En 2020 la minería dejó 131 millones solo en regalías a Catamarca
Idangel Betancourt/PÁGINA 12
La relación entre la industria minera y desarrollo de los pueblos es una deuda histórica que atiza el conflicto. En tanto, se sostienen banderas en contra de la actividad a veces equívocas.
En 2020 las regalías minera dejaron a la provincia 109.555.451,76 millones de pesos. Aportes adicionales en concepto de fideicomiso, sueldos, entre otros, suman $21.600.707, 36 (de la empresa Livent). El total es $131.156.159,12. A esto también hay que agregarle casi 58 millones de ingreso por canon minero.
En compras de bienes y servicios catamarqueños, la cifra supera los dos billones. Exactamente 2.917.144.387,02. La que mayor aporta en esta variable es la empresa de capital estatal YMAD, con casi 355 millones de pesos. YMAD también es la que más empleo genera, con 433, sobre un total de 941 puestos de trabajo, casi 200 puestos más que en 2018.
El primer punto para pensar la cuestión acerca de la discusión sobre la minería, sería plantear si es posible pensar el mundo sin la actividad minera, en el cual representa el 30% del PBI. Eso parece imposible, no solo en un mundo netamente capitalista como el actual, sino en términos históricos y sobre la base de la condición de desarrollo de la especie. Y teniendo en cuenta los números anteriores y los recursos que posee la provincia, si es posible pensar a Catamarca sin minería.
En Andalgalá, los pobladores prehipánicos fundían bronce en huayras (hornos) y se ha detectado la presencia de arsénico en los yacimientos arqueológicos. Esto, claro está, solo es un ejemplo local de que la minería es, como la tradición textil y alfarera, una actividad también ancestral. Por supuesto, el dato no es una medida para evaluar el impacto ambiental que genera la producción a gran escala del capitalismo. Pero tampoco se puede reducir a una visión capitalista. En los 70, la Unión Soviética estaba entre los primeros países mundiales de producción minera. Es decir, la minería ha estado asociada en todos los sistemas sociales al desarrollo.
Por otra parte, el impacto ambiental y la defensa del agua, son las principales banderas antiminera. Sin embargo, y sin negar el impacto ambiental de la minería, no es la actividad que más contaminación produce, ni la que más agua consume, o la que más contamina el subsuelo.
En Argentina, como en el mundo, la industria más contaminante es la agricultura. Un informe de la FAO indica que “En promedio, en la agricultura se ocupa el 70% del agua que se extrae en el mundo", y las actividades agrícolas representan una proporción aún mayor del "uso consuntivo del agua" debido a la "evapotranspiración de los cultivos”, es decir que el recurso usado se extingue. La FAO estima que el agua destinada al riego "aumentará un 14% para 2030”.
Al problema del agua, la agricultura, como se sabe, suma el uso de los agroquímicos. “La agricultura es el mayor productor de aguas residuales, por volumen, y el ganado genera muchas más excreciones que los humanos. A medida que se ha intensificado el uso de la tierra, los países han aumentado enormemente el uso de pesticidas sintéticos, fertilizantes y otros insumos”, dice otro informe de la FAO de 2018.
Sin embargo, aunque se lucha contra el uso de los agroquímicos, nadie hace marchas “antiagricultura” por el agua. Es difícil protestar de un modo fundamentalista contra una actividad de la cual dependemos directamente. El debate en este caso se encamina a buscar alternativas sustentables que disminuyan el impacto y cambiar la lógica de consumo de las poblaciones.
En este sentido, Ricardo Robador, secretario de Medio Ambiente de la provincia, señaló que “con la agricultura tenemos un gran impacto sobre los bosques nativos, es un impacto que viene arrastrado desde cuando se lanzaron los diferimientos. En la década de los 90 se desmontó mucho. También la explotación intensiva del agua subterránea, porque casi todos los grandes proyectos de agricultura funcionan con pozos y bombean, entonces el impacto va sobre el bosque nativo y sobre el agua subterránea”, señaló.
