El Manual de empresas públicas en Argentina (1946-2020). De la centenaria YPF a las actuales SABIE es el resultado de un proyecto de investigación dirigido por Juan José Carbajales, titulado “La intervención del Estado en el sector de los hidrocarburos. Dominio y jurisdicción. Rol y perfil de las empresas públicas”.

El proyecto de investigación denominado “Empresas públicas en Argentina (1946-2020)”, realizado por la Universidad Nacional de José C. Paz, se llevó a cabo entre el mes de junio de 2017 y mayo de 2019.

La investigación abarca un lapso de 74 años que van desde los primeros años de la posguerra a partir de 1946 hasta el tiempo presente. Como se puntualiza en el Informe Final, la misma es el resultado del proyecto de investigación científico y tecnológico de la Universidad de José C. Paz (UNPAZ) titulado.

El objeto general del proyecto de investigación ha sido el de contribuir al campo de estudio sobre el rol del Estado en la economía, específicamente en el sector de los recursos naturales, y en particular de los hidrocarburos en Argentina. Para ello –según se consigna en el texto–, el proyecto se propuso indagar acerca de la relación entre el poder público y el mercado, tomando como eje la actuación estatal a través de las empresas públicas, particularmente en el sector de la energía.

"Es claro que esto ya supone para la investigación un desafío mayúsculo, ya que la cuestión del conflicto de interés potencial o real entre Estado y mercado siempre pone un velo en la transparencia de estas relaciones entre el representante del “interés general” que es el Estado y los “intereses particulares” que actúan en el mercado", destacó Jorge Lapeña en el prólogo del texto.

Como especialista energético me resulta sumamente interesante analizar la relación entre el progreso real y los resultados concretos del sector energético y de los hidrocarburos en Argentina con la existencia del complejo de empresas estatales de energía y de las decisiones del Estado nacional argentino en esa etapa. El período abarcado por la investigación es suficientemente largo como para poder identificar los efectos de las grandes decisiones políticas adoptadas sobre el funcionamiento real del sector energético y el impacto sobre la población de esas decisiones

El texto aborda tópicos como el rol constitucional del Estado en la economía; el origen, evolución y actualidad de las empresas públicas; los regímenes jurídicos aplicables (incluido el soft law); el acceso al agua, la justicia y la información pública; el gobierno corporativo y la incidencia de los Derechos Humanos. Se presenta un análisis exhaustivo de casos bajo la órbita de Nación y provincias, y ejemplos testigo como IEASA, AySA, TRANSENER, CAMMESA, INVAP, ARSAT, Aerolíneas y Ferrocarriles. Un caso destacado es YPF y sus 100 años de presencia en la vida argentina. Finalmente, se propone un modelo de sociedades anónimas bajo injerencia estatal (SABIE) a partir de la generación de valor, la finalidad de interés público, la gobernanza corporativa, la accountability republicana y el enfoque de derechos en favor de los ciudadanos.

La mayoría no presentaron sus balances del año pasado

SOFÍA DIAMANTE/LA NACIÓN

En los últimos meses se hizo más candente el debate sobre el déficit fiscal y la eficiencia del gasto público. Dentro de ese análisis, hay un área que cuesta indagar: los estados contables de las empresas públicas. Las transferencias que el Tesoro les hace a estas compañías tampoco es tarea sencilla de observar.

La consultora EcoGo calculó que el año pasado se les giró alrededor de un punto del PBI, similar a 2019. Este año, lleva ejecutado la misma cantidad en el acumulado de los ocho meses, por lo cual se espera que el número final sea mayor.

“Las mayores transferencias a empresas públicas este año están explicadas principalmente por dos compañías energéticas, CAMMESA e IEASA (ex Enarsa), que representan la mayor parte de los gastos”, explica el economista Lucio Garay Méndez. Se refiere a la empresa que controla los despachos de energía eléctrica y a la que está a cargo de las importaciones de gas licuado (GNL), respectivamente.

