El titular de Energía, Darío Martínez, se comunicó este lunes con los secretarios generales de los gremios petroleros del Golfo San Jorge y de la Cuenca Neuquina para invitarlos a una primera reunión explicativa sobre el borrador de lo que será la nueva ley de hidrocarburos.

El demorado encuentro promete tener su miga porque el texto, elaborado por los técnicos y la conducción política de YPF, ya cuenta con el aval del presidente Alberto Fernández pero sobre todo de las operadoras que tienen un pie en Vaca Muerta y fueron las principales lobistas –y conocedoras– del texto en discusión: PAE, Tecpetrol, Chevron, Shell y ExoonMobil. La reunión con los sindicatos será este martes.

Del borrador que supuestamente anduvo girando hace semanas y del que ya se conoce su articulado, poco saben las provincias nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), según indicaron voceros de dos jurisdicciones diferentes. Es decir, no emitieron opinión hasta ahora. Tampoco saben de qué va el proyecto los proveedores locales de servicios petroleros.

“Hace algunos años todo era Vaca Muerta. Por eso ahora celebramos que se discuta la actividad convencional”, sostuvo José Lludgar, secretario general del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral.

Una de las certezas que se tiene del espíritu de la ley, esbozada en varias oportunidades por el presidente de YPF, Pablo González, es que la norma no solo apuntará sus cañones hacia los recursos no convencionales sino a todas las cuencas del país.

Sin embargo, las principales operadoras tienen la mira puesta en la roca madre de Neuquén y en los requerimientos de “estabilidad fiscal” como condición para atraer inversiones. Hace diez días, el número uno de Shell a nivel global, Sean Rooney, lo dejó muy claro.

La Ley "debería incluir la capacidad de acceder a las divisas y de ser competitivo, con precios internacionales. Son los dos aspectos más importantes”, sostuvo el excolega del exministro Juan José Aranguren.

El texto de la nueva norma contiene un capítulo titulado “Beneficios del Régimen Especial de Promoción de Proyectos”. Las grandes iniciativas de inversión – con un piso estimado en los 500 millones de dólares a desembolsar en cinco años, a modo de ejemplo– tendrían libre acceso al mercado de cambios y las empresas no tendrían que repatriar las divisas obtenidas por las exportaciones surgidas de esos grandes emprendimientos. El piso de inversión sería menor para los grandes proyectos en convencionales.

Falta de diálogo

“Nuestro interés como proveedores de servicios en la Cuenca del Golfo San Jorge no es participar en la letra chica de la ley, sino ver de qué manera la cadena de valor puede formar parte de un ecosistema de negocios e inversiones. Hasta ahora no pudimos opinar nada. La Ofephi también ha estado afuera de la discusión, por lo menos en las provincias del Golfo (Santa Cruz y Chubut)”, indicó Ezequiel Cufré, empresario referente del Golfo San Jorge.

Este planteo, a modo de crítica, no es un tema menor. Fernández anunció la ley en la apertura de sesiones parlamentarias de 2020 y lo volvió a hacer este año. La expectativa que se había generado era grande, pero el debate hasta ahora fue escaso. Salvo dentro de las grandes operadoras.

“Sólo se habla de promoción y beneficios para las empresas”, analiza Rubén Zárate, investigador de la Universidad de la Patagonia Austral y vocal del directorio de la Agencia Nacional de  I+D+i. 

“El actual escenario global de transición energética exige que el debate sobre la ley de hidrocarburos sea más abierto, tanto por publicidad de las metas y quien las paga, como en la diversidad de actores. La magnitud del cambio tecnológico redujo el espacio de las medidas clásicas de promoción que tienden a beneficiar la punta de la cadena de valor. El énfasis nacional puesto en obtener divisas y el de las provincias puesto en los déficits fiscales puede terminar beneficiando la realización de ganancias de las grandes empresas”, agrega Zárate.

Para Moisés Solorza, secretario de Energía de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el borrador carece de un concepto clave: el autoabastecimiento del país. “Esta debería ser la primera premisa de incentivos para desarrollar nuestros recursos naturales. El autoabastecimiento y la soberanía energética deberían ser el motor que impulse la exportación de saldos y que abarate el mercado interno de toda la cadena”, indicó.

Un tema que se había incorporado en uno de los primeros borradores y que ahora quedó afuera es la cuestión del barril criollo. En un primer texto se había fijado un mecanismo para desacoplar el precio local del internacional, pero se optó por quitar del proyecto cualquier referencia a ponerle un techo al precio del crudo, lo que no quita que el Poder Ejecutivo, con sus atribuciones actuales, pueda incidir llegado el caso en el precio local.

Más allá de los cuestionamientos que surgen desde las empresas de servicios, la norma sí incorporará un capítulo específico sobre el desarrollo de proveedores regionales, donde cada operadora deberá presentar un listado de posibles “socios locales” para poder acceder a los beneficios de la norma.