En cuanto a la generación de residuos peligrosos, Robador observó: “La minería se equipara a otras grandes industrias, porque todas generan residuos peligrosos, y en cuanto al agua podríamos decir que el sector productivo consume y genera un impacto mayor, la demanda de agua que tienen los diferimientos productivos es muy muy relevante”, concluyó.
Teniendo en cuenta estos patrones, la pregunta que se impone es de un orden sociológico, por qué la bandera de la defensa del agua se arroja contra la minería y no contra la agricultura que tiene sobre el recurso hídrico un impacto mayor. Es muy probable que la negación a la minería entrañe, cuando supera la razonabilidad ambientalista, otros factores sociales, que por estas regiones se relaciona con la pervivencia de una memoria de la conquista y del saqueo, así como prácticas colonizantes que perviven en la región y que han producido una resistencia histórica legítima de disputa por los territorios.
Por otro lado, la relación entre minería y desarrollo que sustentan los discursos del Estado no termina de llegar con un impacto contundente a las poblaciones.
A nivel de gestión la actividad minera muestra todavía muchos puntos ciegos y tensiones en la distribución de las ganancias entre municipios, provincias y Nación.
La Ley estipula que el monto máximo que las provincias pueden percibir en concepto de regalías mineras es del 3% del valor de boca de mina. Un estudio de la politóloga Mariana Tapia, sobre el sistema de redistribución minera en Catamarca, reveló respecto a las regalías que “el monto que efectivamente pagan las empresas es de 1,2% a 1,5%, porque se toma el valor de boca de mina y se le deben deducir una serie de gastos del proyecto”.
Tapia señala que “en Argentina, las regalías mineras –provinciales– graban el valor bruto de la producción en vez de las utilidades –como es el caso de Chile, Canadá o Australia–, además representa un monto fijo, es decir, no se discrimina por el tipo de mineral extraído y no guarda una relación directa con el precio de cotización a nivel internacional de cada mineral”.
Otro dato que destaca es “que las retenciones mineras –derechos de exportación hasta el 10%– le corresponden al Gobierno nacional y son no coparticipables. Asimismo, la Nación percibe aportes tributarios indirectos, tal es el caso del impuesto a los cheques, ganancias, bienes personales, etc. En tal sentido, la recaudación impositiva que se la lleva el Gobierno nacional es muy superior a lo que perciben las provincias y municipios”.
En este punto, la diputada nacional Lucía Corpacci, declaró ayer miércoles en el programa Creación Renovable de Radio San Juan, que “la mayor parte de los recursos de la minería, saquemos las regalías que por lógica quedan para la provincia, quedan en manos de la Nación, de tributos nacionales como es el Impuesto a las Ganancias y retenciones. Las provincias petroleras tienen la renta petrolera y las provincias mineras, que no somos tantas, debiéramos tener una compensación por el uso de un recurso que no es renovable y que debiera ser un fondo para el desarrollo de infraestructura de esas provincias que, casualmente, somos las provincias más postergadas del país”, explicó.
La ex gobernadora que es actualmente presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, hizo estas declaraciones en el contexto del proyecto de ley que está impulsando para la creación de un Fondo Especial Minero (FEM). El Fondo sería financiado con el 20% de lo que el Estado nacional recibe en concepto de tributos de las provincias mineras para que sea invertido en infraestructura en las propias provincias.
Por último, no se puede soslayar que la relación entre minería y desarrollo no puede desentenderse de las prácticas culturales de los pueblos, el respeto a los derechos y al patrimonio cultural inmaterial.
El Estado no sólo tiene la responsabilidad de una mejor redistribución económica y de una decisión política de preservar y regular la explotación de los recursos mineros, sino que también debe acompañar el devenir cultural de esas poblaciones.
