Como si algo le faltaba a la angustia de una pandemia cruel e impredecible, la política argentina encontró en estos días una nueva forma de canalizar sus disputas de siempre en medio de una mortal segunda ola de la COVID-19: tomar a los niños como rehenes.

En sintonía con todos los países vecinos, los hospitales en la región metropolitana de Buenos Aires (AMBA) están alcanzando niveles máximos de ocupación desde que empezó la pandemia, lo cual motivó al presidente Alberto Fernández a declarar el 15 de abril restricciones que incluyeron un toque de queda a la circulación nocturna y la suspensión de clases presenciales durante dos semanas en el AMBA.

El gobierno de la ciudad capital disputó la decisión sobre las escuelas, argumentando que los contagios no se producen en las aulas y que el gobierno federal no podía legalmente obligar a la ciudad a seguir sus directivas. En menos de una semana las puertas de las escuelas se cerraron, se abrieron y se volvieron a cerrar, parcialmente. Primero por un decreto presidencial, con el argumento de frenar contagios, después por una orden judicial local, luego por otra de un juez federal. El gobierno de la capital terminó ignorando el último pedido. Ahora todos miran a la Corte Suprema, que decidió tomar la papa caliente y prometió un trámite acelerado, pero legalmente no tiene plazos para decidir. Difícilmente pueda encontrar una salida judicial salomónica a un problema netamente político.

Mientras tanto, las familias confundidas no sabían si preparar las mochilas para la escuela, enchufar las computadoras para clases virtuales, protestar en las calles o simplemente resignarse a la improvisación, con sus costos psicológicos y económicos. Las escuelas y los docentes corren tras contradictorias decisiones judiciales y cada quien terminó tomando su propio camino de presencialidad, virtualidad o directamente sin clases.

La lucha escolar en medio de la pandemia es un nuevo pico en un conflicto que impide a la dirigencia política argentina resolver los problemas del país, tanto los urgentes, como la pandemia, como los estructurales como el estancamiento económico y la inflación. La disputa fortalece a los sectores duros de las dos coaliciones políticas dominantes, el gobernante Frente de Todos de centroizquierda liderado por el peronismo y la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio.

La educación también es uno de esos problemas. Argentina forma parte de una preocupante tendencia regional: América Latina tiene el mayor número de estudiantes fuera de las escuelas por pandemia del mundo. UNICEF estima que 3 millones de niños latinoamericanos nunca retomarán sus estudios a raíz de la pandemia. La situación genera preocupación entre expertos que señalan una potencial generación perdida. La virtualidad profundiza desigualdades socioeconómicas e impacta particularmente a los niños más vulnerables. Nuestro país no es ajeno a nada de eso: el más reciente índice oficial mostró que el 42 por ciento de los argentinos son pobres, casi seis de cada 10 menores de 15 años. El maniqueísmo cortoplacista que caracteriza los gritos de estos días no brinda ninguna respuesta específica que contemple los estragos de la pandemia y de los déficits de infraestructura educativa para los niños argentinos.

Cuando empezó la pandemia, Argentina encaró un cierre prolongado para frenar la llegada del virus. No lo logró, pero la demoró. Se evitó así el colapso sanitario que afligió a varios países de la región y se pudo brindar asistencia médica a todos los que la necesitaron. Inicialmente, la cuarentena contó con un fuerte apoyo político y social, que llevó a la aprobación del presidente Fernández y de Rodríguez Larreta a niveles récord.

Pero el desgaste de “la cuarentena más larga del mundo”, según sus críticos, hizo aflorar con fuerza las profundas divisiones —las grietas— preexistentes de la política nacional. A la inversa de la imagen sobre la repetición de eventos y personajes en la historia con que abre “El dieciocho Brumario de Louis Bonaparte”, de Carlos Marx, la tragedia de la lucha actual sobre la educación fue precedida hace meses por una comedia de riñas en las que los querellantes discutían, por ejemplo, si correr al aire libre era o no un acto criminal.

Mientras tanto, el gobierno nacional cometió varios traspiés. No planificó la estrategia de prioridades ante la segunda ola, aún cuando era evidente el impacto sobre los otros países de la región. Las vacunas que adquirió tardaron más de lo previsto en llegar por el ritmo de producción global. Y no se generó un nuevo consenso acerca de las restricciones que serían necesarias mientras se avanza a cuentagotas con la inoculación, tal como ha ocurrido en otros países de América Latina y Europa. Un ejemplo: el gobierno nacional no incluyó en el presupuesto de este año ayuda económica para la pandemia, mientras que en 2020 el monto erogado alcanzó 7 puntos del PBI.

La educación no fue prioridad en las aperturas graduales en 2020 pero las autoridades se habían comprometido a hacerlo en 2021. Por eso, el anuncio sorpresivo de Fernández de un cierre de 15 días cayó como un balde de agua fría en familias a las que no solo le preocupa la calidad de la educación sino la organización familiar en una economía en la que el resto de las actividades ya funcionan con relativa normalidad. El impacto de la medida repercutió en la opinión pública. Una encuesta reciente de Opinaia, publicada por el diario La Nación, reveló que 58 por ciento de los encuestados apoyaba continuar con las clases presenciales de primaria y secundaria mientras 37 por ciento favorece volver a las clases virtuales.

Rodríguez Larreta aprovechó esos errores para atacar al gobierno con medidas que apuntan más a sacar provecho en las elecciones de medio termino a fines de este año que a consensos científicos epidemiológicos, como judicializar el cierre escolar, resistir horario de toque de queda nocturno o controlarlo de manera laxa. La jugada es riesgosa para los opositores: el rédito político inmediato se podría borrar rápidamente si se desbordan los hospitales.

Por eso, que hayan convertido a la educación en un campo de batalla política para poner en jaque el poder del presidente Fernández es una mala noticia. Indica una mayor turbulencia en un país donde la pandemia recrudece y que depende de un acuerdo trabajoso con el Fondo Monotario Internacional para salvar su precaria economía.

La dirigencia política no tiene margen para jugar con el fuego del humor social ni subordinar la búsqueda de soluciones basadas en sus intereses partidistas y obsesión de poder. Pedirle una solución a la Corte Suprema, a la que con frecuencia se acusa de estar politizada, solo empeorará la sensación general de desgobierno. La opción es recrear, aunque sea trabajoso, un consenso basado en opiniones científicas que se dio de manera espontánea al inicio de la pandemia. Así como celebramos recientemente que pronto se producirá localmente la vacuna Sputnik V, la mayoría de los argentinos veríamos con buenos ojos que nuestra dirigencia encuentre la fórmula para una vacuna contra la grieta.

* Editora del Latin America Daily Briefing

**Analista argentino