El presidente de la República, Pedro Castillo, en su primer mensaje a la Nación, indicó, entre otros puntos respecto a la actividad minera, que se promoverá la participación del Estado como socio o ejecutor mayoritario. Según el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Víctor Gobitz, aún falta que se desarrollen detalles de esta premisa.

No obstante, si se analiza grosso modo, en el marco legal existente no se podría intervenir en las operaciones en marcha. En cuanto a los proyectos a futuro, sí habría que tener un poco más de reparo respecto a ello, indicó.

Un Estado que invierte en minería, señaló Gobitz, tendría que estar dispuesto a tomar riesgos. El optar por invertir en un negocio con un riesgo de por medio, en este caso, implicaría arriesgar recursos de los contribuyentes, señaló.

“No se puede partir de la premisa de que el negocio minero siempre es rentable, pues este es un negocio basado en commodities. Por ello, la pregunta sería, quién va a asumir los déficits. Si la inversión es con recursos del Estado, son los peruanos los que asumirían esto. Esperamos mayor detalle sobre el mensaje”, afirmó.

Por otro lado, advirtió que las experiencias en el Perú de inversiones en minería a cargo del Estado no han sido del todo exitosas, lo que terminó finalmente en procesos de privatización, pues la gestión no fue eficiente y las empresas mineras estatales no tenían cuadros técnicos basados en meritocracia.

“Hay ejemplos exitosos en el mundo, sin duda, pero el Perú tiene precedentes que no lo fueron. Hay que tener claro el horizonte primordial para invertir los fondos públicos, como educación y salud. Este es el rol fundamental del Estado”, subrayó.

En el mismo sentido, Rómulo Mucho, exviceministro de Minas, señaló que este tipo de planteamientos no son oportunos y tienen que ser evaluados, pues el Estado peruano no está capacitado actualmente para hacer una labor empresarial idónea.

Asimismo, sus precedentes como administrador de minas no son buenos, lo cual está explicado por corrupción y desconocimiento de la industria, según destacó Gestión.

“El Estado como administrador usualmente carece de meritocracia, mientras que el sector privado no tiene ese problema. Tenemos una oportunidad importante debido al precio alto de los metales, y para aprovecharla necesitamos una gestión eficiente”, consideró.

Por su parte, Carlos Galvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó que el mensaje de Castillo no ha sido coherente, pues propone un escenario de inversión a la vez que plantea una mayor participación del Estado en estas actividades, o una asamblea constituyente.

“Decir que quiere que haya inversión bajo esas condiciones no es consistente con el mensaje. Hay mucho desconocimiento y voluntarismo, y muy poca coherencia. No se entiende el mensaje”, reconoció.

En opinión de Gálvez, lo que menos requiere la minería formal son leyes y regulaciones, porque es el sector más sobrerregulado de la economía.

Lo que no ocurre con la minería informal, que es la que genera la mayor cantidad de problemas: ambientales, de corrupción e ilegalidad, y de lo cual el presidente “no dijo nada”.

La cereza de la torta del mensaje presidencial fue, sin embargo, el anunció de convertir al Estado Peruano en socio o ejecutor mayoritario de los proyectos mineros, como “lo hacen todos los países de la región”.

De acuerdo a especialistas consultados por El Comercio, el discurso del presidente Castillo se quedó en la generalidad. “En lo particular, pensaba que iba a hacer una referencia explícita al impuesto a las sobre-ganancias mineras, un tópico que está detallado en el Plan Bicentenario. Es una pérdida de oportunidad porque era un anuncio cantado para mí”, señala Epifanio Baca, economista principal del colectivo Propuesta Ciudadana.

Por el contrario, el mandatario solo hizo referencia a la renegociación de los contratos de estabilidad tributaria, una figura que no es muy relevante en minería porque solo existen cinco empresas con ese tipo de contrato.

El resto – más de 1.000 empresas – no se rige por este mecanismo, razón por la cual no hay nada que renegociar con ellas, precisa Baca.

“Mi sensación es que el presidente no tiene una información precisa del sector energía y minas, que le diga cómo funcionan estos contratos en el sector extractivo”, apunta.

De acuerdo a Baca, en esto el presidente se equivoca, porque en la región sólo existe un caso donde el Estado participa en la explotación minera: Chile, a través de Codelco.

“Pero Codelco solo posee un tercio de la producción de cobre de Chile. El resto es de los privados. Otra es la historia del sector petrolero, donde sí hay muchos casos donde la mayor parte de la explotación petrolera está en manos del Estado, como en México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil”, explica.

Para Gálvez, es el desconocimiento del sector el que lleva a que el presidente esboce este tipo de anuncios, dañinos para la economía.

Sobre el mensaje

Además del tópico anteriormente tratado, el presidente de la República, mencionó otros puntos cuando se refirió al sector de minería, energía e hidrocarburos.

+ Dinamizar la economía local, regional y nacional. Es decir, generar “movimiento” como se dice coloquialmente.

+ Incrementar realmente el ingreso nacional, propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficios se contabilicen localmente. Donde la recaudación de impuestos o regalías, sea positiva y relevante.

+ Mejorar el nivel de empleo y salarios, condiciones y salarios de acuerdo a lo que señala la Organización Internacional del Trabajo, y que también que los locales accedan a puestos de gestión relevantes.

+ Realizar transferencia tecnológica. La inversión foránea, extranjera o extra regional, es un medio para difundir tecnologías en las áreas receptoras. Ello implica el fortalecimiento de las instituciones pertinentes para que se haga realidad el aprendizaje local.

+ Mejorar la distribución del ingreso, donde la intervención no genere grupos privilegiados y otros excluidos.

+ Promover y preservar la cultura y el medio ambiente. Toda intervención debe cuantificar certeramente el cierre de minas y otorgar garantías reales sobre cualquier pasivo ambiental. Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo.