En los últimos 15 años no se han realizado inversiones importantes en exploración de hidrocarburos; sólo se desarrollaron y sobreexplotaron los campos ya descubiertos en gobiernos anteriores.

Al mismo tiempo, se ha impulsado el consumo doméstico de gas natural sin planificación y de forma ineficiente. Ambas circunstancias han producido una disminución preocupante en los niveles de las reservas.

En el caso de los combustibles líquidos (gasolina, diésel oil y GLP), los subsidios a los precios finales representan una oportunidad para contrabandistas que transportan los combustibles a los países vecinos, donde rigen precios mucho mayores.

Así mismo, el mercado local presenta consumos crecientes y nulos esfuerzos de eficiencia porque los precios son bajos. Es decir, con los actuales niveles de precios, el consumo local seguirá creciendo de forma sostenida.

Esto presiona fuertemente la balanza comercial del sector, dado que los ingresos por exportaciones de gas no alcanzan para compensar las importaciones de diésel y gasolina.

En el sector eléctrico, la política de sobreinversión en plantas de generación termoeléctrica, sin tomar en cuenta los niveles de crecimiento de la demanda, ha ocasionado que hoy día el margen de reserva en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) sea de más del 100%.

Es decir, hay una capacidad ociosa instalada significativa, que implica altos costos, consecuencia de la ausencia de planificación. Por otro lado, se proyectan plantas hidroeléctricas técnicamente y financieramente inviables, costosas y ambientalmente destructivas, como las de Chepete y El Bala, entre otras.

Entonces, la crisis actual del sector energético es resultado de la pésima gestión del gobierno de Evo Morales que, contando con los recursos, el tiempo y las posibilidades de transformar el sector energético hacia su sostenibilidad de largo plazo, lo ha estrangulado al convertirlo en un simple proveedor de recursos para otros sectores, aprovechando los precios altos del petróleo.

Esta crisis integral del sector energético se expresa en la falta de gas natural para atender el mercado de exportación y el interno, la balanza comercial casi negativa del sector presionada por el contrabando de diésel, gasolina y GLP a los países vecinos, el exceso de capacidad ociosa en el sector eléctrico resultado de inversiones sin planificación, y la amenaza de restricciones al consumo de gas natural y de apagones en el sector eléctrico.

En ese contexto, está amenazada no solo la provisión de energía (en todas sus formas) para el consumo doméstico y el bienestar de las familias, sino también la recuperación económica dado que la energía es un insumo imprescindible. Es decir, una creciente actividad económica requerirá de energéticos a escala creciente, los que no estarán disponibles por las razones anotadas.

El gobierno de Arce Catacora no ha mejorado la gestión del sector energético. Por ejemplo, se ha anunciado la inversión en una planta de diésel vegetal, que iniciaría producción en 2024 o 2025 y cuya materia prima sería palma.

Es decir, la “solución” al déficit de diésel y gasolina que hoy día enfrenta el país es un proyecto que iniciaría producción el año 2024 (a destiempo), y que presionará aún más la ampliación de la frontera agrícola, con las consecuencias ambientales negativas de pérdida de biodiversidad, amenaza a las fuentes de agua y otras.

Peor aún, se han anunciado estudios para construir una segunda planta de amoniaco y urea, en un contexto de creciente escasez de gas natural, su materia prima.

Otra medida tomada por el actual gobierno es la promulgación del Decreto Supremo 4477, que buscaba impulsar la generación distribuida (consumidores que generan la electricidad que consumen) con fuentes renovables, dirigido a los consumidores domésticos (el máximo de potencia permitida es 350 kW) siendo que los consumidores comerciales han sido quienes más han avanzado en la instalación de paneles.

Adicionalmente, los reglamentos del mencionado decreto, aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), definen procedimientos complicados que impedirán avanzar en forma masiva en la generación distribuida. Es decir, no se trata de una medida de impulso, sino más bien de freno. Sólo es rescatable la disminución en los aranceles de importación de medidores y equipos relacionados.

Como respuesta a esta crisis integral, UNO propone construir un sector energético capaz de satisfacer las necesidades de corto y largo plazo de la población y la economía, con bajos costos y mínimos impactos ambientales. Una agenda mínima para este objetivo es la siguiente:

+ Priorizar la eficiencia energética como el principal componente de la política del sector.

+ Avanzar de forma decidida en la generación distribuida a partir de fuentes renovables como la base de la política de abastecimiento de electricidad.

+ Cancelar definitivamente los proyectos de centrales hidroeléctricas e inversiones en exploración de hidrocarburos en áreas protegidas y territorios indígenas.

+ Avanzar en la electrificación del parque automotor. Con esta medida, se disminuye la demanda de combustibles fósiles, y con ello, la necesidad de importaciones.

+ Redefinir la política de exploración de hidrocarburos, rediseñando el régimen fiscal para incentivar la exploración, hasta que el país sea capaz de cubrir el 100% de su necesidad de energía con electricidad a partir de fuentes renovables. Es decir, se trata de una medida transitoria.

Sólo de esta manera, el país podrá salir de la crisis energética a la que lo ha llevado la pésima administración de los dos gobiernos masistas y proyectarse al futuro.