Para graficar, según los datos de la consultora basados en el presupuesto abierto, el año pasado se le transfirieron a Ieasa $46.000 millones, mientras que solo en el acumulado hasta agosto lleva girados $120.000 millones, un crecimiento de 166%, muy por arriba de la inflación.

Con relación a Cammesa, hasta agosto lleva ejecutado $410.000 millones, cuando en el mismo periodo de 2020 necesitó $180.000 millones. Este aumento en las transferencias está directamente vinculado al congelamiento tarifario y la aumento del costo de importar gas y de generar electricidad.

Otras empresas que cada vez demandan más dinero del Tesoro son Aysa y Aerolíneas Argentinas. La compañía que distribuye agua potable en el Gran Buenos Aires tiene para este año un presupuesto de $77.000 millones, de los cuales lleva ejecutado el 65%. El año paso demandó $50.000 millones, el doble de los $24.000 millones que necesitó en 2019.

Con relación a Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera pidió para este año $50.000 millones para cerrar la diferencia entre los gastos e ingresos. Se trata de un leve aumento con relación a los $42.000 millones del año pasado.

El rol de las empresas públicas

Durante el mandato de Mauricio Macri, la administración de las empresas públicas adquirió mayor relevancia y se realizó una auditoría para mejorar la “eficiencia” de las compañías, como el anterior gobierno lo describió.

Todo el control de las compañías se centralizó en la jefatura de Gabinete y se intentó avanzar en un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para implementar las buenas prácticas de gobierno corporativo. Ese seguimiento luego se abandonó con la corrida cambiaria y las crisis económica.

Según los últimos datos de las auditorías realizadas, se supo que entre todas las empresas públicas emplean a más de 104.200 personas. En total son 41 grupos económicos que tienen al Estado como accionista mayoritario. Entre ellas se encuentran la mayor petrolera del país, YPF, y la entidad bancaria más grande, Banco Nación.

Juan José Carbajales, exsubsecretario de Hidrocarburos, recientemente editó el libro Manual de empresas públicas en Argentina, donde analiza la evolución de las empresas nacionales, provinciales y municipales en el país entre 1946 y 2020. 

Por ejemplo, dentro del libro se observa que La Rioja es la provincia con más compañías públicas, con 31. Luego le siguen Neuquén (15), Río Negro (14), Córdoba (12), Salta (9) y San Luis (8). Entras las empresas provinciales que más se destaca está Invap, la compañía rionegrina dedicada a la alta tecnología.

“En el libro analizamos el rol de las empresas públicas, ya que combinan dos características principales: son sociedades anónimas, tienen un formato comercial e industrial como cualquier otra empresa, pero el Estado está adentro y les da una finalidad de interés general o público, que da la respuesta a la pregunta de para qué el pueblo destina parte del patrimonio para tener estos instrumentos societarios”, explica Carbajales, quien presentará hoy el libro a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz).

“Es necesario encontrarles un rol y un formato a las empresas públicas. El rol tiene que ser en sectores estratégicos, no en cualquier sector de la economía. Hay algunos donde hay consenso en que tiene que haber injerencia del Estado, como en energía, comunicaciones y transporte. Son sectores clave para la conectividad y la productividad del país”, señaló.

“Por otro lado, está el formato de sociedad anónima, donde se les quitó los controles de orden jurídico que tienden a las licitaciones, las que se aplican al Estado nacional pero no a este tipo de empresas. Ahí entra las prácticas de gobierno corporativo: gobernar las empresas como si fuesen netamente privadas. Es decir, deben ser eficientes, ágiles y deben cumplir con estándares de transparencia y acceso a la información. Normas que no son obligatorias, pero son recomendaciones, que toman directrices de la ONU o la OCDE. Estas empresas están incursionando y es un camino a seguir”, agregó.

Y concluyó: “El otro costado que no hay que olvidar es el para qué están estas empresas. El cumplimiento de políticas públicas, ser un brazo ejecutor del Estado, una compañía de referencia o asistente técnico de los que hacen las políticas”.