JUAN SALDARRIAGA 

En el lapso de apenas una semana –del 6 al 13 de agosto– dos de las mineras más grandes del país –Cerro Verde y Buenaventura– cancelaron al fisco el total de sus deudas tributarias, en lo que constituye una de las jornadas más venturosas para la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Hasta el momento, el monto asciende a S/.3.174 millones, pago catalogado por el ente recaudador como uno de los “más grandes realizados a la fecha”.

“La minera Cerro Verde paga deuda por S/1.040 millones. Junto a Buenaventura (S/2.134 millones) son más de S/3 mil millones que entran al Estado peruano. Lo que la derecha no hizo en décadas, la izquierda lo hace en una semana. Así de eficientes”, tuiteó el congresista Guillermo Bermejo.

¿Se debe todo esto a la muñeca del Gobierno?

Las deudas al detalle

De acuerdo a especialistas consultados para este informe, no hay nada más lejos de la realidad. “La razón termina siendo muy lógica y fría, y muy alejada del [caluroso] ámbito político”, apunta Raúl Ferreyra, especialista en derecho minero del estudio CMS Grau.

A su entender, tanto Cerro Verde como Buenaventura decidieron pagar sus deudas al contado tras evaluar el costo de oportunidad de cancelaras de manera fraccionada, considerando los elevados intereses moratorios de la Sunat, y tomando en cuenta el tipo de cambio favorable para los débitos en moneda nacional.

Siendo así, la devaluación del sol respecto del dólar le permitió a Buenaventura “ahorrarse un monto importante, al levantar deuda en dólares”, explica Carlos Gálvez, ex gerente de finanzas de la minera aurífera.

“Lo que sucedió es que Buenaventura ya había realizado un fraccionamiento tributario. Y lo que ha hecho es: en lugar de hacer esos pagos, ha salido al mercado a prepagar esa deuda. Ha efectuado un buen negocio. Es una decisión financiera en la que el Gobierno no tiene nada que hacer”, remarca.

Además, Buenaventura se había comprometido con el gobierno de Francisco Sagasti (a finales del 2020) a pagar toda su deuda en 66 cuotas mensuales, comenzando con una de S/295 millones a finales de julio del 2021. Llegado ese mes, sin embargo, la minera aurífera decidió intentar pagar la totalidad de la deuda recurriendo a un financiamiento de hasta US$500 millones, según anunció Leandro García, su gerente general, a Semana Económica (9 de julio del 2021).

Cerro Verde, de acuerdo a Ferreyra, habría obrado con la misma lógica para cancelar su deuda tributaria de S/1.040 millones, con la diferencia que no ha salido a financiarse al mercado, sino que ha usado sus fondos propios.

“Al final –señala Ferreyra– confluyeron varios factores: por un lado, el tipo de cambio y, por otro, también Pedro Castillo, pero en el sentido de que si otro fuera el presidente de la República, probablemente el contexto no hubiera sido tan beneficioso para pagar esas deudas”.

A todo lo anterior se agrega que ambas empresas han cancelado “bajo protesto”, lo cual significa que si ganan sus respectivos litigios con el Estado –a los cuales no han renunciado– este tendrá que devolverles lo recaudado y “con intereses”, anota Rómulo Mucho, exviceministro de Minas.

“En última instancia, las empresas tienen al Tribunal Constitucional (o el CIADI) para apelar”, indica el exfuncionario a Día1.

El caso de Las Bambas

“Empieza bien la semana: Minera Las Bambas pagará deuda de S/3.090 millones. ¡Tenemos Gobierno, compatriotas!”, tuiteó el congresista Bermejo, ni bien se conoció la noticia, el pasado 23 de agosto.

La verdad, explica Epifanio Baca, economista del colectivo Propuesta Ciudadana, es que el pago del IR (S/2.400 millones) por parte de Las Bambas se caía de maduro, debido al elevado precio del cobre, que presagiaba que la empresa iba a recuperar su inversión (cerca de US$10 mil millones) muy pronto.

“El IR de la empresa se esperaba desde el 2020, pero llegó la pandemia de COVID-19 y malogró todo. Sin embargo, este año todas las mineras están trabajando al 100% y con los altos precios era previsible, para los que seguimos el caso, que Las Bambas pagaría utilidades por vez primera este año”, comenta Baca.

Se trata, por tanto, de un “hecho económico” donde “no influye ninguna conversación con el Gobierno”, anota el economista.

Una situación muy diferente sí sería, en cambio, el pago de los S/690 millones por concepto de IGV adeudado de los ejercicios 2011 y 2012.

Si bien no queda claro a qué obedecen esos conceptos, Baca intuye que se debería a un cálculo político de la empresa MMG Las Bambas para mejorar su imagen ante un Gobierno crítico de la minería, como lo es el de Perú Libre.

Trascendió, en efecto, que este habría sido uno de los gestos de buena voluntad que la empresa presentó al ministro de Energía y Minas, Iván Merino, en la reunión que sostuvieron a mediados de mes para aquietar la efervescencia social en el Corredor Minero del Sur y promover –dicho sea de paso– el nuevo “pacto social” entre las empresas mineras y el Estado.

De ser ese el caso, se podría decir que el Gobierno se anotó, al menos, este gol en su objetivo por promover las inversiones sostenibles en el marco de lo que ha llamado la ‘rentabilidad social’ de los proyectos.