El balotaje será el domingo 6 de junio
Historias que se repiten en el Perú, como en 1990 , cuando Alberto Fujimori surgió desde atrás en las encuestas, esta vez el izquierdista ¿senderista? Pedro Castillo ganó la primera vuelta presidencial. Paradojas, será la hija de Fujimori, Keiko, quien le dispute el liderazgo.
El escrutinio se tradujo en un lunes de desconfianza en los mercados, tal como lo refleja otra nota de este diario. Este lunes se movió el dólar, aunque poco, y hubo caída en acciones en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
Los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) siguen actualizándose. Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, se consolida en el primer lugar con un 19.102% y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se afianza en el segundo lugar con 13.344%, al 95,51% de actas procesadas y 91.48 % contabilizadas.
Después, con muy poca diferencia entre sí continúan los candidatos Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Hernando de Soto (Avanza País), con 11.671% y 11.647%, respectivamente.
Aunque la Ley Orgánica de Elecciones establece un plazo de 30 días para la nueva votación, tras la proclamación de los resultados oficiales de la primera vuelta, el Decreto Supremo N ° 122-2020-PCM , que convocó al proceso electoral, subraya que el balotaje se llevará a cabo el domingo 6 de junio próximo.
Además, el artículo 111 de la Constitución, en concordancia con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones, dispone que, si ninguna candidatura logró alcanzar más de la mitad de los votos válidos en la primera elección, se debe realizar una segunda elección, dentro de los treinta (30) días siguientes a la proclamación de cómputos oficiales, entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta.
El Decreto Supremo N ° 122-2020-PCM también se refiere en base al artículo 111 de la Constitución y el artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones, que, “si ninguna candidatura ha alcanzado más de la mitad de los votos válidos en la primera elección, se debe realizar una segunda elección, entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta ”.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, estimó que en la primera semana de mayo se podrían tener los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con las actas observadas resueltas, de las elecciones presidenciales en el marco de las Elecciones Generales de Perú del 2021 .
Las propuestas de Castillo
El plan de gobierno de Perú Libre establece la creación de un nuevo régimen económico del Estado al que denominan "Economía Popular Con Mercados", basándose en lo trabajado en países como Bolivia y Ecuador.
Este cambio se propone que el Estado regule el mercado, sea descentralizado, redistribuidor de riqueza y nacionalizador.
Castillo también propone la revisión de contratos estatales que se renegociarán o anularán. Con esta "Nueva libertad de contratar" se indica que se renegociará la proporción del reparto de utilidades, "en las que las transnacionales se quedan con el 70% de las ganancias y el Estado solo con el 30%".
"Planteamos invertir la proporción del reparto de utilidades, 20% a favor de la transnacional y 80% a favor del Estado", sostienen en el planteamiento.
Inicialmente el plan de gobierno de Castillo señala que se cambiará el "Estado privatizador y exportador de capitales por un Estado nacionalizador soberano que fortalezca la economía interna invirtiendo sus capitales en el país".
Según indica, si las empresas no aceptan las nuevas condiciones de negociación el Estado procederá nacionalizarlos. Se plantea la "nacionalización" de empresas en sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros.
"La estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos, es lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso", precisa.
En algunos casos se daría una indemnización al sector privado por lo invertido y administrando el total de las utilidades generadas, pero señalan que solo se daría de ser justificado.
El plan de Castillo plantea luchar contra el centralismo económico modificando el presupuesto. De acuerdo con Perú Libre, actualmente el gobierno central se asigna el 70% del presupuesto y deja para los 25 gobiernos regionales el 18% y para las 4385 municipalidades el 12%.
Asimismo, señala que se llevaría a cabo una descentralización tributaria, pues sostiene que actualmente el "gobierno central recauda el 98% de los impuestos fiscales, los municipios el 2% y los gobiernos regionales 0%".
Se indica que se establecería un cambio con el cual los gobiernos subnacionales tendrían la facultad de grabar y recaudar tributos, de los cuales podrían administrar hasta el 70%. El 30% se transferiría al gobierno central.
El plan de Perú Libre argumenta que la política agraria tiene una agenda especial para el incremento del presupuesto y la reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema.
Se propone la tecnificación agrícola, la ampliación de la frontera agrícola, la formalización de la titulación de tierras y la recuperación de tierras agrícolas de proyectos de irrigación que fueron concesionadas al capital extranjero.
De acuerdo con el plan de Castillo, plantea la creación de un código laboral en consenso del gobierno, colegios profesionales y trabajadores con el cual se establecería un cambio en la remuneración mínima vital y en los sueldos de los funcionarios públicos.
Basándose en Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, señala que con esta política los sueldos de los empresarios deberán ser múltiplos de las remuneraciones de los obreros, "así podrá un empresario ganar muy bien, pero pagará a su obrero menos calificado no menos de veinte veces su propio sueldo".
