LUCÍA CONVERTI *

Pasadas las elecciones de múltiples cargos en Chile, los resultados reforzaron la voluntad de transformación que se viene expresando en las calles desde octubre de 2019 y que se intensificó por la crisis derivada de la pandemia y la tardía reacción e insuficiente respuesta del Gobierno de Piñera a las demandas sociales.

De cara a la redacción de la nueva Constitución y a la próxima elección presidencial es necesario reparar en aquellos puntos de inflexión que marcaron este proceso social en la agenda política y sobre los que existe un consenso mayoritario para avanzar. Entre ellos se destaca la necesidad de una mayor intervención del Estado para mejorar la distribución del ingreso y garantizar el acceso de toda la población a bienes y servicios esenciales.

En este sentido, en el marco de la emergencia, se impulsaron tres proyectos desde la oposición enfocados en cubrir las necesidades básicas de la población y aumentar la recaudación del Estado de forma progresiva que resulta de interés analizar: la renta básica universal, el impuesto a los superricos y el royalty minero.

Renta Básica Universal de emergencia

La política de distribución secundaria de ingresos aplicada en Chile desde la salida de la dictadura, fue siempre la que dictó el modelo: focalizada. Esta política delimita la necesidad de asistencia a un grupo que responde a determinadas características puntuales por lo que presenta distintas limitaciones: es discriminatoria, está a merced del gobierno de turno y generalmente se enfoca en la eliminación de la pobreza considerando solo el nivel de ingresos.

También, en este contexto de emergencia, se distinguió por su ineficiencia ya que las bases de datos no estaban actualizadas y la situación misma hizo que la mayor parte de la población requiriera de algún tipo de asistencia que no recibió a tiempo.

La propuesta de un Renta Básica Universal (RBU), presentada en el Congreso por diputados de la oposición (CS, PC, DC, PS), pone en pie de igualdad a la ciudadanía. Todxs aquellxs que integren el Registro Social de Hogares (RSH)i tendrían derecho, por ley, a un ingreso mensual equivalente al monto determinado por la línea de pobreza, independientemente de su situación socioeconómica, hasta que dure el período de emergencia declarado por el Gobierno de Chile ante la pandemia.

Si bien el proyecto prevé la utilización de una herramienta para la focalización de la política de ingresos como es el RSH, que no incluye al universo completo de la población de Chile, la política alcanza al 100 % de los inscritos eliminando la potestad del Gobierno de especular con la continuidad de la entrega del bono y el monto, el decidir a quién se lo otorga o a quien no, si cumple o no tal requisito y si puede comprobarlo o no. Asimismo, si bien se considera la pobreza multidimensional, esta herramienta permitiría reducir su nivel por el tiempo que esté vigente.

La constituyente deberá discutir si este es un derecho ciudadano solo en emergencia.

Impuesto a los superricos

En un momento en que los Estados deben asistir a la mayor parte de su población, la recaudación resultó insuficiente para enfrentar todos los gastos necesarios para contener la pandemia. No sólo porque la actividad económica cayó y, por tanto, disminuyó la recaudación de impuestos, sino también porque una de las políticas más comunes fue eximir del pago de impuestos a personas y empresas como una forma indirecta de asistencia. Un mecanismo para acceder a esos recursos fue tomar deuda que, si bien es un recurso válido, implicará trasladar el peso económico para adelante, el cual terminará recayendo de forma desigual sobre el total de la población.

La propuesta de implementar un impuesto a los superricos fue impulsada en varios países del mundo, incluso implementada en países de la región como Argentina y Bolivia y fue elevada al Congreso de Chile por la diputada Camila Vallejo (PC). En su propuesta, aquellas personas con un patrimonio neto con un valor igual o superior a los USD 22 millones debería aportar por única vez el 2,5 % de su patrimonio.

Para poner en contexto, en Chile el 1 % más rico concentra ingresos equivalentes al 21 % del PBI. Según el último ranking de Forbes, 9 chilenos son mil millonarios y suman un patrimonio de 42.700 millones de dólares, entre ellos el presidente Sebastián Piñera. Si se compara, el patrimonio de los 8 mil millonarios que estaban en el ranking el año pasado con el actual, su patrimonio aumentó un 73 % en 2020.

