CARLOS PAGNI 

Para el oficialismo conseguir votos significa, hoy, conseguir vacunas. Alberto Fernández camina por un estrechísimo sendero bordeado por dos precipicios. Todos los estudios de opinión pública, inclusive los de la consultora Analogías, de La Cámpora, indican que para una amplísima mayoría la situación económica se ha vuelto insoportable. Poliarquía e Isonomía coinciden en que se repite el malestar que pesaba sobre la población hacia finales de la gestión de Mauricio Macri. Hay que remontarse muchos años en la historia para encontrar un pesimismo tan abrumador. Se entiende, entonces, que cuando anunció un endurecimiento de las restricciones a la circulación, hace dos semanas, la evaluación sobre la gestión de la pandemia por parte de Fernández haya caído 9 puntos porcentuales.

El agudo malestar en la vida material aconseja no restablecer la cuarentena. Pero esa limitación no podría ser más inoportuna. Más del 60% de la población cree que, en cualquier momento, puede contagiarse. Es decir: el pico de insatisfacción económica coincide con el pico de temor al Covid. Esta doble Nelson tiene al Gobierno en alerta máxima. No solo porque ensombrece la perspectiva electoral. También abre una incógnita mucho más inmediata sobre el nivel de tolerancia del público al desasosiego. En más de 200 ciudades de Brasil se registraron movilizaciones en repudio a la administración de la salud durante el último fin de semana. Colombia sigue paralizada por las protestas, con bloqueos en los accesos a las principales ciudades. Para intranquilidad de sus vecinos, el presidente Iván Duque declaró: “Lo que sucede aquí puede suceder en cualquier lado”.

La única llave disponible para que el oficialismo salga de esta encerrona es un despliegue acelerado de la inmunización. La oposición lo tiene claro, y por eso centra su polémica con el Gobierno en la falta de vacunas. La polémica por la resistencia a contratar con Pfizer se recorta sobre este telón de fondo. Este contexto explica con toda claridad la decisión de postergar las elecciones.

La estrategia electoral es hoy más que nunca una estrategia sanitaria. La información oficial es que hay, en números redondos, 10 millones de personas vacunadas con una dosis. Y 3 millones vacunadas con dos dosis.

Los principales dirigentes del kirchnerismo dependen ahora de que se regularice la entrega de vacunas de AstraZeneca y de que se produzca en el país la Sputnik V. Se entiende que hayan celebrado, el lunes pasado, el aterrizaje de 2.148.000 dosis de la primera. Son las que tendrían que haber llegado en marzo. En abril y mayo estaban previstas, cada mes, 4.050.000 dosis. No hubo ninguna. Hugo Sigman, que fue quien entusiasmó al Presidente y al entonces ministro de Salud, Ginés González García, con esta vacuna, se cubre diciendo que él cumplió con su parte en el negocio: la fabricación industrial.

El que falló fue Alfredo Rimoch, titular del laboratorio mexicano Liomont, responsable del envasado del producto. Había indicios para sospechar. En enero, esa empresa emitió un misterioso comunicado agradeciendo la curiosidad acerca de cómo cumplirían su tarea y aclarando que estaban abiertos a cualquier inspección de las autoridades. El 22 de febrero, Alberto Fernández recorrió las instalaciones del laboratorio, en México. El astuto Andrés Manuel López Obrador prefirió no acompañarlo.

¿Se habrá dado cuenta Fernández de que en esa planta, tan silenciosa, no se estaba rellenando siquiera un frasquito porque no cumplía con los requisitos sanitarios? Sigman y Rimoch son ahora dos de los jefes de la campaña kirchnerista. El Gobierno espera que incrementen el suministro de estas vacunas, por las que el Estado pagó, en noviembre, el 60% del contrato.

El otro comandante electoral es Marcelo Figueiras. Esposo de la exsenadora kirchnerista María Laura Leguizamón, y dueño del laboratorio Richmond, Figueiras se comprometió a envasar en el país la Sputnik V. Ayer el Gobierno festejó que el Instituto Gamaleya haya aprobado ese proceso industrial. Figueiras promete enfrascar en las instalaciones de MR Pharma, de Sebastián Martínez Ríos, el líquido que llegue desde Rusia o desde India. La Casa Rosada celebró esa novedad con un tuit de su cuenta oficial: “Vamos (sic) a producir la vacuna Sputnik V en la Argentina. Otro logro de la ciencia nacional para volver a la vida que queremos”.

