MARTÍN BIDEGARAY

Desde hace meses, el Gobierno discute internamente un plan para modificar la asignación de subsidios a la energía. El ministro de Economía, Martín Guzmán, le atribuyó a esas subvenciones un sesgo “pro-rico”, es decir que favorece a los hogares de mayores ingresos y calentó un debate que se da puertas adentro del oficialismo. 

El congelamiento de tarifas es uno de los slogans de campaña del Frente de Todos. El presupuesto así lo refleja: ningún gasto crece a mayor velocidad que los subsidios a la energía. En junio y julio, subieron el doble que en 2020. Este año van camino a aproximarse a los $ 900.000 millones. Las subvenciones para que no suben las tarifas escalan a un ritmo que no tienen los incrementos a los jubilados ni los planes sociales.

Una de las ideas que circula dentro del Gobierno es dividir los subsidios en tres grupos, que podrían denominarse así, a trazo grueso: “acomodados”; “clase media” y “sectores carenciados”.

El primer segmento representa entre un 10% y 15% de la población y son los sectores de mayor poder adquisitivo. Allí, líneas internas del Gobierno sugieren que están en condiciones de pagar tarifa “completa”. Es decir, que desde 2022, deberían afrontar aumentos superiores al 80% con respecto a ahora, además de la inflación del año que viene.

La segunda categoría es “clase media”. Son segmentos de ingresos medios, que cubren las canastas básicas, pero que tampoco están holgados. Allí, la recomendación sería que vayan pagando incrementos acompañando el ritmo de la inflación, a partir del año que viene. A diferencia de los sectores “acomodados”; seguirían recibiendo subsidios para cubrir  la mitad de su factura o incluso más.

Después se encuentra la “tarifa social”. Se le asignaría a todos los hogares sumidos en la pobreza, que son más del 40% del país, aunque no todos tienen conexión a la distribución eléctrica o gas. Allí, la idea del Gobierno es aumento cero. Es decir, seguir subvencionando todo o casi todo.

La implementación de este plan motiva debates en el oficialismo. Por un lado, está el ministro Guzmán. Por el otro, los “Federicos”. Federico Basualdo, como subsecretario de Energía Eléctrica, y Federico Bernal, interventor del Enargas (ente regulador del gas). El secretario de Energía, Darío Martínez, no tiene injerencia en cuestiones tarifarias. Quiso tenerla, pero Basualdo y Bernal tienen el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y eso hace que sus voces sean preponderantes.

La quita parcial de subsidios requiere de “sintonía fina”. Fernández de Kirchner la anunció al comienzo de su segundo mandato, pero no pudo concretarlo. El mayor temor del oficialismo es que sectores medios reciban aumentos de tarifas que están pensados para  hogares de ingresos “altos”.

“Habrá aumentos de tarifas en 2022. Pero la indicación es que no se puedan interpretar como ‘tarifazo’ en los medios”, cuenta un funcionario que trabajó en el tema. “Si llegamos a aplicar las tarifas  bien a los sectores pudientes, no debería haber problemas”, acota otra fuente oficial.

Desde las empresas y el Gobierno esgrimen que existen bases de datos que permiten trabajar la “georeferenciaciòn”. En principio,  esto es quitar subsidios en barrios “acomodados” (Puerto Madero, Recoleta, las zonas más exclusivas del conurbano norte). Sin embargo, en esa zonificación pueden aparecer escollos. La titularidad de los servicios públicos no siempre están a nombre de quien los usa. Los jubilados y pensionados que residen allí también complican esa tarea.

El padrón de Anses puede ser utilizado para la asignación de estos subsidios. Pero en el oficialismo quieren ser muy cuidadosos. “Un error en la quita de un subsidio y la oposición dirá que es ‘tarifazo’. Vamos a ser prudentes para asegurarnos que sea impecable”, razonan dentro del Gobierno.

Mientras que las tarifas de gas aumentaron un 6% en todo el país, las de distribución eléctrica subieron un 9% en Buenos Aires. El Estado ya paga 7 de cada 10 pesos de las boletas de luz. Las distribuidoras de luz y gas reclamaron aumentos del 50% para este año, que no fueron otorgados.

“El presupuesto tenía implícitos aumentos de tarifas del orden del 35% para poder cumplir con las metas fiscales. Eso fue aprobado en el Congreso de la Nación por unanimidad, incluso por la coalición de gobierno”, detallaron los especialistas Julián Rojo y Alejandro Eintoss en un trabajo.

