FELIPE RETAMAL

Pasó medio siglo por la memoria, pero Jorge Arrate aún recuerda el día en que el presidente Salvador Allende Gossens lo nombró vicepresidente de Codelco. “Yo trabajaba con él en La Moneda como asesor económico, simplemente tuve que caminar unos metros -recuerda al teléfono con Culto-. Me convocó a su despacho y ahí me informó que había decidido nombrarme a cargo de la Corporación del Cobre”.

Promediaba 1971. La decisión del mandatario de poner a Arrate a cargo de la compañía fue parte de un movimiento mayor; la aprobación en el Congreso de la reforma constitucional a la Ley N°17.450 que permitió la nacionalización de los yacimientos de cobre, por entonces administrados por compañías extranjeras, en particular, estadounidenses. Desde entonces, el estado controlaba la explotación del metal rojo desde las entrañas del desierto nortino.

“Allende me dijo que el equipo que había estado trabajando hasta ese momento había cumplido un ciclo, que era llevar adelante el proyecto de nacionalización, y que ahora había que hacerse cargo de avanzar la nacionalización”, explica el exministro. Y detalla que eso significaba “recibir las compañías, las empresas, las minas y enfrentar todos los problemas que significaba llevar adelante”.

El proyecto de nacionalización era parte de las reformas estructurales estipuladas en el programa de gobierno de la Unidad Popular. “La voluntad de nacionalización de la Gran Minería del Cobre estaba (como señala Joaquín Fermandois), en la sangre de la izquierda chilena”, explica a Culto, Eduardo López, historiador de la UDD y la Universidad Alberto Hurtado. “Se debe recordar, que el el Programa básico de gobierno de la Unidad Popular se trató de una propuesta donde el factor económico fue determinante”.

Según los datos de Patricio Meller, para 1970 la producción de la gran minería del cobre representaba nada menos que el 75% de las exportaciones chilenas. “En la primera mitad de la década del 50, la tributación al cobre constituía más del 30% de la recaudación fiscal; en el año 1955 dicho porcentaje casi llega al 50%. En síntesis, el cobre generaba el 75% de las divisas y aportaba el 30% de los ingresos tributarios”, agrega en su estudio El cobre chileno y la política minera.

Pero no se trató de una iniciativa aislada en el tiempo; en el gobierno anterior, del democratacristiano Eduardo Frei Montalva, se desarrolló la “chilenización”, en que el estado incorporó a la economía nacional la gran minería del cobre a través de mecanismos como la adquisición del 51% de las acciones de las compañías extranjeras presentes en el país.

Por ello, se trataba de una iniciativa que había estado en el debate entre los salones universitarios, los comandos de los partidos políticos y las oficinas de profesionales y técnicos. “Hacia 1970 ya existía un consenso bastante amplio en la sociedad chilena, particularmente a nivel político, sobre la necesidad de nacionalizar el cobre”, explica Alejandro San Francisco, historiador, profesor de la Universidad San Sebastián y Pontificia Universidad Católica.

De allí se explica, en parte, el respaldo unánime que tuvo la reforma constitucional aprobada por el Congreso el 11 de julio de 1971. Ese día, los tres tercios de la política chilena, apoyaron la iniciativa o al menos, no se opusieron a ella. Nada menor, tras una cerrada disputa por la presidencia menos de un año atrás.

“La coyuntura electoral de 1970 se inscribió en el marco de un activismo social y político determinado por la sensación de encontrarse el país en una crisis multidimensional. En este contexto, todas las candidaturas coincidieron en el diagnóstico de la necesidad de un cambio drástico del desarrollo económico. Por tanto, la nacionalización del cobre fue un anhelo ampliamente esperado por la población”, detalla Eduardo López.

Incluso, la reforma salió adelante con el apoyo tácito de la derecha pese a que el sector cuestionó sin rodeos al programa de la UP. “Francisco Bulnes, del Partido Nacional, argumentó que en la elección de 1970 casi el 65% de la población había apoyado a candidatos que respaldaban esa propuesta, por lo que no querían estorbar su desarrollo con más problemas en el camino”, explica Alejandro San Francisco.

“Adicionalmente, sostuvo que estaban de acuerdo con los lineamientos centrales de la propuesta gubernamental y que ser partidarios de la propiedad privada no excluía que en determinadas oportunidades hubiera actividades económicas que pudiera desarrollar el Estado en forma excepcional”, agrega.