Asimismo, proponen la libertad sindical y establecer formas de participación de los dirigentes gremiales en las diferentes instancias de gobierno.
Por otra parte, señala que las AFP son una "forma de esclavitud moderna", por lo que serían eliminadas paulatinamente y solo se fortalecería al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
Así como plantean revisar los contratos de las empresas con el Estado, también indica que se revisarán los tratados de libre comercio (TLC) y otros convenios internacionales.
El partido argumenta que "los TLC son los que han liquidado la empresa nacional, aplicando dumping, es decir, vendiendo un objeto por debajo del costo de producción, con la finalidad de liquidar a las empresas nacionales que compiten en el mercado y lograr la exclusividad".
Las revisiones de estos tratados concluirían en su reafirmación, regulación o anulación.
Reactivación económica
El partido de Fujimori, Fuerza Popular, propone el desarrollo de lo que denomina "una verdadera economía social de mercado" la cual estaría enfocada principalmente en dos puntos: la generación de empleo formal y las reformas estructurales.
Entre los cambios que se plantean están las reformas del sistema previsional y de desempleo, del sistema de salud, del sistema tributario y financiero y de la reforma del
sistema de gestión del Estado.
El plan indica que se implementaría una política de empleo que involucrará una alianza entre el Estado y la empresa privada.
Para facilitar la generación de empleo se plantea la realización de pequeñas obras de infraestructura en "las zonas más deprimidas de nuestro país", entre ellas obras comunales y vecinales.
Asimismo, se indica que continuarían con los programas sociales del Ministerio de Trabajo que buscan capacitar y apoyar a personas de escasos recursos para ingresar a un empleo digno.
Se propone simplificar la política tributaria, la cual no estará basada exclusivamente en la maximización de la recaudación, sino en la formalización y generación de empleo.
Con ese objetivo se propone cambiar la gobernanza de la SUNAT a través de la implementación de un directorio que permita "la recuperación de los niveles institucionales y profesionales que la caracterizaron en la década de los 90".
Además, indican que principalmente se plantea una reforma tributaria para que incentivar la formalización de las pequeñas empresas.
Fujimori propone la creación de la Comisión Nacional para la Formalización (CONAFOR), la cual sería una entidad autónoma con rango ministerial por un plazo de tres años.
Esta entidad tendría a su cargo el desarrollo de un plan nacional para la formalización, que sería una de las prioridades del Estado.
Los principales encargos que tendrían sería revisar la normatividad y trabas legales a la formalidad, las actividades que podrían reducir la brecha, retomar la Ley de compras del Estado, así como corregir la reglamentación de decomiso de mercadería y revisión de las multas e intereses de municipios y Sunat a las mypes.
Respecto al sistema de pensiones, se indica que se buscará incorporar a informales e independientes para lograr ampliar la base de contribuyentes y asegurarles una futura pensión.
La reforma tendrá como objetivo garantizar el derecho al ahorro privado con fines de jubilación, y se propone que se creen instrumentos financieros para que el afiliado tenga acceso total a sus fondos sin perder derecho a una jubilación.
Además, se indica que aquellos afiliados cuyo fondo alcance niveles extraordinarios tendrán que colaborar de manera solidaria, con quienes menores recursos logren obtener.
Por otro lado, mencionan que el Programa Pensión 65 sería perfeccionado "con la estrategia articulada de Saberes Productivos".
En cuanto a la minería, el plan de gobierno expuesto asegura que garantizarían el cumplimiento efectivo e independiente de la normativa ambiental.
Para optimizar los procesos de evaluación se promete revisar la a normativa vigente para confirmar "su aplicabilidad real en la dinámica del sector".
En cuanto a la pequeña minería y minería artesanal, se plantea reformular su legislación y actualizar sus procedimientos
administrativos.
El planteamiento de Fuerza Popular indica que resulta necesario planificar el desarrollo local y el ordenamiento territorial a nivel nacional.
Entre lo que se promete en este ámbito está la promoción de un crédito hipotecario con un fondo de respaldo para disminuir el crecimiento urbano informal.
Se plantea desarrollar políticas para impulsar el desarrollo inmobiliario orientado a las clases sociales C, D y E mediante la aplicación de subsidios como Techo Propio, y con sistemas de crédito de bajo costo y largo plazo para la construcción de viviendas de menos de S/ 200 mil.
También se propone reorganizar el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) para eliminar la burocracia, y entregar o títulos de propiedad registrados a todas las familias que cumplan con los requisitos solicitados.
Otra de las medidas que se tomarían sería rescatar el Banco de Materiales para los préstamos en materiales de construcción, "y propiciar el cumplimiento de estándares ambientales en la construcción y edificación".
