NOHORA CELEDÓN

Carlos Aguirre ha criado a sus 11 hijos y otras decenas de hijos ajenos en El Alacrán, al sur del departamento de Córdoba, en Colombia. Tiene 70 años y lleva 40 viviendo en este poblado construido alrededor de una mina artesanal de oro. Son 70 socavones y más de 10 entables donde se saca el metal de la piedra. Pero Aguirre ya no sabe si podrá pasar el final de sus días ahí.

La mina —que le dio para mandar a sus hijos a la universidad y de la que viven otras 352 familias hace cuatro décadas— está ubicada sobre títulos mineros que el Estado le cedió a la empresa canadiense Minerales Córdoba para explorar oro y cobre, desde 2009.

Minerales Córdoba tiene a su cargo uno de los tres proyectos mineros de cobre que son catalogados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) como estratégicos para el país. La empresa de capital canadiense compró los primeros títulos mineros de esa zona entre 2015 y 2020 y desde entonces le ha pedido a la Alcaldía de Puerto Libertador que frene la actividad minera artesanal en el sector, para poder avanzar con su proyecto.

Como esto implica que cientos de familias de El Alacrán se queden sin su única fuente de sustento en este pueblo limítrofe entre el sur de Córdoba y Antioquia, el proceso de exploración ha provocado choques con los mineros artesanales de la zona. Y ese no es el único escollo: también hay incertidumbre sobre con qué comunidades indígenas hacer la consulta previa exigida por ley y la presencia del Clan del Golfo, la autoridad de facto en la zona.

Lo que ocurre en Puerto Libertador es un reflejo de los desafíos que enfrenta la apuesta del Gobierno del presidente de Colombia Iván Duque para convertir la minería de cobre en un motor de la reactivación económica pospandemia.

Una comunidad contra una minera

El último intento por cerrar la mina fue el pasado 14 de marzo. En la madrugada, un helicóptero despertó a sus pobladores y minutos después, camionetas con policía y quince escuadrones del Esmad llegaron al lugar. Un grupo de habitantes de la vereda hicieron un círculo humano al frente de la iglesia para orar. Carlos, que también es el presidente de la Asociación de Mineros del Alacrán, les pidió a sus vecinos que no se opusieran al operativo. “Usted sabe que contra la fuerza no hay valor”, dice.

Los hechos todavía son confusos, pero la policía llegó con la orden de destruir los entables porque los mineros estaban sacando oro sin tener título minero. Al día siguiente, la policía reportó por Twitter el operativo como un golpe al Clan del Golfo, uno de los grupos armados de narcotraficantes más grandes del país. El reporte daba cuenta de la destrucción de ocho entables y 13 motores, que se usan para mover los tambores de metal con los que se trituran las piedras cargadas de oro. Decía también que la mina le daba al Clan 8 mil millones de pesos al mes.

“Esas declaraciones fueron una irresponsabilidad —dice Rafael Martínez, Secretario de Gobierno de Puerto Libertador— Les va bien con su trabajito, pero ahí no hay esa grandísima producción que pudiera dar esa plata. (...) La presencia de Clan en la mina es la misma presencia de Clan en todo el sur de Córdoba”. 

Están en todas partes, dice. Aunque para quien no es de la zona no es fácil verlo. La Silla estuvo en el municipio y no vio a nadie con fusiles por la carretera. La media hora de vía destapada que conduce de Puerto Libertador a la vereda se ve como cualquier otra. Pero si un ladrón roba una gallina en la zona rural de Puerto Libertador, no llega la policía. Llegan los del Clan del Golfo, un grupo conformado por exparas desmovilizados en Córdoba en 2005, delincuentes comunes y bandas de crimen organizado.

Aunque la mina está desde los 80, solo recientemente la autoridad empezó a asociar a los mineros artesanales de El Alacrán con grupos armados. En estos últimos cuarenta años no es la presencia de grupos armados lo que ha cambiado en la zona (primero estuvieron las Farc, luego las autodefensas, y ahora es el escenario de disputa de varios grupos de narcotráfico). Lo que ha cambiado son los planes mineros.

La fe en el cinturón de cobre

Existe una teoría, difundida entre geólogos, que dice que en el borde occidental de América Latina hay un cinturón de cobre. Una formación geológica de donde sale el cobre de Chile, el mayor productor del mundo de este mineral; de Perú —que es el segundo con más producción— y que llega hasta Panamá, donde hace dos años se inauguró una de las minas más grandes descubiertas en la historia reciente.