Es evidente que en el entorno del Presidente hay un error de concepto. Lo que se aprobó no es un avance del conocimiento. Apenas una operación mecánica de relleno de los frasquitos, como la que realiza Liomont en México. La algarabía, sin embargo, cobija la clásica exaltación nacionalista del grupo gobernante, que tal vez explique las reticencias frente a Pfizer. Figueiras juró ante sus amigos del Gobierno que está en condiciones de enfrascar 2 millones de dosis en junio, 3 en julio y 4 en agosto.

Sigman y Figueiras compiten entre sí. Cuentan con distintos canales de inserción en el oficialismo. Sigman cultiva al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, frustrado padre fundador del “albertismo” que no fue. Tal vez por eso el empresario se ganó la antipatía de Cristina Kirchner. Figueiras tiene otros amigos: Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro y Sergio Massa.

Si no se siguen multiplicando los errores, y con un cálculo conservador, podría suponerse que el país dispondría de cuatro millones de dosis por mes. Unos 13 millones de vacunas más antes de las primarias, si se tiene en cuenta que el récord, muy excepcional, ha sido de 250.000 aplicaciones en un día. Si se distribuyen de la misma manera que hoy, habría que pensar en 10 millones de primeras dosis y tres millones de segundas dosis. Síntesis: el Gobierno podría hacer frente a las urnas habiendo vacunado a 20 millones de personas con una aplicación y entre seis y siete millones con dos.

Esta aritmética es crucial para la lucha del poder. Los encuestadores detectan que entre las personas que tienen a sus familiares vulnerables ya vacunados la imagen positiva del gobierno es de alrededor de 55%; entre quienes tienen sólo algunos vacunados, es de alrededor del 40%; y entre quienes están esperando esa protección apenas supera el 15%. Hacer proselitismo es vacunar. Un detalle que debería tener en cuenta la oposición: de aquí a dos meses, la táctica de hostigar por la vacunación podría volverse intrascendente.

El valor político de la inmunidad explica muchos pormenores de la actualidad. Uno de ellos es el celo con que las organizaciones del oficialismo monopolizan la vacunación. En muchos municipios del conurbano bonaerense donde gobierna la oposición existe un dispositivo sanitario entrenado para aplicar las vacunas habituales, que está ocioso frente a las del Covid. El kirchnerismo estará frente a un dilema.

Su déficit logístico estuvo disimulado por la escasez de dosis. Pero el objetivo de superar los 20 millones de vacunados solo puede alcanzarse con una distribución mucho más eficiente, que supone abrir el juego a los rivales. Dicho de otro modo: la mezquindad política puede hacer fracasar el objetivo electoral. Se cumpliría una vez más la tercera ley de la estupidez humana que formuló el célebre Carlo María Cipolla: “Un estúpido es alguien que intenta ocasionar un daño a otra persona, sin obtener ningún beneficio para sí e, inclusive, infligiéndose un perjuicio”.

Otro fenómeno que tiende a acentuarse es la pelea sectorial por las vacunas. Primero fueron, como de costumbre, los camioneros, que obtuvieron varios miles de dosis para sus afiliados. Siguieron los navieros y portuarios, que amenazaron con dejar al sistema energético sin importación de gas. Ayer se sumó el sindicato de petroleros privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que conduce Guillermo Pereyra.

Reclamó una autorización para la compra privada de vacunas. Y amenazó con entrar en paro. Es una novedad: esta organización solicita que les permitan a las petroleras inmunizar a su personal. Además de sindicalista, Pereyra es dirigente del Movimiento Popular Neuquino, que gobierna una provincia en la que la crisis sanitaria es día a día más alarmante. El promedio de muertes por Covid ha pasado de tres o cuatro a 25 muertes por día en apenas un mes. Ayer el gobernador Omar Gutiérrez, del mismo partido que Pereyra, anunció que se privilegiará a los petroleros en la campaña de inmunización. De la ley de la estupidez a ley de la selva.

Todavía queda por despejar la posibilidad de que una empresa compre vacunas por su cuenta. Hasta ahora no han podido hacerlo ni siquiera las provincias. Varias de ellas lo intentaron, pero se encontraron con infinidad de trabas burocráticas en la Anmat. De nuevo aparece el afán del kirchnerismo por centralizar una campaña con enorme potencial electoral.