En este sentido, la propuesta es consecuente con una mirada general de la fuerte agudización de la desigualdad mundial provocada por la pandemia y en particular en Chile, donde la situación alcanzó el máximo nivel de crisis política y social. Se parte de la necesidad de que aquellos que más tienen, y que no dejaron de ganar durante la pandemia, hagan un aporte que permita aliviar la carga fiscal de la emergencia. Según la estimación presentada en el proyecto, el impuesto lograría recaudar USD 6.500 millones equivalente a la financiación de la RBU al total de la RSH por 2 meses.

Royalty minero

Como ya se ha mencionado, la minería es una de las principales actividades económica de Chile representando el 11,8 % del PBI en 2020. Si bien el Estado tiene participación en la actividad a través de CODELCO, la mayor parte es explotada por empresas privadas nacionales y extranjeras. De los 9 mil millonarios chilenos del ranking de Forbes, 3 participan de la actividad minera.

El Estado recauda de esta actividad principalmente a partir del impuesto a la renta de primera categoría y un impuesto específico a la minería. Si bien este último fue modificado en 2010 para obtener una mayor renta de la actividad, las exenciones otorgadas a la minería disminuyeron su impacto. Según los datos del Sistema de Impuestos Internos la recaudación entre 2009 y 2020 fue en promedio de 0,2 % del PIB y en 2017 fue de 0,04 %. Su recaudación no equivale ni a la mitad de lo que se recauda por el impuesto al tabaco ni a un tercio del impuesto a los combustibles.

En este sentido, se considera que la estructura impositiva existente sobre la actividad no permite captar para el Estado una porción suficiente de la renta y menos aún de la renta extraordinaria derivada del aumento de precios internacionales.

En este marco, el diputado Esteban Velásquez (FRVS) presentó en el Congreso en 2018 un proyecto para reemplazar el Impuesto Específico a la Minería por la aplicación de un royalty de 3 % sobre la minería de cobre y litio que grave directamente la extracción y que se distribuya el ingreso entre las regiones mineras. Actualmente, en el marco de la emergencia sanitaria, fue reimpulsado por el presidente de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC), adicionando al 3 % establecido una compensación de acuerdo a la variación del precio de los commodities con el fin de financiar la RBU y superada la emergencia, que contribuya a la recaudación nacional. Según las estimaciones realizadas sobre la propuesta, si se considera el cobre a USD 4,5 la libra la aplicación del royalty aumentarían en un 16 % la carga fiscal total, que actualmente se calcula en 40 %. En 2021 la recaudación equivaldría a USD 7.000 millones.

Como se mencionara previamente, se considera que estas propuestas recogen el espíritu de los reclamos sociales que vienen acrecentándose hace más de 10 años en el país. Sin embargo, las mismas requieren de un consenso especial en el Congreso ya que implican una reforma constitucional por tratarse de la aplicación de gastos y nuevos impuestos. En este sentido, ante la propuesta de la RBU, el oficialismo optó por presentar una nueva política de ingresos ante el Congreso que toma algunos criterios propuestos por la oposición como aumentar el monto a la línea de pobreza y extender el IFE a mayor cantidad de gente, pero acotó la política al 80 % de menos ingresos de la RSH y limitó su aplicación a tres meses. También detuvo el avance del impuesto a los superricos negando el quórum en la cámara de diputados, a pesar de que el proyecto alcanzó un voto favorable en la comisión constitucional, y por último, el royalty minero, aprobado en la cámara de diputados, fue frenado por diputados del oficialismo con un recurso ante el Tribunal Constitucional.

En este contexto, Chile Vamos sigue haciendo oídos sordos a los reclamos y continúa con la defensa de los intereses de la elite que representa, pero la vista hoy debe estar puesta en superar los obstáculos del pasado para construir un Chile más justo y soberano, apostando por una recaudación más progresiva y una distribución más equitativa.

* Licenciada en Economía, Universidad de Buenos Aires. Ex jefa de gabinete de presidencia del Banco BICE (2014-2015); y Dirección de Proyectos Especiales dela Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) (2013).