Según Eduardo López, la derecha comprendió que era una idea demasiado arraigada como para cuestionar. “Ese sector no tenía ni la fuerza ni las ideas económicas para formular un proyecto económico alternativo. En segundo término, en el terreno político del momento no enfrentó a la UP. Entendía que el consenso transversal del proyecto de nacionalización lo tenía perdido”.

“La derecha no solo apoyó la aprobación de la reforma el 11 de julio de 1970, sino que no la cuestionó”, agrega.

En una línea similar argumenta Jorge Arrate. “[En la derecha] entendían que esta era una idea tan poderosa que se había hecho como una bola de nieve, entonces era imposible enfrentarla en contra. Por eso votaron a favor de la reforma constitucional; un ejemplo de aquellos casos en que la lucha política de masas conduce a una idea a convertirse en ley”.

Durante esa jornada en el Congreso, la Democracia Cristiana también apoyó la reforma. Un gesto no menor, ya que había pasado poco más de un mes del asesinato del exministro democratacristiano Edmundo Pérez Zujovic, adjudicado a un comando de extrema izquierda, lo que tensionó las relaciones entre la UP y el partido de la Falange.

“La Democracia Cristiana sostuvo que el proceso había comenzado con Frei, y Renán Fuentealba (senador y expresidente de la DC) destacó en su discurso el compromiso de su partido con la reforma”, detalla Alejandro San Francisco.

En efecto, el candidato presidencial de la DC en 1970, Radomiro Tomic, proponía la nacionalización en tanto continuidad de la “chilenización” iniciada en la administración Frei Montalva. Así se lee en la página 10 de su programa, publicado el 14 de junio de ese año. “Se nacionalizará inmediata e integralmente las principales empresas de cobre, completándose el proceso iniciado en el actual gobierno”.

La idea de incorporar la gran minería del cobre al sector público ya se discutía desde al menos la década del cuarenta, en los días de impulso al modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Pero fue en la década siguiente cuando comenzaron a verse los primeros pasos.

Según Jorge Arrate, el primer hito ocurrió en 1952. “Hay una fotografía muy bonita, cuando dos dirigentes del Partido Comunista, Elías Lafferte y Salvador Ocampo, perseguidos por la Ley Maldita, le entregaron un proyecto de nacionalización a un senador socialista que se llamaba Salvador Allende, pero antes de eso, en las años treinta y cuarenta ya se discutía”, explica.

En rigor, la propuesta presentada por Allende (quien representaba a las regiones de Tarapacá y Antofagasta) consistía en implementar el estanco del comercio y explotación del mineral rojo, además de levantar una Corporación del Cobre. Años después presentó otra iniciativa -firmada junto a otros senadores- que obligaba a las empresas productoras a constituirse como sociedades anónimas chilenas, sujetas a las fiscalización de un órgano estatal.

Incluso, el diputado liberal Mariano Puga Vega planteó la necesidad de legislar al respecto en un discurso ante la Cámara en junio de 1951. “Los chilenos tenemos una aspiración legítima, que nadie tiene derecho de contrarrestar: que los productos de nuestra tierra no salgan al extranjero en estado primario, o sea, que no salgan, como ocurre con el cobre, especialmente, en barras, sino que se envíen elaborados”.

El interés no fue casual. Como en otros momentos, los eventos internacionales alcanzaron a generar repercusiones en Chile. “Hasta la Guerra de Corea en 1950, la industria del Cobre no adquirió protagonismo en las discusiones de la economía nacional e internacional”, explica Eduardo López.

“Con el término del conflicto se instaló la primera discusión a nivel local sobre el Cobre. Estados Unidos introdujo un precio máximo (24,5 centavos de libra) que fue una medida de congelamiento de precios -explica el historiador-. Esta tuvo profundas repercusiones en una economía chilena cada vez más dependiente de los tributos que generaba la gran minería del cobre en manos norteamericanas”.

Por ello es que el asunto se instaló en la discusión nacional. “Cada vez se hizo más perceptible la idea de que los gringos se llevaban los recursos más importantes de Chile, dejando menos beneficios de los que la sociedad y su clase política creían merecer -detalla Alejandro San Francisco-. Esto fue preparando el camino a una idea que hacia 1970 era claramente hegemónica, como se comprobaría con la aprobación unánime de 1971, uno de los pocos consensos que existió en el Chile de la Unidad Popular”.

Fue así que la idea comenzó a permear las iniciativas de los gobiernos. Por ello, en 1955, durante la segunda administración de Carlos Ibáñez del Campo, se implementó la llamada Ley de Nuevo Trato (Ley N° 11.828). En el estudio Historia política y tributaria del cobre en Chile, elaborado por la Biblioteca del Congreso, se detalla que dicho cuerpo legal “junto con crear el Departamento del Cobre, pretendió establecer un régimen tributario para las empresas de la Gran Minería del Cobre manejando el interés con relación al aumento de la producción”.

