Referentes políticos y profesionales de Santa Cruz destacaron el impulso que la actividad minera les dio a las comunidades en las que se desarrolla la actividad, a partir del agregado de valor social y económico que incluyó en los últimos años la instalación de servicios, infraestructura, nueva oferta educativa, programas de capacitación y becas para alumnos, entre otros. Además, de manera adicional a las regalías, se generó un fideicomiso provincial con el aporte de todas las empresas del sector, con un promedio anual de 800 millones de pesos destinados a obras. 

Estos aspectos fueron mencionados en una nueva charla que la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut (CAPEM) llevó adelante el viernes, en el marco de su conversatorio “Minería y Medio Ambiente”, y que fue transmitida en vivo de manera online a través de Facebook. 

Participó como anfitrión el presidente de la Cámara, Gerardo Cladera,y dieron sus testimonios María Luz Fracasso, secretaria de Desarrollo y Promoción Municipal de Puerto San Julián, docente y vicepresidenta de la Agencia de Desarrollo de la localidad; Guillermo Bilardo, diputado provincial por Perito Moreno, y presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Ambiente y Minería, y ex secretario de Minería de la Provincia; y Mariana Kunlhe, técnica en Sistemas Informáticos, y referente de la Cámara de Comercio y Afines de Puerto Deseado. 

Fracasso, Kunlhe y Bilardo explicaron las transformaciones que se generaron en Puerto San Julián, Puerto Deseado y Perito Moreno a partir de los proyectos mineros ubicados en las localidades y que se desarrollaron de manera paulatina, desde fines de la década de 1990 hasta la actualidad. 

En primer lugar, Kunlhe precisó que antes de la instalación del proyecto Cerro Moro, en 2013, Puerto Deseado tenía una economía basada en la pesca, y en la actualidad esa actividad tiene un protagonismo compartido con la minería. 

Mencionó las capacitaciones que se realizaron desde la Cámara de Comercio para el desarrollo de proveedores y en las cuales se hizo hincapié en la ley que determina que el 70% de la mano de obra debe ser de personas pertenecientes a los pueblos locales, mientras que el 30% puede provenir de otros lugares. 

Junto con la actividad ganadera, a la que la minería también ayudó a impulsar, apuntó Kunlhe, “empezó una transformación que sigue con el correr de los años, y que es un continuo cambio en la economía”. 

“El impacto ha sido positivo desde todo punto de vista, la comunidad se apropió de la actividad minera, y hoy con la pesca son los ejes que manejan la economía local”, agregó. 

En este sentido explicó que con la actividad minera muchos jóvenes pudieron acceder a oportunidades de trabajo y crecimiento, y que a diferencia de la pesca, que depende mucho del movimiento estacional de los barcos, la minería tiene una continuidad, por lo que “incluso no ha parado durante la pandemia”, destacó. 

Cambio social

En tanto, Fracasso comentó que en Puerto San Julián la minería llegó luego de la erupción del volcán Hudson, a finales de la década de 1990 y cuyas cenizas generaron daños importantes a la actividad ganadera, que era la base de la economía local. 

La actividad minera generó un crecimiento poblacional -de 5.000 habitantes en 1998 a unos 17.000 en la actualidad- que redundó en un desarrollo de infraestructura y servicios de los que antes carecía la región. 

“Con la política de 70/30 llegaron muchas familias, con lo cual se generó un cambio social”, agregó, al tiempo que mencionó que tanto su marido como dos de sus hermanos trabajan en la industria. 

“Han sido 25 años de trabajo constante en los que se abrieron escuelas, jardines, se instaló un Parque Industrial en el que hay empresas que aspiran a dar servicios en toda la región”, describió. 

Mencionó Fracasso como una virtud de la minería los sueldos que son buenos y que generan una estabilidad en las economías de las familias; y en cuanto a la infraestructura sumó el hecho de que en Puerto San Julián se instaló un hospital de alta complejidad al cual son derivados pacientes de otras localidades, como Gobernador Gregores o Piedrabuena.

“Hoy no hay niveles considerables de desocupación, sino gente que busca mejorar su situación”, agregó a los efectos de la actividad en la localidad. 

Y añadió que el crecimiento población que generó la minería se dio en armonía, y que se aprovechó la llegada de más habitantes para perfeccionar los monitoreos de la actividad, entre otras acciones. 

Desarrollo armonioso

Por su parte, Bilardo, comentó que Perito Moreno contaba hasta los primeros años de la década de 2000 con la ganadería, el comercio y el turismo, con eje en la Ruta 40, como pilares de la economía local; y que en 2007 con el proyecto San José “empieza a cambiar la estructura social de la comunidad, sobre todo por la generación de mano de obra”.

Dijo que entre otros efectos, se creó una escuela de artes y oficios que hoy es una Escuela de Formación Profesional de orden provincial, y de manera paralela se generaron varios cursos de operadores mineros. 

En 2010, agregó, se sumó otro proyecto, y en 2014 comenzó su producción Cerro Negro, uno de los proyectos mineros más grandes de la Argentina. 

Sostuvo Bilardo que en este contexto se generaron legislaciones para el complemento de la minería con otras actividades, como la turística, en la que puso como ejemplo que Perito Moreno cuenta con un patrimonio de la humanidad como la Cueva de las Manos, a la que describió como “una belleza arqueológica y paisajística”. Y agregó: “Con el andamiaje jurídico que se generó hoy las actividades se desarrollan de manera armoniosa”. 

“Sin lugar a dudas la minería ha traído muchos beneficios, pero seguimos trabajando para que esos beneficios redunden en el desarrollo humano, ya que el Macizo del Deseado tiene mucho para dar todavía”, dijo Bilardo. 

Agregó que teniendo en cuenta que “son las provincias las que definen dónde y cómo desarrollar la minería”, Santa Cruz tiene definida una zonificación a partir de la cual está prohibido el desarrollo minero en la región cordillerana.

“Hay una zonificación y distintas normativas complementarias que dan garantías de continuidad de las inversiones a largo plazo; y entre las que las que están también las que procuran el cuidado arqueológico, y el incentivo del desarrollo de proveedores”, precisó. 

Y entre los aportes sociales de las empresas mencionó los fideicomisos, entre los cuales destacó el denominado Unirse, al que contribuyen todas las empresas que operan en Santa Cruz y que anualmente cuenta con unos 800 millones de pesos destinados a obras. 

En cuanto al tema ambiental, los expositores resaltaron el respeto de las empresas a las normas vigentes, y que todas ellas presentan cada año un estudio de impacto ambiental. “Los controles funcionan bien, y nada es improvisado, ya que se trabaja de manera responsable”, destacaron. 

En este sentido, Fracasso puso como ejemplo que a unos 50 kilómetros de Cerro Vanguardia hay una empresa de agua mineral de manantial que constituye un emprendimiento local exitoso. 

Los expositores pusieron hincapié en la seguridad y el cuidado del ambiente existentes, y en la necesidad del cumplimiento de las exigencias estatales en la materia.