CMSJ
La diputada nacional Lucía Corpacci, que preside la Comisión de Minería de la Cámara Baja, aseguró que la Provincia de Catamarca, donde estuvo dos periodos como gobernadora, avanzó un casillero en la minería y la clave es la decisión política. Dijo que “ha mejorado muchísimo la licencia social” y que el Proyecto MARA “podrá desarrollarse en poco tiempo”.
“Tenemos un país donde se podría desarrollar la minería espléndidamente dándonos beneficios a las provincias cordilleranas, donde la minería debiera ser el motor de desarrollo de todos. La minería tiene que ser para nuestras provincias un objetivo a desarrollar porque yo estoy convencida que viviríamos mucho mejor si pudiéramos desarrollar la minería", comentó Lucía Corpacci en el programa radial “Creación Renovable” que se emite todos los sábados por la CNN Radio San Juan.
"Chile desarrolla la minería y yo recuerdo haber ido a zonas como Copiapó hace 20 años atrás, y eran más chiquitas que el pueblito más chico de mi provincia, y hoy son ciudades desarrolladas donde su gente vive muchísimo mejor y fue gracias a la minería. Nosotros tenemos un país donde no hay una política clara sobre qué minería queremos”, agregó la legisladora nacional.
¿A qué se refiere con “la falta de política clara sobre qué minería queremos”?, fue la consulta a Corpacci. “Me refiero a cuáles son los controles ambientales que vamos a tener y que deben ser estrictos porque nadie habla que no lo sean, cuáles son los impuestos que vamos a cobrar, cuáles son las retenciones que vamos a cobrar, qué le va a corresponder a Nación y qué a las provincias, qué tipo de minería se va a desarrollar en cada una de las provincias, quiénes van a ser los proveedores mineros y cuáles vamos a desarrollar en cada una de las regiones. Yo creo que todo eso hace a la claridad de qué minería queremos”, respondió.
“El Puerto nos quiere condenar a vivir en la miseria y nosotros no somos pobres, tenemos una riqueza distinta. No somos la Pampa Húmeda, pero tenemos una riqueza mineral que debemos poner en valor”, comentó Corpacci.
Según Lucía Corpacci, su provincia estaba “muy atrás en la cuestión minera, en relación con San Juan y Santa Cruz, y fue avanzando un casillero. Yo creo que para desarrollar la minería tiene que haber decisión política, si el gobierno no dice que la minería es herramienta para que mi gente viva mejor, difícilmente se desarrolle. Por eso también es importante que esos recursos vayan a los municipios mineros para que la gente local también vea que con la minería vive mejor, que tiene mejores servicios, mejor infraestructura, mejor educación y salud”.
En cuanto a la licencia social, considera que en Catamarca “se ha mejorado muchísimo, trabajamos mucho, y todos los días, para sostener esa licencia social. Y lo hacemos demostrándole a la comunidad que los recursos realmente vuelven a ellos. Siempre va a existir, y en San Juan también lo tienen, aunque no les impide trabajar como nos pasa a nosotros, un sector lleno de fanatismo que yo lo denomino antiminero, y un sector ambientalista que, puedo o no coincidir, pero entiendo cuál es su norte, su pensamiento y creo que ellos van a existir siempre. Y está bien que existan porque no es bueno que todos pensemos exactamente igual”.
“Cuando la gente ve que forma parte del núcleo de trabajo, que la mano de obra que se contrata es local, que viven mejor y cobran mejores sueldos que trabajando en el municipio o en el campo, todo eso hace a la licencia social y es ahí cuando la gente empieza a defender la minería”, comentó en el programa radial sanjuanino.
La diputada nacional se refirió a la importancia del Proyecto MARA (Agua Rica y Alumbrera integrados) para los catamarqueños. “Va a significar muchísimo. Yo hubiera querido que Agua Rica empiece hace tiempo, pero hubo una serie de impedimentos. El primer impedimento entre tres empresas privadas que no se ponían de acuerdo para ver cómo dividían eso, cómo se organizaba", comentó.
