Tras 14 días, los detenidos por la violencia a las instalaciones de la minera Agua Rica quedaron en libertad. La fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial de Andalgalá, Marta Nieva, hizo lugar al pedido del abogado Juan Figueroa y redujo la caución de $ 300.000 a $ 150.000
Quienes consiguieron la caucción personal deberán pagar $150.000 y presentaron fiadores para recuperar la libertad. A su vez, esos fiadores presentaron recibos de sueldo como garantía. Los dos con caucción juratoria debieron demostrar su imposibilidad de pagar y se les realizará un estudio socioambiental, al margen de que la Fiscalía ya cuenta con información sobre sus realidades tras los allanamientos al momento de sus detenciones.
La Fiscalía no encontró elementos para pedir la prisión preventiva de los detenidos, por lo que ordenó la libertad bajo caución. Sin embargo, todavía se esperan los resultados de las pericias informáticas a celulares y otros testimonios.
Como condición deberán fijar domicilio y no mudarlo sin poner en conocimiento a la Justicia, comparecer ante Fiscalía toda vez que se los cite, abstenerse de entorpecer la investigación, y tendrán prohibido acercarse a los denunciantes, sus familiares y sus domicilios, como también tienen prohibido acercarse a las sedes del proyecto MARA y del PJ, como establecer contacto telefónico o similar.
NUESTRA TAPA DE ESTA MAÑANA
(Especial) Las últimas horas de la saga judicial y política post ataque Agua Rica en Andalgalá no han dejado de deparar sorpresa, no precisamente agradables.
El escandaloso video casero, que el activismo anti minería subió a sus redes, mostró al gobernador Raúl Jalil prometiendo amablemente hacer todo lo posible para que los imputados por la Justicia del vandalismo incendiario recuperen su libertad, incluso ayudando supuestamente, aunque no quedó claro, a la hora de afrontar las fianzas exigidas.
El video que acompaña a esta crónica exime de más comentarios: un mandatario provincial sin custodias y maltratado por militantes, en su mayoría mujeres, en su propia dependencia oficial, saca el teléfono del bolsillo para consultar a su staff de qué manera se puede contribuir desde el Estado a que los sospechosos de la piromanía salvaje abandonen su detención.
Mientras, en el mismo fin de semana, Mario Hernández, uno de los líderes de Minera Agua Rica y Alberto Carlocchia, presidente de CAEM, decían, por LV5 de San Juan, que es necesario el castigo a los responsables para que la minería pueda seguir adelante.
CLICK MARIO HERNÁNDEZ: "TIENE QUE HABER JUSTICIA EN UN ESTADO DE DERECHO"
CLICK ALBERTO CARLOCCHIA: "ES IMPRESCINDIBLE EL JUICIO Y EL CASTIGO A LOS QUE QUEMARON AGUA RICA"
Los dichos del gobernador y de empresarios mineros se producen al cabo de una fuerte campaña de la izquierda y de sectores del gobierno nacional para liberar a quienes están imputados por la destrucción de la sede de la empresa minera. Según da cuenta la información de la prensa catamarqueña.
Damian Abel, Augusto Brizuela, Enzo Brizuela, Ailen Diamante Saracho, Walter Mansilla, Oscar Martiarene, Matías Paz, Jorge Ramos y Eduardo Villagra. Además a Aldo Flores (73 años) y Sara Fernández (embarazada) se les otorgó detención domiciliaria
Hay cuatro tipos ya establecidos, entre ellos daños y violación de domicilio. Otro de los involucrados está acusado de lesiones, al intentar maniatar a quien se encontraba tomando registro de los hechos.
Además, Martiarene, ex funcionario municipal, deberá responder por incumplimiento de deberes de funcionario público ya que renunció debido a su implicancia en los hechos.
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El Esquiú: "Liberación en marcha"
Un nuevo capítulo en la saga por la violencia contras las oficinas de Agua Rica en Andalgalá. La fiscal Marta Nieva impuso una caución de $ 300.000 para liberar a los detenidos.
Se debe efectuar a través de bienes muebles o inmuebles y tienen que acreditar dicha propiedad ante los órganos provinciales para determinar que los mismos no se encuentren prendados. Una vez cumplido este paso podrán quedar en libertad. También fueron fijadas una serie de restricciones.
Frente al vencimiento de los plazos, la funcionaria judicial optó por solicitar su libertad al considerar que no hay riesgo de que entorpezcan la investigación o que se fuguen del lugar. En ese marco, y a pesar de que hay sospechas de que efectivamente participaron de los ataques, no hay motivos suficientes para pedir una prisión preventiva.
No obstante, estas personas seguirán ligadas a la causa y aún se espera que se realicen más pericias, como las visualizaciones de los celulares que fueron secuestrados en los diferentes allanamientos.
