Ante el fracaso de la exploración y ausencia de investigación en materia hidrocarburífera en 14 años, es vital cambiar las reglas para el sector.
Tres premisas motivan la modificación: brindar seguridad jurídica al inversor, ser respetuoso con el tema ambiental e invertir en la cadena productiva mediante las Alianzas Público-Privado, y evitar efectos negativos por la subida o bajada del precio del petróleo en el mercado internacional, planteó el exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, José Padilla.
Bajo esa misma lógica, en su momento el consultor energético privado, Boris Gómez Úzqueda, también planteó una nueva norma para el sector, donde se incluya el tema de los incentivos para atraer inversionistas.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene un presupuesto de casi US$ 800 millones para la presente gestión, de los cuales un poco más de US$ 260 millones se destinaría a la exploración, siguiendo con la misma lógica de la administración pasada de Evo Morales, de otorgar mayores recursos a la explotación.
En 2018, la Fundación Jubileo presentó el documento: Propuestas para una nueva Ley de Hidrocarburos, elaborado por los analistas del sector, Sandra Sánchez y Raúl Velásquez, y en las conclusiones finales señalan que en febrero de 2009 se aprobó una nueva Constitución Política del Estado que estableció nuevas políticas y lineamientos para el sector hidrocarburos.
Sin embargo, la Ley de Hidrocarburos en actual vigencia data del año 2005 y no refleja los preceptos establecidos por la nueva Constitución, aspecto que ha derivado en la promulgación de diferentes decretos supremos y resoluciones ministeriales que durante este periodo han venido normando el sector, lo que ha generado inseguridad jurídica.
Es por ello que sostienen que la forma de distribución de la renta petrolera en Bolivia, sumado a las implicancias sociales y ambientales que tiene la explotación de hidrocarburos, hacen que una nueva propuesta de ley deba ser oportunamente socializada y debatida con los diferentes actores nacionales y subnacionales involucrados, considerando una perspectiva plural e incluyente, a fin de rescatar los distintos aportes que puedan surgir y generar los acuerdos necesarios para construir una visión de largo plazo para la gestión de los recursos hidrocarburíferos del país.
Una nota de prensa de la agencia EFE señala que el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, en una comparecencia ante el Senado, con motivo de la modificación de un contrato de exploración en la región de Charagua, abrió la posibilidad de que el país cambie su Ley de Hidrocarburos como medida para propiciar incentivos y atraer inversión extranjera.
En los últimos años se observó un decrecimiento de la producción de gas en los megacampos y los escasos resultados en las tareas de exploración han motivado a que se habrá la posibilidad de una nueva Ley de Hidrocarburos.
De acuerdo al texto de Jubileo, la política hidrocarburífera a ser planteada en una nueva Ley de Hidrocarburos debe perseguir los siguientes objetivos: Cumplir a cabalidad con los preceptos constitucionales y acuerdos internacionales ratificados por el país, incentivar la evaluación del potencial hidrocarburífero y estimación del valor económico de cada una de las áreas, sea en exploración o explotación.
Asimismo, debe reactivarse el sector, garantizando su sostenibilidad para generaciones actuales y futuras, también avalar la soberanía energética boliviana, crear condiciones de competitividad para que el país mejore sus oportunidades frente a otros países de la región y sea un referente en la atracción de inversiones en exploración y explotación.
Debe cumplir estándares y las mejores prácticas en términos técnicos, ambientales y sociales y generar confianza entre todos los actores del sector, población, empresas y comunidades, planeta Jubileo.
