LESLIE SALAS OBITA

Más de S/12.000 millones debería invertir el nuevo gobierno este año para cumplir con lo anunciado por el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la nación. Pero ¿a cuánto deberá ascender la presión fiscal (tributaria) para ello y qué tan posible es?

Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico (UP), y Walker Villanueva, socio del Área de Impuestos y Comercio Internacional del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, coinciden en que cumplir con este presupuesto es factible y que implicaría aumentar de punto y medio a dos puntos porcentuales la presión fiscal del país.

“La recaudación tributaria en el 2020 ascendió a un aproximado de US$115.000 millones, 14,5% del PBI, y para este año debiera pasar a 16% y 16,5% a fin de cumplir los objetivos presidenciales en el corto plazo”, señala el especialista en materia tributaria.

Esta incluso sería una de las más altas de los últimos cinco años, recuerda.

Para Casas, sin embargo, el mayor reto está en el largo plazo, puesto que el norte del Gobierno es destinar 10% del PBI tanto a salud como a educación. “Esto llevaría la presión tributaria al doble, es decir, pasar de 14% a cerca del 28%”, estima.

Frentes para trabajar

El economista destaca que esta tarea no será fácil porque son varios los frentes por trabajar, siendo el principal la reducción de la informalidad en el país, que supera el 70%.

Detalla que se debe ampliar la base tributaria creando los incentivos para la formalización con un sistema tributario amigable y simple e incentivos, así como mejorar la productividad de las micro y pequeñas empresas con apoyo tecnológico y en gestión. “Solo de esa manera podrán afrontar los costos de la formalidad, dado que ser formal cuesta”, precisa.

Según Cómex-Perú y sobre la base de cifras de la OCDE, el 95% de las empresas del mercado corresponde a micro y pequeñas empresas (mypes), cuyo grado de informalidad asciende al 84% y la productividad de sus trabajadores es de tan solo el 6,3% de la productividad de una gran empresa.

“Es necesario contar con un plan de formalización que contemple objetivos como mejorar y simplificar los trámites de formalización, además de homogeneizar la duración y los costos de formalización en el ámbito nacional. Esta medida implica que el trabajo desde las municipalidades sea organizado y cuente con las capacidades requeridas para agilizar los procesos”, refiere el gremio.

Con ello coincide Casas y agrega que esto debe ser acompañado con un sistema de inteligencia tributaria que permita identificar a los evasores y reducir las prácticas elusivas.

“Evadir impuestos en época de pandemia es un delito que debería tener doble pena. Desde el punto de vista moral es un hecho totalmente reprobable. Hay profesionales que tampoco pagan impuestos, ahí la solución es una mejor fiscalización; quizá no se avanzaría mucho, pero se puede dar una señal de avance”, asegura.

¿Más tasas?

Villanueva y Casas consideran que subir las tasas impositivas no es la solución y que, por el contrario, esta medida sería contraproducente. “Hacer que la minería pague más puede significar mayores ingresos en el corto plazo, pero esto no sería sostenible en el largo plazo y la recaudación tributaria caería”, afirman los especialistas.

Problemas de gestión

Según Cómex-Perú, se debe resaltar que existe un problema de gestión de gasto latente. “Específicamente, a nivel de gobierno local, el avance presupuestal en salud en 2020 apenas alcanzó el 68.1%, mientras que en educación no superó el 51.4%”, indica.

Por ello, sostiene que antes de pensar en incrementar los recursos provenientes de uno u otro sector, se debe priorizar la eficacia del gasto público; la mejora en la interoperabilidad en los diferentes niveles del Estado contribuiría a este fin.