Pero en Colombia ese cinturón parece que se cortara. El exministro de Minas y Energía entre 2016 y 2018, Germán Arce Zapata, dice que la explicación de esa interrupción no tiene que ver con que no haya mineral, sino con que en Colombia no se ha explorado lo suficiente.

La minería del país ha estado concentrada en el carbón; Colombia es el mayor productor de este mineral en América Latina. Además, las zonas donde hay indicios de existencia de este mineral, como el sur de Córdoba, han sido históricamente golpeadas por el conflicto armado.

“El acuerdo de Paz con las Farc facilitó que se empezara a explorar más, y la reforma a las regalías de 2012 dio más plata para investigar qué potencial había”, dice Arce. 

La reforma dio mayor presupuesto al Servicio Geológico Colombiano, encargado de investigar el subsuelo del país. Esas investigaciones llegaron a identificar zonas con mucho potencial para el desarrollo de minas de cobre, en especial en Antioquia, Córdoba, Nariño, Chocó, Cesar y La Guajira. Arce recuerda ir como ministro a ferias mineras en Canadá y ver el gran apetito de los inversionistas por meterle plata a la explotación de cobre.

Y no es para menos. Con el cambio climático y el auge de las energías renovables, el mineral está en alta demanda. Un estudio del año pasado del Banco Mundial dice que solo para construir paneles solares la demanda de este mineral va a aumentar en un 300 por ciento a 2050. Y alguien tiene que abastecerla.

El presidente actual de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán, cree que Colombia puede hacerlo. De hecho, este año inauguró una nueva estrategia para ofrecer áreas mineras. Se trata de la Ronda Minera. Es una subasta en la que la Agencia publica y promociona áreas donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha identificado que existe potencial para explotar minerales para que los inversionistas pujen por ellas ofreciendo inversiones y planes de exploración. La ANM le da el título del área a la empresa con la mejor oferta.

Empezaron con cinco áreas de exploración de cobre en La Guajira y el Cesar, dos departamentos que tradicionalmente producen carbón. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, también ha impulsado esta minería como parte del plan de reactivación económica del Gobierno Duque para recuperar las finanzas del país después de la crisis ocasionada por la pandemia. Los mensajes han tenido eco. Mientras al principio del Gobierno solo el 1 por ciento de los contratos mineros de la ANM eran de cobre  —un total de 268— a corte de 2 de julio, ya hay 1.108 contratos, lo que equivale al 15 por ciento del total.

La meta, dice Juan Miguel Durán, es que de aquí a cuatro años el país pueda aumentar en un mil por ciento su producción de cobre. Es decir, extraer 400 mil toneladas de este mineral, algo similar a lo que hoy produce Perú. La apuesta no es solo que despeguen los proyectos que quieren promover en las rondas mineras (que pueden tardar años en exploración). Sino que despeguen proyectos de exploración que vienen de años atrás. Dos de ellos están rodeados por la polémica: San Martín y Quebradona, en Jericó, Antioquia.

El primero es la mina que Minerales Córdoba está explorando en Puerto Libertador; el otro es Quebradona, un proyecto de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti, que está en el ojo del huracán por el rechazo que ha generado su construcción en una zona de vocación turística y agropecuaria.

Quebradona es el proyecto más avanzado y el único de minería de cobre que tiene una licencia ambiental en trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Un proceso de licenciamiento que ha unido en su contra a políticos de izquierda y derecha, y a empresarios antioqueños que con mensajes en redes como este piden a la Anla que niegue la licencia por el temor al impacto ambiental que pueda tener. 

La mina de Anglogold promete producir 4,9 millones de toneladas de cobre principalmente, pero también oro y plata, en 38 años; 3 mil empleos en etapa de construcción y 1.500 en la operación.

Y en Córdoba, el proyecto San Martín todavía no tiene un dato de reservas probadas a sus accionistas, pero sus cálculos preliminares muestran que pueden superar las 53,5 millones de toneladas de cobre en reservas y que para construir la mina también requerirían unos 3 mil trabajadores. Sobre estos dos proyectos reposa parte de la esperanza minera de reactivación.

