El Gobierno formalizó, a través de la resolución 129/2021, la prórroga por 90 días de la actual concesión de la hidrovía, que lleva 25 años, al filo de la finalización de su contrato (este viernes).

El concesionario es Hidrovía SA, sociedad conformada por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa.

Por decreto Nº 949/20 se delegó al Ministerio de Transporte, a cargo de Gabriel Katopodis tras el fallecimiento de Meoni, la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de una licitación pública nacional e internacional, por el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la ley N° 17.520.

El objetivo es la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y mantenimiento de la vía navegable troncal, a riesgo empresario y sin aval del Estado.

La hidrovía es una ruta fluvial de 1.635 kilómetros que en la Argentina recorre el río Paraná, Paraná de las Palmas y el Río de la Plata, y que permite la salida hacia el océano y la entrada al país de distintos tipos de embarcaciones de carga.

La resolución alega que es necesario “adoptar todas las medidas urgentes y extraordinarias que garanticen la continuidad del servicio de interés público de la navegación en los sectores que actualmente se prestan en el marco del contrato de concesión aprobado por el decreto N° 253/95 y actas de renegociación subsiguientes hasta la adjudicación y/o adjudicaciones previstas en el o los respectivos llamados”. En este punto, fuentes del sector afirman que el plazo hasta la adjudicación de una licitación, cuyos pliegos aún no fueron dados a conocer, tardará más de 90 días.

El Gobierno nacional se propuso junto a los actores del sector agroexportador, universidades, organizaciones ambientalistas y otras instituciones, planificar el desarrollo de la hidrovía a mediano y largo plazo, con el fin de modernizarla y mejorar la competitividad de ese canal de navegación, por donde sale el 80% de las exportaciones del país.

Tal como dice la resolución, es “la opción de transporte más relevante de nuestra producción agrícola, tanto de graneles sólidos como líquidos; por ella circula más del 90% de la mercadería transportada en contenedores; la carga de nuestra industria automotriz; de la industria metalúrgica, en particular su producción siderúrgica; la gran mayoría del transporte de pasajeros en la modalidad de cruceros; un gran porcentaje de las operaciones de cabotaje y trasbordo de cargas; así como también constituye una de las vías centrales de transporte de gas natural, petróleo crudo y productos refinados, revistiendo una importancia vital para el abastecimiento energético de nuestro país”.

“La complejidad técnica y la importancia estratégica y económica del objeto de la licitación dispuesta por el decreto Nº 949/20 requieren extremar todas las medidas conducentes a efectos de garantizar los máximos estándares nacionales e internacionales no solo en la prestación de los servicios a contratar, sino también en la transparencia en los procedimientos a llevarse a cabo desde sus fases preparatorias”, aclara el texto oficial.