La libertad provisional bajo caución, es la institución procesal por virtud de la cual, se otorga a una persona inculpada de la comisión de un delito, el beneficio de evitar la prisión preventiva o, en su caso, de sustituirla, por el otorgamiento de una caución, mientras dura su procesamiento.
El Ancasti: "Veinte gatos locos en Andalgalá"
El saldo de la política minera -“política de Estado”, insisten las facciones hegemónicas catamarqueñas- eclosionó tras los ataques a las sedes de la empresa Agua Rica y el Partido Justicialista perpetrados el 10 de abril. Andalgalá trepa la huella abierta por Famatina. La fractura social en torno a la minería a cielo abierto se afianza y se proyecta.
Frente al silencio de la Casa Rosada, los mandatarios de las provincias mineras y el oficialismo nacional, se yerguen sólidas y en eficaz sinergia numerosas voces solidarias con la causa de los antimineros andalgalenses.
Una de ellas cobró particular relevancia esta semana. El Frente Patria Grande, miembro del Frente de Todos que administra la Nación y la Provincia, manifestó al presidente Alberto Fernández su inquietud por la situación en el oeste catamarqueño.
"Doce ciudadanos permanecen arbitrariamente detenidos hace diez días por su supuesta participación en incidentes que se produjeran en el marco del conflicto de los vecinos con las multinacionales mineras Yamana Gold, Glencore y Newmont. Las detenciones, ordenadas por una ex empleada de las mineras, fueron avaladas por las autoridades del PJ catamarqueño, que presentó querella criminal", expresa la carta girada al mandatario.
Entre los firmantes del mensaje se destaca el dirigente social Juan Grabois. Estuvo recientemente en Catamarca, el oficialismo local lo recibió con las alharacas habituales. Es referente y fundador del Movimiento de los Trabajadores Excluidos y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, protegido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y, sobre todo, del Papa Francisco, quien acaba de designarlo miembro del Ministerio Social y Ambiental del Vaticano. Extraordinario alcance de la controversia andalgalense: “Punto índice” del Papa, Grabois es funcionario de un Estado forastero y expresa sus disidencias con un Estado nacional apichonado ante la evolución del conflicto minero.
Días antes, una carta abierta suscripta entre otros por el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y la referente de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas se había puesto a circular para cosechar respaldos a la pelea andalgalense.
“Expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación que está viviendo la población de Andalgalá en la provincia de Catamarca a partir del ingreso de máquinas perforadoras en el cordón montañoso del Aconquija con fines de explotación a gran escala del yacimiento minero Agua Rica. El ingreso reciente de esta maquinaria ha provocado confusión y malestar, poniendo en alerta al pueblo de Andalgalá, así como a quienes venimos acompañando su reclamo en contra de la explotación megaminera”, dice.
Fueron los dos botones más representativos de una nutrida muestra sin contraparte, salvo por la arremetida judicial contra los revoltosos y las obvias, fáciles y gratuitas expresiones de aflicción por la violencia desencadenada.
La crisis andalgalense hizo metástasis.
Enfoque erróneo
La secuencia de los acontecimientos es indicativa.
El estallido del sábado 10 de abril tuvo escasa repercusión fuera de las fronteras provinciales. Las miradas comenzaron a concentrarse en Andalgalá recién a partir de la detención de los activistas antimineros y la incorporación del PJ local como querellante en la causa acusando al intendente Eduardo Córdoba de instigar la revuelta.
Sobre la Perla del Oeste convergen ahora simbólica y físicamente agrupaciones antimineras de diferentes geografías, mientras la empresa y el Gobierno esgrimen disposiciones judiciales que habilitan los trabajos en el yacimiento Agua Rica.
Los promotores de la minería porfían en argumentos cuya impertinencia viene demostrándose hace lustros. La naturaleza de la polémica no es jurídica sino política, idéntica a la que clausura la actividad en Famatina, Mendoza y Chubut. Por consiguiente, su despeje resulta mucho más complejo.
No hay licencia social para la minería en Andalgalá. El frente prominero, de militancia mucho menos intensa que sus antagonistas, sostiene que los antimineros andalgalenses son “20 gatos locos”. Se abstienen de explicar cómo es que tan minúsculo grupo consigue trabar el proyecto sucesor de Bajo La Alumbrera, a cuyos respaldos judiciales se suman los de las fuerzas partidarias de mayor gravitación en Catamarca.
El fundamentalismo antiminero ha demostrado, lamentablemente, ser más eficaz que las leyes, los argumentos científicos y las declamaciones políticas. Hasta las necesidades laborales de la gente que vive de la minería sucumben ante el negacionismo ciego y el estado de beligerancia permanente.
Dichos y hechos
La obstinada restricción en lo legal dejó el conflicto social y político librado a su propia dinámica.
Exvicegobernadora, exsenadora nacional, dos veces gobernadora de la Provincia, actual diputada nacional y presidente de la comisión de Minería de la Cámara baja del Congreso, presidente del PJ local, vicepresidente quinta del PJ nacional, el ascenso político de Lucía Corpacci fue correlativo a la erosión del consenso minero en Catamarca.