Más que un conflicto ambiental

En Puerto Libertador la preocupación popular por el proyecto minero no es por el medioambiente. Dos estudios de la Universidad de Córdoba mostraron que en el sur del departamento hay zonas con contaminación crónica de mercurio por cuenta de la minería de oro y níquel que ya existe en la región. Además, identificaron alta concentración de metales pesados en la sangre de los pobladores de la zona.

De acuerdo con el profesor José Marrugo-Negrete, que participó en ambos estudios, estos resultados se explican tanto por la gran minería, como por la pequeña minería. De ahí que teme que una nueva mina a cielo abierto agrave los niveles de contaminación.

Pero a diferencia de lo que pasa en Jericó, Antioquia, en Puerto Libertador esta preocupación no está en la lista de prioridades porque su economía depende de la minería. Hay tres minas de carbón —la mayoría pequeñas— que proveen a la planta generadora de energía eléctrica Gecelca, que también opera en el municipio. También es vecina de Cerromatoso, la principal productora de níquel de América Latina, ubicada en Montelíbano.  Y cientos de familias viven del barequeo y de la minería ilegal, que en su mayoría utiliza mercurio para extraer el oro.

Por eso que haya un nuevo proyecto minero a gran escala no produce preocupación sino esperanza. “Creemos que lo que le va a permitir a este municipio seguir este rumbo de desarrollo va a ser precisamente el desarrollo de esos proyectos en el territorio”, dice el secretario de gobierno del municipio.

Con casi 40 años de fundado, Puerto tiene a más de la mitad de su población con sus necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo con las cifras del Dane. El año pasado recibió 50 mil millones de pesos de regalías de carbón, níquel y oro, principalmente. Pero sobre el proyecto sí hay preocupaciones sociales. 

El cacique Rafael Florez, que lidera a las comunidades del resguardo Zenú-San Jorge con presencia en esa zona, teme que el proyecto exploratorio avance sin haberlo consultado ni socializado con las comunidades. Calcula que son unas 10 comunidades indígenas que se encuentran en el área de influencia del proyecto, pero solo una tiene el certificado del Ministerio del Interior y otra está en proceso. “A mí no me importa la certificación, me importa la salud de la comunidad”, dice el cacique.

Su tocayo, el Secretario de Gobierno de Puerto Libertador, dijo a La Silla que justo por ese tipo de conflictos pidió al Ministerio que le confirmaran cuántas comunidades había en la zona y que la respuesta fue que no saben. Y el otro problema, claro, es qué va a pasar en la vereda El Alacrán. Minerales Córdoba no contestó a nuestra solicitud de entrevista, pero seis fuentes que han estado con ellos en reuniones nos dijeron que su versión es que los habitantes de la vereda están afectando un título minero que ellos adquirieron legalmente a través de las autoridades.

Además, que no es su responsabilidad darles una alternativa de ingreso a los mineros artesanales de la zona. Aunque hace unos meses anunciaron en una reunión con la Alcaldía que pedirían a la casa matriz recursos para financiar unas casas para los habitantes que viven sobre el terreno de exploración. “Yo que voy a hacer con una casa, si no puedo pagar servicios, el mercado”, dice Carlos Aguirre, el presidente de la asociación de mineros de El Alacrán.  

Para intentar mediar en el conflicto, la Alcaldía de Puerto Libertador formó un Puesto de Mando Unificado, que es como un comité en donde se sientan las comunidades, la empresa, la Defensoría, la Procuraduría, la Agencia Nacional de Minería, entre otras autoridades para hallar un punto de encuentro. Han hecho 11 reuniones. Pero no han concluido nada, y hace tres semanas, la comunidad se paró de la mesa. 

El líder de la junta de acción comunal, Eliécer Velásquez, tomó la decisión después de recibir una demanda penal por injuria y calumnia de Minerales Córdoba. Dijo que Minerales Córdoba tenía vínculos paramilitares, y puso una denuncia ante la Fiscalía contra un funcionario de la minera. Lo señala de ser el autor intelectual de amenazas que ha recibido por su liderazgo en contra la minera.

La minera quiere que la comunidad deje de explotar su título en la vereda para poder avanzar en su proyecto de exploración y los mineros no se quieren ir a menos de que haya una compensación que les permita vivir al menos en las condiciones en las que hoy viven. Ninguno de los dos parece ceder. Y entre más tiempo tome la conversación, más enredado se ve el objetivo de poner a la minería de cobre en el centro de la reactivación económica.