Turno para el exsecretario general de Repsol, Luis Suárez de Lezo, ante el juez del caso Villarejo. El actual consejero externo de la petrolera ha comparecido como investigado por las contrataciones al entramado empresarial del comisario jubilado para espiar los movimientos de Sacyr en un momento en que intentaba hacerse con el poder de la petrolera.

Aunque se ha desligado del espía y de los encargos al Grupo Cenyt ha apuntado en la misma dirección que el que fuera jefe de seguridad de Repsol asegurando que Pemex y Sacyr pusieron en jaque el negocio internacional de la petrolera. "Fue un auténtico concierto hostil", ha precisado.

En esta segunda ronda de declaraciones que se siguen por este asunto, Suárez de Lezo ha relatado el temor que existía en la multinacional que preside Brufau a que Sacyr sacara adelante la acción sindicada con Pemex para hacerse con un tercio de las acciones de la compañía en plena pugna de control.

Aunque ha negado que los servicios secretos del Estado estuvieran implicados en este asunto, sí ha admitido la preocupación existente en el momento de los hechos (hace ahora 11 años) ya que se trata de una empresa estratégica española que iba a pasar a ser controlada por México a través de Pemex. Según las fuentes presentes en el interrogatorio, el consejero ha dejado claro que se temía que el objetivo fuera desintegrar Repsol.

El magistrado acordó una nueva ronda de imputaciones con Brufau e Isidro Fainé a la cabeza en el marco de este encargo que salió de Repsol y que gestionó Villarejo bajo el 'proyecto Wine'. De acuerdo con la documentación incautada al comisario jubilado y a su socio Rafael Redondo, para frenar cualquier reacción por parte de Del Rivero se interceptó su tráfico de llamadas y se produjeron vigilancias continuas tanto al entonces presidente de la constructora como a directivos de Pemex.

Unos hechos que, según los investigadores, serían constitutivos de delito de cohecho puesto que Villarejo estaba en aquel momento adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional. 

Desliga a Brufau

En este sentido, el secretario del Consejo de Administración se ha desligado por completo de Villarejo asegurando que se enteró de quien era cuando se publicó el estallido de la operación en prensa. Según ha dicho, el presidente -que declarará junto con Fainé- jamás le dio instrucciones de contratar empresa alguna en relación a este servicio de inteligencia, sino que se encargó de ello el director de seguridad de la petrolera, Rafael Araujo.

Como ocurre en otras piezas que también afectan a empresas del Ibex 35 (como Iberdrola a BBVA), el asunto se delega de este modo en los también policías que estaban al frente de estos departamentos estratégicos.

Al respecto ha indicado que cuando Araujo le planteó que había contratado una compañía de inteligencia para abordar esta cuestión, no le puso obstáculos puesto que le dijo que era referente en el sector pero que no se interesó por el contenido concreto del trabajo a realizar. 

El magistrado le imputó después de que Araujo apuntara en su declaración del pasado mes de diciembre que fue Suárez de Lezo el que le dijo que le iba a contactar su homólogo de CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, para "ir de la mano" en este asunto. También dijo que le hizo entrega de los informes que iba recibiendo de Villarejo, comentando el contenido de los mismos.

En respuesta, el también vicepresidente de la Fundación Repsol ha negado contacto alguno con Caixa (que entonces era uno de los principales accionistas de la petrolera) aunque no ha descartado que le dijera que le iba a contactar el también investigado Fernández Rancaño. Respecto a los despachos ha insistido en que no quedó constancia escrita de los encuentros 

y que nunca se trataron detalles concretos de este espionaje al entorno de Del Rivero sino información general del operativo de inteligencia. 

Aunque el consejero de Repsol ha desligado a Brufau de este encargo que se gestó en 2011, sí ha deslizado la posibilidad de que tanto éste como Fainé hubieran despachado sobre la necesidad de abordar la amenaza de Pemex. Precisamente el instructor les citó como investigados en esta pieza por el grado de conocimiento que pudieran tener de que el espionaje se encargó a Villarejo y que se habrían vulnerado derechos fundamentales con su actuación.

A falta de conocer su versión, el magistrado sostiene la imputación por los audios que obran en el sumario y en los que Araujo y Fernández Rancaño implican a sus respectivos jefes, así como en el forensic que elaboró Repsol a tenor de este asunto. Esta investigación acreditó las pesquisas policiales en relación a los pagos que se efectuaron desde ambos entes al Grupo Cenyt en transferencias giradas entre 2011 y 2012. 

Además de Suárez de Lezo también ha desfilado ante el juez Juan Amunátegui por su condición de director de servicios patrimoniales de Repsol. El juez se apoyó en el forensic de la multinacional para determinar que el alto cargo estuvo al tanto del asunto porque así se lo trasladó Araujo. Además, también validó una de las facturas emitidas por Cenyt el 31 de mayo de 2012 por importe de 45.000 euros. 

Al respecto ha especificado que nunca trató con el jefe de seguridad los pormenores de este encargo y que no supo ni de la dinámica del trabajo ni mucho menos del concepto de los pagos. Amunátegui sí ha confirmado que autorizó uno de los recibís pero que nunca se interesó por el contenido del mismo porque se trataba de un asunto vinculado a informes de inteligencia y, por tanto, era un pago confidencial que se efectuaba al margen del departamento de compras. El concepto del mismo era 'Seguridad/Vigilancia'.