La mejora en el suministro de vacunas tendría una ventaja adicional para el Gobierno: que no resulte tan interesante la discusión sobre el veto, más o menos velado, a la vacuna Pfizer. Ese escándalo daña a Alberto Fernández no solo por lo que significa haber rechazado ese producto, sino porque sus funcionarios se enredan con los argumentos de un modo que, si no fuera por la tragedia sanitaria, sería muy cómico.

González García reapareció para explicar que no se firmó el contrato con Pfizer no solo porque el laboratorio no admitió la eventual sanción por “negligencia” que se había introducido en la ley de vacunas. También porque “estábamos llenos de vacunas”. El exministro enumeró: “Teníamos 22 millones con AstraZeneca y 20 millones con los rusos”. El cálculo no solo falló porque no entregaron el producto. Si lo hubieran entregado, también habría resultado escaso: 42 millones de dosis supone cubrir con dos aplicaciones solo a la mitad de la población. González García también dijo que los países que contrataron con Pfizer no consiguieron la vacuna. Omitió que la Argentina tenía una prioridad por haber sido la principal sede de esa invención, en una investigación liderada por Fernando Polak.

Otro round: el director de la OMS para América latina, Santiago Cornejo, desató una tormenta al explicar que la Argentina se inscribió en el régimen opcional del fondo de vacunas Covax: es el que permite elegir al laboratorio proveedor. Cornejo dijo que el país rechazó a Pfizer. González García lo trató de caradura. Y Cornejo adecuó la explicación: le escribió a Carla Vizzotti diciéndole que la Argentina quería la vacuna Pfizer pero no aceptaba los términos contractuales del laboratorio. Casi lo mismo.

Esta discusión por Pfizer es la extensión de una anterior: por qué se contrataron con el mecanismo Covax menos dosis de las disponibles. El exministro explicó que fue porque la demanda del país estaba satisfecha. Pero Santiago Cafiero, en su informe mensual al Congreso, ofreció otra excusa: el Gobierno no quiso gastar dólares. Al radical José Cano se le cayó la chicana de la lengua: “Alberto Fernández dijo que iba a priorizar la vida y terminó ahorrando dólares con la compra de vacunas”.

Con los pretextos para la exclusión de Pfizer se está escribiendo una tragicomedia. La ministra Vizzotti insiste en que el laboratorio no aceptó la cláusula que penaliza la negligencia. El diputado Pablo Yedlin, que preside la Comisión de Salud de la Cámara, coincidió, pero con una acotación muy curiosa: “Hicimos una ley a imagen y semejanza del contrato que pretendía Pfizer y después se coló la cláusula sobre negligencia que el laboratorio rechazó”. Es, por lo menos, curioso, que el presidente de la Comisión encargada del proyecto admita que una prescripción estratégica “se coló”.

Es decir: se le coló a él, que es el responsable del texto. Pero lo más llamativo es que la oposición acaba de ofrecer a Yedlin reformar la norma eliminando esa cláusula, de tal manera que el Gobierno pueda celebrar el contrato, tal como González García dice que debería ocurrir. La respuesta de Yedlin en el chat de la Comisión: “No veo problemas en la ley, pero desde ya tengo claro la disposición de todos para resolver en post (sic) de la gente”. Habría que pensar, por lo tanto, que la cláusula que “se coló” estuvo bien “colada”. Yedlin es un hombre de Manzur, el gobernador de Tucumán. La relación entre Manzur y Sigman fue explicada por el propio Sigman en una entrevista con Jorge Fontevecchia, cuando pidió que el actual gobernador estuviera, o se “colara”, para usar los términos de Yedlin, en el gabinete nacional.

Los mismos diputados de Juntos por el Cambio que ofrecen una reforma de la ley han formulado varias denuncias penales contra el Gobierno por su conducta en relación con Pfizer. Siguen el camino de la oposición a Jair Bolsonaro, quien se enfrenta a una muy ácida comisión investigadora en el Congreso brasileño por haber demorado la contratación con el mismo laboratorio. Quienes más impulsan el ataque son los diputados del PT. El partido de Lula da Silva, el amigo con el que Alberto Fernández va a cambiar el capitalismo. Lula equivale ahora a Juntos por el Cambio; Fernández, a Bolsonaro. Imágenes de un espejo invertido de la guerra por los votos, es decir, por las vacunas.