Este sábado se cumplirá una semana del repudiable ataque que destruyó la sede de Agua Rica en Andalgalá.
Al compás del paso de los días, la información sobre el tema desde fuentes gubernamentales y judiciales y desde sectores pro minería ha ido desapareciendo del mapa de los medios y las redes.
Como si se tratara del un letargo silencio que sucede a un shock, el coro de quienes salieron a condenar el escandaloso delito y a exigir responsabilidades ciudadanas y políticas, por un lado, y el otro coro, de funcionarios y magistrados que prometieron coherencias y firmezas, se han llamdo a un mutis por el foro que no le hace bien a la salud de la minería presente y futura en la Argentina. Algo gestual que no le hace bien a la salud de la minería.
¿No hay nada más que decir? ¿Nada más que investigar y denunciar? ¿Ya se analizó e indagó lo suficiente sobre los graves sucesos y sus múltiples vericuetos? ¿Ya se examinó en público y de cara a la sociedad que falló para que esto ocurriera?
Responde por estas horas que los tags sobre #Andalgalá #Megaminería #AguaRica, han quedado para el protagonismo solitario de la militancia antiminería que ejerce la violencia y para sus padrinos y simpatizantes intelectuales, en la provincia y fuera de ella.
Sin embargo, diversas fuentes consultadas por Mining Press, vienen alertando sobre el envalentonamiento del movimiento "No a la Mina".
Tras el éxito de Andalgalá, en otras comarcas donde hay grupos radicales. como por ejemplo en Tinogasta y Fiambalá,están convocando en activa viralidad por las redes sociales a bloquear desarrollos del litio catamarqueño.
Una actividad que tiene eslabones más maduros, como Sal de Vida, y otros más débiles, como Tres Quebradas, proyecto que proponen abortar.
Frente a este cuadro que muchos conocen, como si tuvieran la satisfacción del deber cumplido, funcionarios, empresas, cámaras, profesionales, sindicatos, analistas varios, después de haber condenado saludable y necesariamente lo que ha ocurrido, parecen haberse retirado a sus cuarteles de invierno.
En ronda de preguntas, el periodismo interesado en saber ha recibido esta respuesta "no queremos más trascendencia para no agrandar a la anti minería".
Marche urgente un libro de Historia Minera Argentina y quien quiera oir que oiga. La advertencia está hecha, el tiempo dirá si esta prudencia silente era lo mejor cuando enfrente se preparan antorchas y clavos miguelitos.◾
AUDIO ROBERTO LENCINA EN "DÍA POR DÍA DE TINOGASTA": LIEX (3Q) RESPONDE A LA ANTI MINERÍA
Se ordenó la prisión domiciliaria para dos de los detenidos. Reclamos por la libertad de los asambleístas.
El juez de Control de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro, confirmó ayer la detención para los 12 asambleístas de Andalgalá en el marco de la investigación por el incendio de las oficinas de la empresa Agua Rica y el ataque a la sede del Partido Justicialista. Mientras continúa la investigación judicial a cargo de la fiscal subrogante Soledad Rodríguez, grupos antimineros organizaron varios reclamos para pedir por la libertad de los detenidos.
Hasta ayer a la tarde las 12 personas que fueron privadas de la libertad fueron indagadas como supuestos autores de los delitos de estrago doloso y violación de domicilio. El juez Cecenarro decidió otorgarles la prisión domiciliaria para Aldo Flores porque tiene 72 años y para Sara Fernández porque en Andalgalá no hay una comisaría para alojar a las mujeres.
Por la situación habían quedado detenidos en una primera etapa Sara Graciela Fernández, Marcos Aldo Flores, Walter Mansilla, Enzo Andrés Brizuela, César Augusto Brizuela, José Matías Paz y Damián Abel. Luego, se confirmó la detención para el músico Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Oscar Martiarene y Ailén Saracho.
Nueva denuncia
Por otra parte, autoridades de la Asociación Bomberos Voluntarios de Andalgalá realizaron una denuncia contra autores desconocidos porque el sábado de los incidentes se atacó a pedradas el camión autobomba, tal como ocurrió en febrero de 2015.
Tensión
Por otra parte, los asambleístas realizaron ayer diversos reclamos para reclamar por la libertad de los detenidos. El Partido Obrero junto con otras organizaciones se concentraron en la plaza 25 de Mayo y marcharon hasta la Fiscalía General de calle Junín, donde se realizó una parada, luego regresaron a la plaza donde hubo un acto que contó con la presencia de agrupaciones como MST, CTA y también estuvo el dirigente Walter Arévalo (SOEM).
Pedro Saracho Diamante (PO) expresó que se violaron garantías constitucionales porque las personas que fueron detenidas no tienen antecedentes penales ni representan peligro de fuga.
Además, la Asamblea del Valle instaló una carpa que mantendrán las organizaciones antimineras hasta que se otorgue la libertad de los detenidos. También hubo protestas en Andalgalá, frente a la Fiscalía y en Belén y Santa María para acompañar el reclamo.
En Tinogasta se reportó un incidente ocurrido a las pocas horas del estallido en Andalgalá. Un grupo de cinco personas cortó el ingreso a la ciudad de Tinogasta e impidió el paso de vehículos para una empresa minera radicada en Fiambalá.
El corte se extendió por dos horas y, luego, los vecinos liberaron la ruta.
La tensión social se agudizó ayer cuando un camión del Ejército Argentino circuló por Andalgalá. "El personal militar que aparece en las fotos pertenece al RIM 15 de La Rioja. Van rumbo a Santa María, Catamarca, a replegar un radar y regresarlo a La Rioja.
Pararon en Andalgalá en un kiosco a comprar agua y gaseosa”, señaló el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en su red social.
Situación de la detención
Ayer, el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, recibió en su despacho a funcionarios enviados por el gobernador Raúl Jalil, después del pedido que había realizado para resolver la situación de los detenidos ya que la comisaría de Andalgalá no cuenta con condiciones para el alojamiento.
Los funcionarios se reunieron con los detenidos y también se hizo entrega de colchones y frazadas, y se atendió el reclamo de no alojar más personas en ese espacio ya que es pequeño. Acordaron también el respeto de las garantías constitucionales en los allanamientos ante los reclamos de los familiares por el modo de proceder de los grupos especiales. En la reunión participaron la representante del Centro de Acceso a la Justicia, Ana Raduzki, el secretario de Seguridad, Martín Miranda, el secretario del Interior, Nicolás Verón, el director de Derechos Humanos de la Provincia, Hernán Velárdez Vaca, entre otros.
