CARLOS ALONSO

Hace algunos días, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entregó un estudio donde analizaba la industria del gas domiciliario licuado y natural en el período comprendido entre 2010 y 2020, donde concluyó que en ambos segmentos el precio de este combustible es superior al que debería existir en un mercado competitivo.

El documento detallaba que, por falta de competencia, cada año los consumidores nacionales pagan en total, de manera agregada, US$ 181 millones en exceso por el gas licuado que se consume en Chile y que, en el caso del gas natural, el sobreprecio fluctúa entre US$ 78 millones y US$ 87 millones cada año para los clientes de Metrogas.

En el mercado del gas licuado, que es utilizado en 80% de las comunas del país, esto se traduce en un sobreprecio de 15% por cada balón, producto de la baja intensidad competitiva entre los actores del mercado, quienes no traspasan completamente sus reducciones de costos a los consumidores.

Esta situación permitió a los distribuidores mayoristas, en el 2020, aumentar sus márgenes desde un 34% a un 53% si se compara con el margen que obtenían a fines del 2014.

Al analizar el segmento del gas natural, la FNE detectó que el sobreprecio fluctúa entre 12,7% y 20,2% para los clientes residenciales de Metrogas, debido a que esta compañía está acogida a una norma legal que le permite sobrepasar, a través de una empresa relacionada llamada AGESA, el límite máximo de rentabilidad a que está sujeta como empresa distribuidora de gas natural.

Esta situación tuvo de inmediato consecuencia en la imagen que tienen las empresas que distribuyen el gas en Chile. De acuerdo a la última encuesta Cadem, la confianza de la ciudadanía en esta industria se desplomó, llegando a un 25% en octubre.

Este es su menor nivel desde 2015. En febrero el registro se ubicaba sobre el 60%, nivel que había mantenido en 2020, por lo que la caída fue de 36 puntos entre febrero y octubre. Anteriormente, siempre se había mantenido sobre 50%, excepto tras 18-0 en que cayó a 46%, pero se recuperó rápido sobre 60%.

Además, las empresas que entregan suministros básicos de luz y agua se distanciaron sustantivamente de las que entregan gas, con un 39% y 44% de aprobación, respectivamente.

Según el sondeo, la mala evaluación ciudadana de las compañías de gas también la tienen las Isapres, con un 22% de confianza y las AFP en el último lugar con sólo 17%. Cuando se produjeron los primeros retiros previsionales, la evaluación de estas últimas había llegado a 23%.

Otras empresas que sufrieron una caída en la confianza de las personas fueron los supermercados, que mostraron una merma de 7 puntos entre febrero y octubre, ubicándose en 56%, mientras que Fonasa pasó de 55% a 47%.

Como contrapartida, en el primer lugar se sitúa por cuarto mes consecutivo el Metro de Santiago, con 63%, aunque cae levemente en relación a la última medición. Le siguen las universidades, con 59%, y laboratorios de remedios nacionales, con 57%.