LAURA MUÑIZ

El ministro de Economía, Martín Guzmán tuiteó que se recaudaron $ 145.000 millones del Aporte Solidario y Extraordinario por el aporte de más de 10.000 personas.

El titular del Palacio de Hacienda detalló la distribución de lo recaudado. Se destinaron $ 29.000 millones al Ministerio de Salud para la compra de vacunas, medicamentos, otros (20 %); $ 29.000 millones fueron para el plan Progresar (20 %); $ 36.000 millones para programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural (25 %) (lo que no evitó un aumento de la factura de gas); $ 22.000 millones para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para los habitantes de los barrios populares (15 %); $ 29.000 millones para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) (20 %). Es decir, que se destinaron más recursos para la producción de gas natural, fracking incluido, que a salud cuando la situación sanitaria es crítica.

El destino para la producción de gas natural irá la empresa IEASA (ex Enarsa) en articulación con YPF. El Gobierno busca promover Vaca Muerta, pero omite los impactos socioambientales de la aplicación masiva del fracking, aunque el territorio tiemble por los sismos. Más de la mitad de la matriz de energía primaria de Argentina está compuesta por gas, que en un 45 % se extrae mediante fracking, según detalló el Observatorio Petrolero Sur. Un aporte solidario que prioriza continuar con una técnica que está prohibida en varios países, en lugar de la salud.

En el Congreso el oficialismo y Juntos por el Cambio votaron en contra de debatir un verdadero proyecto de impuesto a las grandes fortunas, el que presentó el Frente de Izquierda-Unidad. Con ese proyecto se podía recaudar entre US$ 15.000 y US$ 20.000 afectando los intereses de los bancos y las grandes empresas, algo que la norma oficial no planteó.

El proyecto del FIT proponía otorgar un IFE, fortalecer el presupuesto de salud y construir 100 mil viviendas.

Hay que recordar que el Gobierno presentó dicho proyecto tras proponer un Presupuesto 2021 que eliminó el Ingreso Familiar de Emergencia y recortó en términos reales partidas como salud. A pesar de la segunda ola de coronavirus, y donde la pobreza alcanzó el 45,3 % en el último cuatrimestre del año, más de 20 millones de pobres, no se decidió volver a implementar el IFE y el ajuste avanza.

Los ricos pueden pagar en cuotas

El mes pasado la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Marcó del Pont, en declaraciones a la Televisión Pública, afirmó que el aporte solidario y extraordinario generó ingresos por más de $ 225.000 millones.

Sin embargo, el ministro de Economía anunció una cifra menor y fuentes de dicha cartera confirman que lo recaudado entre marzo y mayo rondarían los $ 148.000 millones, en sintonía con lo declarado por Guzmán. Una diferencia que no aclaran desde el Gobierno ¿A qué se debe? La titular de la AFIP está considerando las cuotas de los aportes que aún no ingresaron.

A los millonarios se les otorgó el beneficio de un plan de pagos para realizar el aporte extraordinario, en un máximo de cinco cuotas. Un trato preferencial para los ricos cuando a los trabajadores que pagan el impuesto al salario, aún no les realizaron la devolución del tributo (que ya les cobró el Estado) tras las modificaciones a la ley y se lo devolverán en cuotas.

O el IVA que se cobra directo sobre cada consumo, un impuesto regresivo porque grava proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos, de los cuáles una mayor parte de su ingreso está destinado al consumo. No hay cuotas para los pobres.

Hay que afectar los intereses de los sectores que más ganaron

El ministro de Economía tuiteó que “cada paso que damos lo hacemos con el objetivo de tranquilizar la economía, buscando sentar condiciones que favorezcan el desarrollo humano, la inclusión, la inversión y la generación de empleo. Es un camino en el que el Gobierno y el Congreso de la Nación trabajamos de la mano”. Pareciera una declaración de tregua frente a las internas con un sector del oficialismo.

Más allá de las diferencias dentro de la coalición, lo que no se puede negar es que el ajuste avanza y el Presupuesto 2021 que incluyó fuertes recortes fue aprobado por el Frente de Todos en el Congreso donde Máximo Kirchner lidera la cámara de Diputados y Cristina Fernández está en el Senado. Las medidas de asistencia económica y sociales anunciadas por Alberto Fernández son insuficientes ante el aumento de la desocupación y la pobreza.

En abril, los gastos destinados a salarios del empleo público bajaron 12,9 % en términos reales, y los de jubilaciones cayeron 13,4 %, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Las prestaciones sociales se desplomaron en términos reales en abril 42,4 % en relación al mismo mes del 2020, según el documento.

El Gobierno podría otorgar un IFE de $ 40.000, pero para ello debería afectar los intereses de los sectores que más ganaron. En un año se paga de intereses de Leliq (ganancias para los bancos) lo mismo que otorgar un IFE de $ 40.000 para nueve millones de personas por dos meses. Intereses que Alberto Fernández prometió durante la campaña electoral que no pagaría.

También, este año hay un ingreso de dólares por exportaciones agrarias mayor a lo habitual por los altos precios de las materias primas, entre enero y mayo los agroexportadores liquidaron US$ 13.301 millones, una cifra récord. Los derechos de exportación (retenciones) crecieron en mayo un 268 %. También habrá un ingreso adicional a lo proyectado.

El Gobierno también podría buscar recursos adicionales, pero desde que comenzó a gobernar Fernández hasta la actualidad ya pagó más de US$ 6.000 millones para los compromisos con organizaciones internacionales de crédito (como el FMI) y deudas contraídas con otros Estados. Hay que invertir las prioridades, lo primero tiene que ser atender las necesidades de millones que la están pasando mal.