Las recomposiciones asignadas hasta ahora solo fueron para las empresas distribuidoras y sus márgenes. Pero los costos siguen escalando y hay un atraso del 80%, como mínimo, según estos especialistas.

El Gobierno aún tiene la posibilidad de aumentar las tarifas después de las elecciones. En el caso de gas, podría suceder si el ministro Guzmán le encarga esa tarea al interventor Bernal. En el de luz, parece más distante.

“De no producirse estos aumentos, el año terminaría con una cuenta de subsidios cercana a los 10.000 millones de dólares, una dinámica ya observada en el año 2011 y que nos pone a las puertas de una segunda ola de subsidios, pero sin recursos para financiarla.

Precio pleno, subsidios parciales y tarifa social: cómo sería la segmentación para la luz y el gas que prepara el Gobierno

TN 

El calendario electoral impuso que las tarifas de gas y electricidad subieron este año apenas por debajo del 10%, y serían las únicas de este año. La decisión hizo que el gasto público destinado a los subsidios energéticos se duplicara en julio contra el mismo mes de 2020.

Por eso, determinar cómo se llevará adelante la suba en esos servicios públicos para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el transporte y el agua potable, forma parte de una de las tantas variables de la macroeconomía que el Gobierno apunta a ajustar con el arranque de 2022 y cuando negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El plan oficial apunta a tarifas diferenciadas por ingresos y otros factores, entre los que se incluyen la asistencia estatal, la propiedad o no de la vivienda y, para los usuarios comerciales e industriales el tamaño de la firma que utiliza la energía.

Desde la Casa Rosada se justificó en la última semana las demoras en poner en marcha el esquema de segmentación tarifaria -prometida por el presidente Alberto Fernández en noviembre pasado- en las dificultades por encuadrar a los usuarios y sus necesidades en un contexto de crisis económica.

“A la gente no le sobra nada, entonces no podemos equivocarnos. Seguimos con el objetivo de segmentar, pero es un trabajo que hay que hacer con tranquilidad y evitar que alguien que lo necesite quede afuera (de la asistencia)”, sostuvo la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

Por estos días, en los despachos oficiales comenzó a tomar forma la idea de tres grandes categorías de usuarios para arrancar con la segmentación, consignó este domingo el diario Clarín. Las escalas se determinan de acuerdo con el nivel de ingresos, localización y asistencia estatal que reciban:

+ Tarifa plena: Implica un incremento de hasta 80% en las tarifas que se pagan en la actualidad para alrededor del 15% de los usuarios de los servicios de luz y gas en el AMBA, que son los que tienen mayor poder adquisitivo.

+ Subsidios para tarifas actualizables: la clase media, que en julio necesitó ingresos familiares por encima de $100.000 en CABA, pagaría parte del costo total de la luz y el gas que consume, en un esquema similar al que se aplica en la actualidad aunque el Gobierno busca reducirlos. En esa actualización, cuya periodicidad puede ser trimestral o semestral, se tendrá en cuenta quienes son propietarios y quienes alquilan.

+ Tarifa social: Jubilados, pensionados y beneficiarios de programas de asistencia estatal ,como la AUH, la tarjeta Alimentar, entre otros, tendrían incrementos nulos o por debajo del dígito, con lo que la suba en las boletas serían cubiertas por los subsidios del Estado nacional. Son más del 40% del total de usuarios de servicios públicos en el AMBA.

En la definición de la segmentación también pesará el mecanismo de actualización tarifaria. El Gobierno reforzó en reiteradas oportunidades que no seguiría más al dólar como, aseguran, sucedió con la gestión de Mauricio Macri.

Mientras delinea el Presupuesto 2022, el Ejecutivo sopesa si las tarifas seguirán a la inflación o a la evolución de los salarios, cuya mejora real seguirá como objetivo de la política oficial, según remarcó este fin de semana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Una idea que acercó a la Casa Rosada hace unos meses el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, apunta a que las tarifas aumenten sobre la base de la evolución de la remuneración promedio de los empleados registrados (Ripte), el indicador que se utiliza para actualizar de manera trimestral las jubilaciones y las categorías de Monotributo y Ganancias una vez por año.

El Estado paga hoy siete de cada 10 pesos de las boletas de luz. Las mayores recomposiciones asignadas hasta ahora solo fueron para las empresas productoras y transportistas, por lo que resta la actualización para el segmento de distribución. Como los costos siguen en aumento, en el sector estiman que el atraso tarifario llega al 80%, que se cubre a través de los subsidios.