DARÍO ARANDA

Once años, 600 sábados y un grito: "No a la minería". Sucede en Andalgalá (Catamarca), donde hace 24 años comenzó la explotación del primer yacimiento minero de Argentina (Minera Alumbrera) y desde hace una década intenta instalarse un proyecto tres veces más grande, Agua Rica (de las multinacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont).

Andalgalá, a 240 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, se la conoce como “la perla del oeste” y es el caso testigo de la megaminería. El 31 de octubre de 1997, el presidente Carlos Menem participó del acto inaugural de la explotación de Minera Alumbrera. Oro, cobre y molibdeno, entre otros minerales que, explosiones y sopas químicas mediante, fueron comercializados por un consorcio de multinacionales (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) y llevados para refinar al primer mundo.

Las promesas de Minera Alumbrera: 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente. Nada de eso se cumplió. Y en 2009 se anunció el avance del proyecto Agua Rica, un yacimiento de oro, cobre, plata y molibdeno publicitado como tres veces más grande que Alumbrera. Mucho más cerca de la ciudad de Andalgalá (a sólo 17 kilómetros), y donde nacen los ríos que proveen de agua a la región.

La población reaccionó con bloqueos a los camiones mineros. El 15 de febrero de 2010 sobrevino una feroz represión, que incluyó balazos de goma, palos y prisión. Fue un quiebre: la población salió a la calle de forma masiva, el hartazgo se convirtió en pueblada.

Nació la Asamblea El Algarrobo y comenzaron las marchas de los sábados, las caminatas por el centro de la ciudad en defensa del agua, del territorio, en contra del extractivismo. Once años después, las 600 marchas son un día de festejo, alegría y resistencia. "Las caminatas constituyen la expresión más visible de la falta de licencia social a la megaminería. Da mucha esperanza ver a un pueblo que sigue pelando con el cuerpo, la palabra y el conocimiento contra el modelo extractivista que impulsan el gobierno provincial y los distintos gobiernos nacionales, que intentan imponernos la megaminería por la fuerza", explica Ana Chayle, de la Asamblea El Algarrobo.

También reconoce sentimientos encontrados. Por un lado, el orgullo por "la dignidad del pueblo, de los vecinos, que sigue de pie" y, por otro, sincera que tiene mucha bronca de que los funcionarios "sean incapaces" de respetar un reclamo tan legítimo como el derecho al agua.

Aldo Flores, un referente en la lucha contra el extractivismo, está seguro que en estos once años se avanzó mucho en la concientización de la población respecto al ambiente, el agua, la vida. "Hoy es mayoritario el rechazo a la megaminería, te diría que más del 80 por ciento de Andalgalá no quiere saber nada con Alumbrera, Agua Rica y todas esas empresas. Es sobrecogedor el empeño de tanta gente para salir a la calle todos los sábados, esa voluntad ante tanta adversidad, emociona", reconoce. También sincera que "es duro" enfrentarse en una lucha tan desigual, ante grandes empresas que compran medios de comunicación, jueces, fiscales, funcionarios.

La empresa Agua Rica pasó por distintas conformaciones accionarias, siempre bajo el control de la canadiense Yamana Gold (accionista minoritaria de Alumbrera). En diciembre de 2020 se confirmó que Agua Rica es dirigida por una sociedad de tres empresas: Yamana (56,25 por ciento), Glencore (25) y Newmont (18,75 por ciento). Y que usará las instalaciones de Alumbrera, lo que llamaron el “proyecto integrado” y que bautizaron con el nombre de “Mara” (Minera Agua Rica-Alumbrera).

El 12 de abril, luego de cortes de ruta selectivos y una masiva movilización (que terminó con una zona policial liberada y el incendio de las oficinas de la minera), la fiscal Soledad Rodríguez y el juez Rodolfo Cecenarro ordenaron un operativo policial que incluyó violentos allanamientos, puertas rotas, golpes y doce detenidos. La Asamblea El Algarrobo denunció “persecución”, la violación de derechos humanos y la vigencia de un “Estado policial en Andalgalá”.

Aunque no se presentaron pruebas contra los detenidos, estuvieron dos semanas presos (en la comisaría de Andalgalá) y aún siguen procesados. Nunca antes habían sufrido un operativo de ese tipo, y tantos días de detención. Aldo Flores fue uno de esos presos. "Estuve cerca de amigos y compañeros en Buenos Aires que sufrieron la dictadura militar. No digo que sea lo mismo, pero hay cosas en común; no tengo dudas de que esto que nos toca es una dictadura minera, donde la Justicia no existe, no se respetan los derechos, te encierran sin motivos, te intentan meter miedo y terror", grafica. Ana Chayle complementa: "Si la democracia realmente existiera los gobernantes debieran cumplir con el mandato popular y no estar al servicio de las empresas trasnacionales".

Tanto Chayle como Flores aseguran que, luego de veinte años de Minera Alumbrera, la población ya no cree en las promesas de bienestar de la mano del extractivismo. Y, más seguros aún, afirman que en la caminata 600 quedará muy en claro que "Andalgalá es un pueblo que seguirá en las calles, en lucha por el agua y la vida".

El Poder Judicial y las mineras

Andalgalá fue la primera ciudad de Catamarca en prohibir la megaminería. Sucedió en septiembre de 2016 mediante una ordenanza municipal, votada por unanimidad de sus siete concejales. Pero la compañía (la canadiense Yamana Gold) recurrió a una aliada del gobierno provincial: la Corte de Justicia de Catamarca, que el 24 diciembre de 2020 falló a favor de la empresa minera.

Por otro lado, Agua Rica está ubicada en zonas de glaciares, confirmado por el Ministerio de Ambiente de Nación. La minera está violando la Ley de Glaciares. El fiscal Guillermo Marijuán ordenó una inspección (convalidada por la jueza María Servini de Cubría), para confirmar la actividad minera en zona prohibida, pero el gobierno provincial (Raúl Jalil) intervino como "tercero interesado" y demora la inspección judicial. “No quieren que se constaten los glaciares ni el ambiente periglacial”, denunció Mariana Katz, abogada de la Asamblea El Algarrobo y miembro del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).