ANDRÉS SANGUINETTI

Debido a las imposiciones establecidas el año pasado por el Banco Central (BCRA), para refinanciar pasivos, hace unos días la mayor generadora de energía de la Argentina había caído en default.

Se trata de Central Puerto, que hace unos días no pudo abonar una cuota del préstamo que suscribió el 12 de junio del 2019 con un grupo de bancos internacionales liderados por el Citibank; JP Morgan Chase Bank y Morgan Stanley Senior Funding por un monto total de US$ 180 millones.

A través de una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía había informado sobre la imposibilidad de refinanciar la tercera cuota de amortización del crédito, que es de US$ 36 millones.

Sin embargo, también había asegurado estar negociando "de buena fe" con los acreedores ciertas modificaciones al préstamo para cumplir con un cronograma de amortización conforme con la normativa del Banco Central.

A partir de esas conversaciones es que logró salir de la calificación de default y obtener más plazo para cancelar una deuda que venció este 12 de junio pasado.

Lo hizo tras suscribir una tercera enmienda al préstamo, que prevé la modificación de las cuotas de amortización, la extensión del vencimiento final, y la modificación de ciertos compromisos financieros y obligaciones.

A través de una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el directorio de Central Puerto explicó las condiciones del acuerdo para seguir operando con normalidad y que también la obligó efectuar el pago del 40% de la cuota de amortización de dicho préstamo, más el capital y los intereses devengados y no pagados.

Como contrapartida, los bancos acreedores han dispensado cualquier evento de incumplimiento que dicha situación haya generado.

"Cabe destacar que, mediante la celebración de la enmienda y la realización del pago antes mencionado, la sociedad ha dado cumplimiento en todos sus términos con lo dispuesto en la Comunicación "A" 7106, modificada por la Comunicación "A" 7230 del Banco Central de la República Argentina", detalla el comunicado.

La mención a la norma de la entidad que preside Miguel Pesce tiene que ver con las limitaciones impuestas a las empresas privadas para acceder al mercado de cambios.

De hecho, la empresa ya había presentado al BCRA el nuevo cronograma de amortización para adecuar los plazos y los pagos a las condiciones establecidas por la normativa.

Central Puerto es propiedad del grupo energético Sadesa, que tiene entre sus principales accionistas al empresario Nicolás Caputo con el 23% del capital, junto con Carlos Miguens Bemberg, (33,9%); Guillermo Reca, (22,5%); la familia Escasany, (13,6%) y los hermanos Ruete Aguirre, (7%).

Desde el 2020 viene tratando de ampliar los plazos de pago del crédito que utilizó para financiar la adquisición de la planta Brigadier López. Incluso, en diciembre pasado logró refinanciar la primera cuota de amortización del crédito que también era de US$ 36 millones.

En ese momento y a partir de esta situación de inestabilidad, suscribió con los acreedores un acuerdo de espera (forbearance agreement) por medio del cual no sufrió ninguna acción judicial o extrajudicial tendiente a reclamar el pago del monto adeudado hasta el 21 de diciembre de ese mismo año.

También se comprometió a negociar modificaciones al préstamo con anterioridad al vencimiento del plazo de espera, además de haber incorporado el nuevo esquema de amortización presentado al BCRA.

De manera adicional, realizó el pago de la totalidad de los intereses adeudados del préstamo y del pago del 40% de la cuota de amortización, más los intereses correspondientes por los días transcurridos de demora con anterioridad al 18 de diciembre.

El dinero que Central Puerto debe devolver y ahora busca reprogramar su cancelación, fue pedido para apalancar la transferencia del fondo de comercio y de ejecución de las obras de cierre de ciclo de la Central Termoeléctrica Brigadier López de parte de Integración Energética Argentina S.A (IEASA).

La operación se cerró en junio de 2019 e involucró un monto total de US$ 326 millones a partir de un desembolso inicial por parte de Central Puerto por US$ 165 millones y la asunción de una deuda de US$ 161 millones.

Central Puerto también asumió la obligación de completar la obra de cierre de ciclo que se estima en una inversión de aproximadamente US$ 120 millones.

El contrato establece que IEASA cede y transfiere a Central Puerto el fondo de comercio y todos los bienes, derechos y obligaciones que integran el mismo. Asimismo, Central Puerto se hizo cargo de la continuidad laboral de los empleados de la central.

Sin embargo, en octubre del mismo año, las obras fueron paralizadas debido a la falta de financiamiento generada por la incertidumbre política y la crisis económico-financiera que enfrentaba y todavía enfrenta el país.

La compañía precisa cerca de US$ 100 millones adicionales para realizar los trabajos, que tienen un avance del 90%, sostienen. El proceso le llevará 20 meses, debido a que parte de los materiales están dañados, ya que IEASA los abandonó durante meses, por lo que necesita verificar el estado de lo que se hizo, explica una de las fuentes.

La planta debería estar operando a partir de este mes de junio, según lo acordado cuando se la compró a la empresa estatal.

Sin embargo, hasta ahora no se concretaron avances ya que para iniciar el proceso, necesitará desembolsar al menos US$ 20 millones para la reparación de las instalaciones, que originalmente pensaba financiarlos con su propio flujo de caja y efectivo.

Inicialmente, Central Puerto manejaba dos alternativas para fondear el proyecto. Una de ellas era incrementar en US$ 100 millones el crédito con los bancos extranjeros o sumar otras entidades financieras.