acostumbren a tener un ingreso fijo. No obstante, aseguró que el ingreso por canon es un concepto que no se puede asegura
Asimismo, afirmó que se debe fiscalizar la repartición de dinero para evitar casos de corrupción.
De acuerdo al proyecto de ley, el llamado “Canon para el pueblo” dejará de aplicarse cuando se deje de generar el canon minero y/o gasífero en los respectivos departamentos donde se realizan las mencionadas actividades extractivas.
El canon
Por canon minero, se transfirieron S/2.947 millones a las regiones este año. Sin embargo, hay grandes diferencias entre los montos entregados a cada departamento correspondiente a la actividad minera realizada en cada zona geográfica.
Por ejemplo, Áncash es la región que más canon recibe, casi S/849 millones. Tacna, segundo departamento con mayor canon minero, recibe casi S/388 millones. A estas dos regiones le siguen Ica con más de S/260 millones y Moquegua con más de S/244 millones.
Por canon gasífero -contando regalías y renta-, hasta la fecha se han transferido más de S/1.575 millones a la región de Cusco, así como a sus provincias y distritos, de acuerdo al portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas.
Situación
Sin embargo, la ejecución del canon minero en los gobiernos regionales y locales tampoco es el ideal. De acuerdo a la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), en el 2020 se recaudaron S/4.504 millones por este concepto en el 2020. Sin embargo, el gremio señala que se ejecutó el 52,6% (S/2.367 millones).
En 2019 se recaudaron S/4.612 millones por canon minero y se ejecutaron S/2.901 millones; en 2018, se obtuvo S/4.763 millones y la ejecución alcanzó a S/2.880 millones.
¿Cómo mejorar la ejecución del canon minero? El exministro Tuesta plantea encargar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) la ejecución de los recursos no utilizados por el mencionado concepto.
“Mucho más sencillo [que repartir el canon a la población] es buscar que los recursos que los gobierno regionales no han venido ejecutando, se ejecuten más expeditivamente. Hablamos de entre aproximadamente el 40 y 60%. ¿Cómo se podría alcanzar ello? Una forma rápida sería dándole esa responsabilidad a la ARCC. Es una entidad ya creada, tiene una serie de facilidades en términos legales, se les permite desarrollar esquemas modernos y contratación moderna”, indicó.
Tuesta precisó que esta propuesta no le quita el rol ejecutor a los gobiernos subnacionales, pues la idea es que el porcentaje no utilizado por cada departamento sea gestionado por la ARCC para realizar las inversiones en infraestructura en las regiones correspondientes.
A su vez, Herrera Descalzi sostuvo que se deben determinar mecanismos eficientes para redistribuir el canon no ejecutado, manteniéndolos enfocados en atender las necesidades de las comunidades.
Más datos
+ La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía había considerado que se necesita una reforma del canon minero que asegure su distribución de forma óptima para las regiones beneficiadas.
+ La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible en su informe final propuso que la distribución del canon en las regiones tiene que contar con metas claras e indicadores que apunten a cerrar las brechas sociales, pero no solo en las capitales distritales, sino también en los centros poblados que se ubican fuera de estas zonas.
