Las condiciones climáticas de la isla han dificultado hasta ahora las iniciativas de explotación minera
La controversia sobre un gran proyecto minero marca las elecciones anticipadas del martes en Groenlandia, territorio autónomo danés que busca mayor capacidad de autogestión económica y cuyo rico subsuelo y posición estratégica atraen el interés de las grandes potencias.
Desde la adopción en 2009 de un nuevo Estatuto de Autonomía, que recoge el derecho de autodeterminación, la isla de 56.421 habitantes y 2 millones de kilómetros cuadrados (el 80% cubierto por hielo) ha visto su subsuelo como base de una futura separación de Dinamarca.
Varios estudios apuntaban a que sus reservas petroleras podían equivaler a la mitad de las de Arabia Saudí y a que las de tierras raras estarían entre las más grandes del planeta, lo que hizo saltar las especulaciones sobre una independencia exprés.
Pero la crisis económica mundial, la caída de precio de materias primas, el elevado coste por falta de infraestructura y retos geográficos y desacuerdos internos sobre el marco legal para las inversiones paralizaron los proyectos y rebajaron las expectativas.
Tras una década de estudios, entró ahora en fase final el proyecto de Kuannersuit, mina al sur de la isla que podría llegar a ser el mayor productor occidental de tierras raras, según Greenland Minerals, firma australiana (con participación china).
La minera promete cientos de empleos e ingresos fiscales anuales de 200 millones de euros para las arcas groenlandesas durante 37 años, pero la población local recela de los efectos medioambientales derivados del almacenamiento de torio cerca del pueblo de Narsaq.
El proyecto ha divido a los groenlandeses y ha dañado al Siumut, partido socialdemócrata en el poder. Esta formación quedó inmersa en noviembre en una crisis, después de que su líder y presidente autonómico, Kim Kielsen, fue relevado en una lucha interna, aunque siguió gobernando.
Kielsen tuvo que convocar no obstante elecciones anticipadas al quedarse en minoría tras la salida de la coalición de los liberales Demokratiit, tercera fuerza, precisamente a causa de las dudas hacia el proyecto y las protestas populares en la zona afectada.
El Siumut, que ha gobernado todas las legislaturas menos una desde que Groenlandia se convirtió en autonomía en 1979, mantiene su apoyo al proyecto, condicionado a que respete el medioambiente.
El liberal Atassut, pequeño partido liberal árbitro de la política groenlandesa, defiende un referendo local; por su parte, el socialista Inuit Ataqatigiit (IA), segunda fuerza, se opone frontalmente.
"Debemos darle la vuelta a la forma en la que pensamos nuestra sociedad. No podemos esperar a que vengan empresas extranjeras para extraer minerales, debemos empezar a creer que podemos nosotros mismos", afirmó en un reciente debate su líder, Múte B. Egede.
El proyecto se encuentra en fase de audiencia pública y será el próximo gobierno el que deba darle el sí definitivo, lo que podía abrir la puerta a otras iniciativas mineras y reducir así la dependencia económica de Copenhague.
Groenlandia, el 90 % de cuyas exportaciones corresponden a la pesca (su principal recurso), recibe la mitad de sus ingresos de Dinamarca, entre varias partidas. La asignación anual, de unos 524 millones de euros, se vería reducida en función de los ingresos procedentes del subsuelo, como establece el Estatuto de 2009.
Los sondeos apuntan no obstante a un claro triunfo del IA, que podría formar mayoría con otro partido y frenar la mina, aunque el Siumut ya ha remontado en el pasado encuestas muy desfavorables
El PRPI, laboratorio de ideas de Londres especializado en temas árticos, propone en un reciente informe que el llamado Club de los Cinco Ojos (EE.UU.,Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá) se fije en Groenlandia para reducir su dependencia de China en materias raras, fundamentales por ejemplo en los teléfonos móviles.
China ha sido muy activa en invertir en Groenlandia en los últimos años. Incluso quiso participar en 2018 en la financiación de un plan de reforma de sus aeropuertos de unos 480 millones de euros, la mayor inversión pública en la historia de la isla, pero se encontró con la oposición de Copenhague.
Dinamarca forzó un acuerdo, apelando a que tiene la competencia en política exterior, para aportar 94 millones y dar facilidades crediticias por 121 a cambio de un tercio de las acciones de la empresa pública de aeropuertos y derecho a veto.
Groenlandia estuvo hace año y medio además en el centro de la atención mundial cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump lanzó un plan para comprársela a Dinamarca, que provocó reacciones de asombro e indignación en Copenhague y en Nuuk y precipitó la cancelación de una visita de aquél al país escandinavo.
Meses después, en un plan consensuado con Dinamarca, el Gobierno groenlandés aceptó sin embargo un plan de ayuda económica para proyectos civiles de unos 12 millones de dólares (10,2 millones de euros) de Estados Unidos, que ha abierto recientemente un consulado en la isla, donde tiene una base militar desde hace medio siglo.
