FEDERICO BRUSOTTI

En silencio, el gobierno provincial e YPF vienen negociando desde hace tiempo un mega acuerdo por el cual la petrolera se compromete a realizar millonarias inversiones en la provincia, a cambio de que Ejecutivo desista del cobro de importantes deudas y rebaje el porcentaje de regalías sobre algunas áreas, entre otros beneficios para la empresa.

Ante la magnitud del convenio, diferentes dependencias del Gobierno y organismos extrapoder analizaron el acta elaborada por el Ministerio de Economía y Energía, que encabeza Enrique Vaquié.

Ahora se conoció un dictamen clave de la Fiscalía de Estado que, tras estudiar en detalle punto por punto del proyecto de decreto, puso la lupa sobre algunos aspectos del potencial acuerdo y realizó una serie de sugerencias puntuales.

En concreto, YPF propone:

+ Invertir en objetivos no convencionales en el sur de la provincia.

+ Construir una planta para la inyección de polímeros en el área Chachahuen Sur y Cerro Morado, para la realización de recuperación terciaria.

+ Prorrogar las concesiones de explotación denominadas Chihuido de la Salina, Chihuido de la Salina Sur y Paso Bardas Norte.

+ Restituir áreas petroleras de bajo interés para la empresa, como Loma de la Mina y Puesto Molina Norte.

+ Asumir la realización de diversas inversiones en el Complejo Industrial Lujan de Cuyo.

Claro que pone condiciones. Por ejemplo, el punto 2 está asociado al análisis para una disminución del 50% de la alícuota de regalías. Y el ítem 3 condiciona la inversión a cambio de que el gobierno desista del cobro del bono y el aumento de regalías por la extensión de la concesión.

Además la petrolera intenta negociar sus millonarias deudas con Mendoza por la liquidación de regalías en virtud del plan gas llevado adelante por el Estado Nacional en el año 2013 y por los aportes al fondo escolar.

Los montos son significativos en ambos casos. En total, de acuerdo con datos de la Dirección de Regalías, la deuda estimada de YPF y sus socios por diferencias en las liquidación de regalías por la ejecución del “Programa de Estímulo en la Inyección Excedente de Gas Natural” asciende a 605 millones de pesos y US$ 7,2 millones.

Mientras que según datos oficiales, en concepto de Aporte al Fondo Escolar por la actividad de explotación, la empresa y sus socios adeudan más de 15,6 millones de dólares por las áreas Chachahuen Sur y Cerro Morado.

Pese a esas cifras, para la Dirección de Hidrocarburos "resulta conveniente para Mendoza la propuesta de inversiones por YPF en la carta de intención versus la deuda informada por la Dirección de Regalías" ya que las tareas propuestas producirían un aumento en la producción de hidrocarburos, la actividad económica y en la oferta laboral, y con ello un incremento en los ingresos por regalías, Ingresos Brutos y otros tributos.

En este sentido, un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía destaca que el desistimiento de los reclamos realizados por la provincia a YPF está condicionado al "pleno y total" cumplimiento del plan de inversiones.

Un apartado del acta de intención está destinado al esquema técnico para el cálculo, liquidación y pago de regalías y cánones correspondientes a la producción con Destino a Ulteriores Procesos de Industrialización (DUPI).

Si bien el Ejecutivo tiene facultades para fijar el monto de referencia que permita liquidar las regalías, en la práctica YPF fija unilateralmente el Valor Boca de Pozo (VBP), lo cual supone un problema para determinar la razonabilidad de ese precio.

Como el inconveniente, con diferentes particularidades, se extiende a otras provincias, para la Fiscalía de Estado es razonable que el tema sea discutido -con un plazo estipulado- en el marco de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

Las sugerencias de la Fiscalía

El fiscal de Estado, Fernando Simón, emitió un dictamen con recomendaciones jurídicas, evitando entrar en consideraciones técnicas o políticas.

Para Simón, corresponde que el acta de acuerdo sea aprobado por un decreto. En este sentido, se espera que la norma sea rubricada por Suarez y publicada en el Boletín Oficial en el corto plazo. Incluso algunas versiones señalan que las máximas autoridades de YPF podrían viajar a la provincia la semana próxima para presentar los detalles del acuerdo con el gobernador.

Con respecto a disminución de alícuotas de regalías propuesta por YPF a cambio de la realización de un proyecto de recuperación terciaria en las áreas Chachahuen Sur y Cerro Morado, la condición es que se dé "estricto cumplimiento" a la legislación nacional que determina que el Ejecutivo "podrá reducir la misma hasta el cinco por ciento (5%) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos...”. Además el dictamen de Simon recuerda que el artículo 3 del decreto nacional 1.675/69 expresa que el concesionario podrá solicitar la reducción "cuando acredite fehacientemente que la producción obtenida no resulta económicamente explotable".

En este punto, la sugerencia es que se analice "la oportunidad y conveniencia de la modificación de la alícuota", previa implementación de los procedimientos legales correspondientes. Hay que recordar que cuando se adjudicaron ambas áreas en 2008 se establecieron regalías del 23%, y luego, en 2019, se bajaron al 18%.

YPF tiene en Chachahuen Sur y Cerro Morado la mayoría de las acciones (70%). Sus socios con Kilwer (10%) y Ketsal (10%), vinculadas al grupo Vila-Manzano, y Energía Mendocina (10%), de Omar Álvarez.

Respecto a la propuesta de prórroga del plazo de las concesiones de las áreas Paso de las Bardas Norte, Chihuido de la Salina y Chihuido de la Salina Norte solicitado por la petrolera, Simón consideró que el gobierno "deberá realizar previamente un adecuado análisis de oportunidad, mérito y conveniencia, basado en un detallado análisis técnico, económico, financiero y jurídico, que justifique el no cobro del bono de prórroga y el aumento de la regalía previsto en la norma, como previo y para el otorgamiento de la prórroga solicitada".

Uno de los puntos destacados del dictamen es la recomendación del fiscal de Estado para que, en el marco de la negociación del acta acuerdo, el gobierno solicite a YPF que desista del monto que la Provincia debería abonar a la petrolera como consecuencia de un proceso de expropiación tramitado ante el Tercer Juzgado Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial.

Se trata de un juicio con sentencia se encuentra firme y en proceso de ejecución a favor de YPF, por más de 12,7 millones de pesos más intereses.

"Considerando que el objeto de la cláusula cuarta de dicha Carta es precisamente la solución de las diferencias existentes entre la Provincia y la empresa, resultaría conveniente a los intereses de la Provincia y adecuado al fin perseguido, la renuncia por parte de YPF a la percepción de la indemnización por expropiación", indicó Simón en otro documento dirigido a Vaquié.

Finalmente el fiscal resalta que sería "conveniente" establecer en el decreto que, en caso de controversias, cualquier diferendo sea resuelto mediante arbitraje o ante los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción de la Provincia.