Hacia la convulsa década de los sesentas, el tema del cobre se hizo ineludible para quienes aspiraban a llegar hasta el sillón de La Moneda. “En las elecciones de 1958 todos los candidatos tuvieron una postura frente a la gran minería del Cobre -detalla Eduardo López-. Si bien ninguno propuso la nacionalización, Frei y Allende promovían cambios sustanciales a la relación del estado chileno con las empresas norteamericanas”.

Así se llega hasta la “chilenización”, implementada en el gobierno de Frei Montalva. Una iniciativa que según el citado estudio del Congreso, buscaba estimular la inversión extranjera en la minería, bajo el marco legal de la Ley de Nuevo Trato, pero con énfasis en algunos aspectos fundamentales.

“Al término de su mandato, el Presidente Frei sintetizaba de la siguiente manera los fines perseguidos con su ' chilenización’ puesta por obra en 1964: a) duplicar la producción de cobre chileno; b) alcanzar la participación del Estado en la propiedad de las empresas cupreras; c) integrar la industria del cobre a la economía nacional; d)refinar en Chile el máximo de la producción posible; y e) lograr una activa participación del Estado en la comercialización del cobre en los mercados mundiales”.

Pero la idea de la nacionalización pervivió en el ideario de la izquierda. De allí su incorporación en el programa presidencial de Allende en 1970. “El diagnóstico de la UP observó que la naturaleza mono-exportadora del país implicaba que el vértigo de las fluctuaciones de precio en los mercados mundiales ejerciese un profundo impacto sobre la balanza de pagos de Chile y sobre los ingresos del gobierno”, explica Eduardo López.

También había una lectura política. “En el oficialismo –los partidos Radical, Comunista y Socialista, por ejemplo– enfatizaron que con la nacionalización Chile consolidaba su independencia y que era una medida trascendental para la revolución que vivía el país”, detalla Alejandro San Francisco.

Tras aprobarse la reforma constitucional que permitía la nacionalización, enfocada en cinco grandes yacimientos (Chiquicamata, El Salvador, La Exótica, La Andina, y El Teniente), a mediodía del 11 de julio de 1917, el presidente Allende pronunció un discurso en la plaza de Los Héroes de Rancagua. Jorge Arrate cuenta que no pudo acompañarlo en aquella oportunidad.

“Yo trabajaba en La Moneda junto con mi amigo, y desaparecido hasta hoy, Arsenio Guzmán que era el asesor jurídico -recuerda-. Nos turnábamos para acompañar al presidente, y ese día fue Arsenio”.

Cuatro días después, el mandatario firmó en el comedor de La Moneda el decreto promulgatorio de la reforma constitucional -redactado por el abogado Eduardo Novoa Monreal-. En la ceremonia -cuyo registro está disponible en YouTube- participaron autoridades como el cardenal Raúl Silva Henríquez, los presidentes del Senado y la Cámara (Patricio Aylwin y Eduardo Cerda, respectivamente), los jefes de las Fuerzas Armadas, el contralor general de la república, el presidente de la Corte Suprema, y dirigentes sindicales como Víctor Diaz y Héctor Olivares.

La UP celebró el acontecimiento echando mano a su iconografía clásica. “Chile se pone los pantalones largos: ahora el cobre es chileno”, rezaba el afiche diseñado para la ocasión por Vicente Larrea. Tiempo después, el grupo Quilapayún grabó el tema “Nuestro cobre”, de Eduardo Yáñez, en que homenajean a la “carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada”.

Para Jorge Arrate, el proyecto de nacionalización es la medida más importante implementada durante los mil días de Allende. “Sin desmerecer otras iniciativas pero yo creo que ese es el gran legado de gobierno de la Unidad Popular, el habernos dejado una riqueza que ha ido incrementando cada año los recursos públicos”.

Por su lado, Eduardo López detalla que el proyecto fue un paso clave en la política económica del gobierno. “La estrategia de largo plazo fue concentrada en la nacionalización de las principales materias primas disponibles en el país, especialmente, el cobre, en la estatización de las empresas, de la banca y en la profundización de la reforma agraria. Allende inició una política de nacionalizaciones y expropiaciones desató la resistencia de la derecha política y el empresariado. Al mismo tiempo, acrecentó las demandas de los trabajadores y de algunos sectores que abogaron en la práctica de ir más allá de los propuesto en el Programa de la UP”.