"Luego hubo impedimentos legales porque un Consejo Deliberante que declaró que no se podía hacer minería en ese departamento, cosa que es claramente inconstitucional, pero bueno la Justicia también actúa tarde porque resolver ese conflicto llevó casi 5 años y uno dice por qué no se resuelve si la Ley es clara en ese sentido, pero hay que respetar también esos tiempos. Después, un proyecto que era muy grande y se redujo, llegar a acuerdos con la interestadual YMAD que era parte de Alumbrera y ahora parte de estas instalaciones son para Agua Rica. Hubo muchas cosas para resolver en el camino y parece que todo esto ya está allanado y creo que en un tiempo no muy largo Agua Rica, en su nuevo modelo, porque no es el modelo inicial, podrá desarrollarse en poco tiempo y va a generar muchísimo trabajo”, agregó Corpacci.
La catamarqueña cuenta con 93 proyectos de su autoría como diputada nacional. Uno de ellos es la creación del Fondo Especial Minero (FEM) que deberá alimentarse con un 20% de lo que el Estado nacional recibe en concepto de tributos de las provincias mineras y “devolverlo” a éstas para que sean usados en infraestructura.
“Esto es importante porque la mayor parte de los recursos de la minería, saquemos las regalías que por lógica quedan para la provincia, quedan en manos de la Nación, de tributos nacionales como es el Impuesto a las Ganancias y retenciones. Las provincias petroleras tienen la renta petrolera y las provincias mineras, que no somos tantas, debiéramos tener una compensación por el uso de un recurso que no es renovable y que debiera ser un fondo para el desarrollo de infraestructura de esas provincias que, casualmente, somos las provincias más postergadas del país”, explicó.
Según Corpacci, “sería de estricta justicia que se cree un fondo que sirva específicamente para infraestructura de esas provincias porque las mayores dificultades que tenemos nosotros es la infraestructura en caminos, en servicios. Catamarca es la única provincia que no tiene una Línea de 500 kW y es muy costosa hacerla. Cuando uno ve el enorme ingreso de divisas al país que significó Alumbrera, decimos que algo más nos debiera haber quedado”.
“La minería es una industria más, no es la que nos va a salvar de todo. Es una fantasía que la gente crea que porque se desarrolla un emprendimiento minero tenemos solucionados todos los problemas. Ayuda, y en provincias como las nuestras, ayuda bastante”.
La Provincia de Catamarca, y su vecina, la Provincia de Salta, mantienen un conflicto limítrofe y, según la exgobernadora, “lo debiera resolver una bicameral del Congreso Nacional porque así lo resolvió la Justicia que no avanza porque cuesta decir va a ser de Salta o va a ser de Catamarca. El gobernador Raúl Jalil y el gobernador de Salta, con quien tiene buena relación, han llegado a algunos acuerdos. Por ejemplo, donde tenemos el conflicto vamos a tratar de que se tribute la mitad en cada región y que avancen los emprendimientos. Hay una sola área de nuestra provincia que no tiene discusión, que es la zona del Salar del Hombre Muerto donde está FMC, porque tenemos clarísimo que esa zona pertenece a Catamarca”, detalló.
Lucía Corpacci considera que “mientras no tenía valor nadie lo quería, ahora que todos descubrimos que hay litio todos lo quieren. Hasta tanto la Bicameral resuelva está bueno que los gobernadores de las dos provincias se hayan sentado y sellen un acuerdo que signifique que ninguno de los dos cede nada. Hasta tanto se resuelva el conflicto van a avanzar en estos puntos que son: hay una empresa que quiere estar en la zona de conflicto o ha pedido un yacimiento en la zona de conflicto, nos sentamos y veamos que la mano de obra sea de las dos provincias, tributen en ambas provincias. En eso estamos trabajando”, concluyó.
