El congelamiento de precios, que había empezado en abril de 2019, fue extendido hasta marzo de 2021
FRANCISCO LUCOTTI
Los costos de electricidad y gas para hogares e industria en Argentina están ligados al dólar, difíciles de abordar para los usuarios que cobran en pesos en un país en plena crisis. El Estado sostiene dos terceras partes del importe para mantener los precios bajos, aunque con controversias y debates por sus implicaciones macroeconómicas.
Después de dos años sin aumentos, el Gobierno nacional oficializó un incremento del 9% en las tarifas de electricidad y de 6% para el gas (4% para pymes). El congelamiento de los precios había empezado en abril de 2019, continuó durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández y fue extendido hasta marzo de 2021.
En diciembre de 2020, el presidente ordenó una renegociación de los regímenes tarifarios para los servicios de energía. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dieron inicio al proceso de adecuación para establecer un Régimen Tarifario de Transición para los próximos dos años.
"Se puede pensar que hay dos grandes dimensiones de los subsidios energéticos. Por un lado, una que se puede pensar como macroeconómica, que vendría a cumplir un rol de lo que se llama 'salario indirecto', un monto de dinero que el Estado destina a cubrir lo que los hogares tendrían que si no pagar con su propio ingreso", dijo a Sputnik el economista argentino Marco Kofman, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).
Argentina tiene un histórico legado como país donde el Estado juega un rol fundamental en la economía, con períodos de Gobiernos neoliberales que suspendieron esta tendencia, como durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), la década de gestión de Carlos Menem (1989-1999) o el único mandato de Mauricio Macri (2015-2019).
Con la asunción de Fernández, regresó al poder del peronismo, el movimiento político más popular del país, y volvieron a imponerse medidas proteccionistas para controlar la devaluación del peso y continuar con políticas de redistribución, que intentan mejorar las condiciones de vida de la población más empobrecida.
Estas medidas incluyen mecanismos de transferencia de ingresos, conocidos como planes sociales, así como tarifas subsidiadas en el transporte público o la energía (electricidad y gas), además del control de los precios de los alimentos, de las cuotas de los servicios de comunicaciones, los combustibles o la medicina privada, que muchas estuvieron congeladas durante el primer año de pandemia para evitar el impacto en los consumidores.
Un debate caliente
Los costos de la electricidad y el gas para consumo de hogares e industria están ligados al dólar porque están directamente vinculados al precio de los hidrocarburos. En un país con más del 40% de la población debajo de la línea de pobreza, subir las tarifas para equipararlas a la divisa extranjera, sobre todo en momentos que ocurre una devaluación, resulta imposible.
Por lo menos desde el fin de la ley de convertibilidad en 2002, cuando el peso argentino dejó de valer lo mismo que el dólar, momento histórico marcado por la crisis financiera y el caos social, el Estado comenzó a absorber parte de los costos de las tarifas energéticas.
El peso de los subsidios en energía en la última década varió con el paso de los años. De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en 2010, durante el Gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner (2007-2015), representaban el 1,4% del PBI, pero en 2014 se había duplicado a 2,8%. En sentido contrario, durante la administración Macri pasó de 2,6% en 2016 a 1,1% en 2019.
Hoy el Estado sostiene alrededor de dos terceras partes de los costos para mantener los precios bajos. Según un informe de la OPC, las erogaciones correspondientes a subsidios energéticos para el Presupuesto 2021 representan 1,7% del PBI, igual que en 2020.
Sin embargo, según la consultora Ecolatina, fundada por el exministro de Economía Roberto Lavagna, el peso de los subsidios a la energía estarán más cerca del 3% del PBI y para mantener este nivel las tarifas deberían aumentar 40%, algo que no sucederá, por lo que la diferencia será sostenida por el gasto público, en un contexto de necesidades de reducción del déficit fiscal.
"En Argentina hay una tradición muy importante del Estado como actor central de la economía. Si deja de invertir y de incentivar la demanda, pasaríamos a tener un Estado más chico que redistribuye pero que no genera ingresos. Estas visiones están en debate hace tiempo y están también dentro del Gobierno, hay distintas visiones, con un frente muy complicado en términos presupuestarios por el amplio endeudamiento que quedó del Gobierno anterior", matizó Kofman.
El Presupuesto 2021 proyectó 446.000 millones de pesos —4.670 millones de dólares, a tipo de cambio oficial— en subsidios al sector eléctrico. El 98% de esos fondos son destinados a Cammesa, la empresa dedicada a la generación de electricidad que le vende la energía a las distribuidoras Edenor y Edesur, que cubren las zona norte y sur del AMBA, para afrontar los costos que no se cubren con lo que se cobra a los usuarios.
"Lo que dicen muchos es que si tenés dos años con 50% de inflación, como pasó en 2018 y 2019, y no aumentás las tarifas, se van acumulando retrasos para los años siguientes. Pero no consideran cuál es el papel de los subsidios, que buscan generar un ingreso indirecto para el conjunto de los trabajadores del país y para las empresas tiene un rol importante dentro de la estructura de costos", destacó.
La eficacia de los subsidios a las tarifas energéticas es debatida en Argentina en cuanto a su alcance en la población, donde algunos sectores y especialistas ponen en duda la equidad de los beneficios de las políticas.
Un estudio de 2015 realizado por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) aseguraba que el 35% de lo que aporta el Estado a las tarifas de gas es absorbido por los sectores más pudientes de la sociedad.
Por un lado, por el hecho de que quien más usa el servicio es quien más es subsidiado, y por otro, porque solo dos tercios de los hogares del país cuentan con redes de gas natural y, a pesar de que existe tarifa social para compra de garrafa, el consumo de esta manera es proporcionalmente más costoso.
