JOSE LUIS DE HARO

La primera cumbre presencial de líderes del Grupo de los Siete (G-7) en casi dos años estuvo llena de grandes intenciones pero fue parca en algunos detalles. No obstante, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consiguió que sus homólogos exigieran a China que respete los derechos humanos y laborales mientras forjan una coalición que promete invertir 100.000 millones de dólares al año en infraestructuras verdes para frenar la creciente influencia de Pekín.

Así, la declaración final emitida al cierre del encuentro celebrado en Carbis Bay, Reino Unido, hizo menciones a una serie de asuntos peliagudos y considerados por el gobierno de Xi Jinping como parte de su política doméstica.

Desde la represión en Hong Kong, pasando por las tensiones con Taiwán, hasta la minoría uigur en la región china de Xinjiang se hicieron hueco en el comunicado. "Promoveremos nuestros valores, entre otras cosas pidiendo a China que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente en relación con Xinjiang, así como las libertades y el alto grado de autonomía de Hong Kong consagrados en la Declaración Conjunta Sino-Británica y en la Ley Básica", pudo leerse en el escrito.

En el mismo también se pide una investigación "oportuna y transparente" de la Organización Mundial de la Salud sobre los orígenes del Covid-19 y se plantea una alternativa avalada por Occidente contra la "nueva ruta de la seda china", un proyecto global de desarrollo de infraestructuras limpias que ofrecerá a los países más pobres préstamos menos abusivos así como un marco climático más sostenible. Al mismo tiempo, el G-7 manifestó su preocupación por el trabajo forzoso en las cadenas de suministro mundiales.

A pesar de la preocupación inicial de varios líderes europeos por la posibilidad de que este tipo de condenas renovaran las fricciones con China, los líderes de EE.UU., Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Alemania y Japón encontraron un consenso.

Una victoria diplomática a favor de Biden, quien ocupó su cargo el pasado 20 enero con la esperanza de aliarse con Europa para hacer frente común contra el gigante asiático.

"Estamos en una contienda, no con China en sí, sino con los gobiernos autocráticos de todo el mundo, en cuanto a si las democracias pueden o no competir con ellos en un siglo XXI que cambia rápidamente", reconoció el demócrata en declaraciones a la prensa.

Donación de vacunas

Pero en la declaración conjunta del domingo también se aprobaron numerosas iniciativas, como la de donar mil millones de dosis de las vacunas contra el Covid-19 a los países más pobres durante el próximo año, poner fin a las subvenciones gubernamentales para proyectos de carbón en el extranjero y aplicar un "ambicioso" impuesto mínimo de al menos un 15% a las grandes multinacionales.

Los líderes indicaron que el debate para llegar a un acuerdo global sobre una solución equitativa en la asignación de los derechos de imposición país por país bajo el marco inclusivo del G-20 y la OCDE podría culminarse en la reunión de julio de los ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G-20.

Riesgo de fugas de carbono

Los líderes del G-7 se comprometieron a colaborar en la lucha contra las fugas de carbono, semanas antes de que la UE proponga un plan pionero en el mundo para imponer costes de emisión de CO2 a las importaciones de determinados productos contaminantes.

A medida que los grandes emisores, como la UE, se esfuerzan por cumplir los objetivos de reducción drástica y rápida de las emisiones de CO2, aumenta la preocupación por las llamadas "fugas de carbono", es decir, el riesgo de que las políticas climáticas estrictas provoquen la deslocalización de las empresas a regiones en las que puedan seguir contaminando a bajo coste.

"Reconocemos el riesgo de la fuga de carbono y trabajaremos en colaboración para abordar este riesgo y alinear nuestras prácticas comerciales con nuestros compromisos bajo el acuerdo de París", se pudo leer en el comunicado conjunto.

Por otro lado, el primer ministro británico, Boris Johnson, y su ministro de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, abrieron un nuevo frente en su guerra dialéctica con Bruselas. En una entrevista con la BBC, Raab mostró su malestar después de que una serie de altos cargos de la Unión Europea se refirieran a Irlanda del Norte como si fuera de alguna manera un país diferente del Reino Unido.

El principal diplomático británico pidió a los líderes de la UE que consideraran cómo se sentirían si Johnson hablara de Cataluña, Flandes o Córcega como si fueran, respectivamente, partes no totalmente integradas de España, Bélgica o Francia.