La legisladora abordó la cuestión en declaraciones a una radio de San Juan, provincia donde la actividad se despliega sin tantos traumas. Cuestionó la política minera nacional, que a su criterio “no es clara”, y la contrastó con la de la Provincia. A diez días del reventón andalgalense, aseveró que en Catamarca “se ha mejorado muchísimo” en lo que concierne a la licencia social.
Los hechos desmienten tal percepción.
El último brote violento tiene como precedente el del 15 de febrero de 2010, cuando Andalgalá ardió tras el desalojo de un piquete que impedía el paso hacia Agua Rica. Gobernaba entonces el radical Eduardo Brizuela del Moral, Corpacci había dejado la Vicegobernación para ser senadora nacional y avanzaba hacia el poder.
Los dos últimos intendentes de Andalgalá provienen de la militancia antiminera.
Alejandro Páez asumió en 2011, al mismo tiempo que lo hacía Corpacci, en representación del FCS e incorporado al radicalismo tras pasar por el partido que orientaba el extinto Fernando “Pino” Solanas, enfático objetor de la minería a cielo abierto y creador del documental “Tierra sublevada: Oro impuro”, con eje en Bajo La Alumbrera.
Eduardo Córdoba, asumido en diciembre, también viene de la antiminería y jamás lo ocultó.
Durante la gestión de Páez, el Concejo Deliberante de Andalgalá sancionó una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en el distrito, con el voto unánime de sus miembros. Páez no tardó ni 24 horas en promulgarla. La Corte de Justicia de Catamarca la declaró inconstitucional en diciembre. Córdoba ordenó apelar la sentencia de inmediato.
El último intendente prominero de Andalgalá fue el justicialista José Perea, que cayó en 2011 y pasó al Senado con causas penales abiertas en su contra por supuesta malversación de los fondos de las regalías mineras. Andalgalá fue la comuna que más recursos recibió por este concepto en el auge de Bajo la Alumbrera.
Nótese el cúmulo de evidencias que desmienten la licencia social para la megaminería en Andalgalá: una década de administraciones municipales antimineras que desplazaron a una prominera, sospechada; ordenanza antiminera unánime y sostenida institucionalmente a pesar de una sentencia del máximo tribunal de la Provincia, militancia antiminera intensa y movilizada permanentemente. En contrapartida, las expresiones de deseos como las de la diputada Corpacci.
Serán “20 gatos locos”, pero el caso es que la meneada “política de Estado” minera catamarqueña ha fracasado sin atenuantes en su faceta de mayor relevancia, que es la del consenso social.
Los últimos acontecimientos montaron nuevos obstáculos, de más arduo remonte, a esa construcción.
Se consolida una épica. Como Famatina, Andalgalá va rumbo a convertirse en causa nacional.
El Esquiú: "Triunfo de Cordoba"
El intendente de Andalgalá, un férreo representante de la antiminería aunque religiosamente cobre las regalías, resultó airoso en medio de un conflicto que lo comprometía directamente.
Eduardo Córdoba, no solamente miró de soslayo cómo verdaderos vándalos -algunos pícaros quieren confundirlos como “presos políticos” - destruían las instalaciones de la empresa Agua Rica y, en el mismo acto, seguían con los destrozos en la sede partidaria del peronismo, sino que además recibió ayuda extra del gobierno provincial y hoy verá cómo los aspirantes a barrabravas recuperan la libertad sin un cargo preciso sobre sus conductas.
La Justicia de Andalgalá, encargada de velar por el correcto funcionamiento de la sociedad, dejó pasar todos los tiempos sin tomar resoluciones de fondo. Se trata de un problema de pago chico, donde todos se conocen y donde todos se confunden, por lo tanto hay que contemporizar.
Hasta ayer la fiscal Marta Nieva –una garantista -¿o irresponsable? - como hay pocas en la Argentina- no tenía todas las pericias que había ordenado y, por lo que se sabe, se aprestaba a poner en libertad con restricciones a los vándalos. Para imputar o procesar, aunque fuera sin prisión preventiva, le alcanzaba con los documentos fílmicos que existen y muestran el accionar violento de los revoltosos.
Así las cosas, como en los pueblos que olvidan el pasado, que a nadie le extrañe que en Andalgalá se repitan estos hechos que golpean a la seguridad jurídica y alejan a los inversores. Total, lo de las penas no pasa de ser una amenaza. Es lo que ocurrió hasta ahora.
El intendente Córdoba que, siendo parte del conflicto, no tiene las condiciones mínimas para garantizar la paz social en su tierra, por estas horas debe estar sonriendo. Alegó ignorancia del ataque a mansalva de las instituciones, con sus declaraciones sembró las discordias y después proclamó su virtual ajenidad del problema. Para ser garante se necesitan convicciones de las que carece.
