HUMBERTO CAMPODÓNICO *
En julio la Comisión Europea aprobó su plan de reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) de los hidrocarburos. La noticia: en el 2035, todos los autos nuevos serán eléctricos. En agosto, el presidente Biden, junto a los ejecutivos de General Motors y Ford, promulgó una Orden Ejecutiva para que, en el 2030, el 50% de las ventas de automóviles nuevos también sean eléctricos.
Aquí el exministro de Energía Jaime Gálvez dijo en diciembre que la generación de electricidad con energías renovables no convencionales, sobre todo solar y eólica, debe pasar del 5% al 15% en el 2030, o sea, en ocho años. El reto es grande.
En el 2020, en el marco de los Acuerdos de París de la ONU, Perú aumentó la meta de reducción al 2030 de los GEI: de 30% a 40%. En diciembre, el presidente Sagasti aumentó la “ambición climática”: seremos un país carbono-neutral en el 2050. La emisión neta de GEI (lo que emitimos menos lo que mitigamos) será 0%.
El Cambio Climático (CC), entonces, ya ha modificado sustancialmente la política energética mundial. Se consideraba que eran los ministerios de Energía los que decidían las políticas: la generación de energía eléctrica y la producción y el consumo de hidrocarburos (su sustitución por la electromovilidad incluye a los ministerios de transportes).
Esta es la “transición energética” para que la temperatura mundial no aumente en 2 °C al 2050. Para el Perú, dice Deloitte (1), en su escenario “Aumento de la Ambición”, la participación de la electricidad (con energías renovables) en el consumo energético final aumenta del 20% al 41% del total al 2050 (ver gráfico), mientras que disminuyen el gas natural y los derivados del petróleo del 65% al 52% (2).
Muy bien. Pero lograrlo no es simple. El Ministerio del Ambiente ya ha puesto en marcha una serie de medidas institucionales, en coordinación con otros ministerios, los empresarios y la sociedad civil. Y también se necesitan inversiones, que un informe reciente del BID (3) consigna en detalle y que resultan en una ganancia neta de US$ 140,000 millones al 2050.
Dicho esto, el eje ordenador de la transición energética es la actividad rectora del Estado (por eso los planes de Biden y la Comisión Europea), no el “libre mercado”. En el Perú se debe recuperar la capacidad del Estado para lograr que la transición cambie la estructura de nuestra matriz energética en los próximos 30 años. El Ministerio del Ambiente ha elaborado el Plan Nacional de Adaptación (PNA) y se está preparando la Estrategia Nacional de CC. Muy bien.
El problema es que el plan ha sido adoptado “por consenso”. Dijo el exministro Quijandría: “Si todos los sectores del país se comprometen en su implementación, el PNA permitirá reducir y evitar los daños, pérdidas y alteraciones que ocasiona el CC”. No. El PNA tiene que ser vinculante, como el plan de Chile “Energía 2050”. No debe estar basado en “compromisos” que “quizá se cumplan”.
Según el PNA muchos de los importantes sectores y actores energéticos actuales (que queman combustibles fósiles) dejarán de serlo. Algunos se opondrán pues son “los dueños de la molécula” de acuerdo a la Constitución de 1993. Pero tendrán que aceptar que primero están los compromisos del Perú con la comunidad mundial. Si no lo hacen, otros tomarán la posta y, ojo, otros grupos energéticos ya están optando por las energías limpias.
Es imperativa una amplia discusión nacional sobre las prioridades energéticas, el rol de Petroperú y la masificación domiciliaria del gas de Camisea como “puente” hacia la transición: contamina menos que el petróleo, llega a las familias de menores ingresos, reemplaza al caro GLP y reduce la desigualdad. Y, claro, que en un gobierno que prometió cambios, el Cambio Climático debe ser una política de Estado, que incluye e integra la política energética.
* Ingeniero especializado en temas de economía de hidrocarburos
