Un millonario proceso legal que duró años y que ahora concluye contra: Ecuador tendrá que pagarle a la petrolera francesa Perenco USD 412 millones por la disputa internacional derivada de los bloques petroleros 7 y 21.

Perenco anunció el 1 de junio de 2021 que obtuvo una victoria “sustancial y definitiva” en su larga pelea arbitral contra Ecuador, derivada de la violación del Tratado de Inversión Bilateral por la imposición por parte del gobierno de Alfredo Palacio en 2006 de la Ley 42.

Esta ley aumentó participación del Estado en las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras a por lo menos 50% en pleno auge de los precios internacionales del crudo. Perenco era la titular de los contratos de participación para los bloques petroleros 7 y 21.

En septiembre de 2019, Perenco obtuvo un laudo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, (CIADI), que le concedió a la petrolera una indemnización por US$ 448 millones.

Y el 28 de mayo de 2021, un comité del CIADI rechazó los intentos de Ecuador de anular el laudo en su totalidad. El CIADI, sin embargo, redujo a USD 412 millones la indemnización que debe pagar Ecuador a Perenco. La pretensión original de Perenco ascendía a USD 1.420 millones.

La empresa informó que, en abril de 2020, el Ministro de Economía y la Procuraduría se comprometieron “a pagar el laudo incondicionalmente, voluntariamente y en su totalidad, dentro de un plazo de 60 días contados desde la decisión del Comité sobre la solicitud de anulación, sin que dicho pago se sujete a procedimientos de ejecución forzosa ni a la intervención de las Cortes ecuatorianas”.

Según un comunicado, Perenco confía en que el nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso honre sus obligaciones internacionales, su compromiso con el Estado de Derecho y sus promesas a los inversores extranjeros, cumpliendo con la indemnización lo más pronto posible.

Tras el fallo, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó que el Estado ecuatoriano respetará y honrará sus compromisos, a pesar de cualquier discrepancia jurídica que haya sido expresada en el proceso. “Se mantendrá contacto con la compañía para encontrar alternativas de solución”, informó la Secretaría, al señalar que el Gobierno solicitará a las autoridades competentes “el inicio de las acciones de repetición contra los servidores y autoridades públicas responsables”.

El CIADI dictaminó que el Decreto Ejecutivo 662, del 4 de octubre de 2007, violó el Derecho Internacional Público en perjuicio de la petrolera Perenco.

Lo que nos remonta al decreto 662 de octubre de 2007, cuando el gobierno del expresidente Rafael Correa aumentó la participación mínima del Estado en las ganancias extraordinarias de las petroleras al 99%.

Además en 2010 Perenco y otras empresas petroleras extranjeras fueron presionadas para cambiar los contratos de participación a la modalidad de prestación de servicios.