El bloque del PJ-Frente de Todos presentó un proyecto de Ley en la Legislatura que fue trabajado por más de un año por los diputados Carlos Mantegna y Rafael Williams, y consensuado con todos los intendentes de la zona cordillerana. la propuesta busca poner en marcha después de 40 años el histórico reclamo de una Renta Hídrica para la región a partir de las ganancias que genera la producción hidroeléctrica de la presa Futaleufú, y de redefinir el contrato de concesión, para que las localidades de la región accedan a una tarifa de energía mucho más económica.

El tema ya fue abordado en varios encuentros con autoridades nacionales y provinciales, y la redacción fue pulida por los diputados en conjunto con los intendentes, con el aporte del ex ministro de Economía de la provincia, Ricardo Bestene. 

El planteo de los autores es que se debe construir un nuevo paradigma hidroenergético, para lo cual se requiere primero, una ley provincial que elabore un marco regulatorio de la cuenca hídrica del rio Futaleufú; y segundo, un nuevo acuerdo que involucre a las partes interesadas en la generación hidroeléctrica, que son los municipios de la cuenca del río Futaleufú (Esquel, Trevelin y Cholila), la Provincia del Chubut y la Nación Argentina.

Según explicaron a ADNSUR, ese nuevo modelo incluye a la empresa Aluar S.A., en la medida que ésta “exprese su voluntad de prórroga del contrato de concesión y con un esquema de compensación económica para la región cordillerana”. Lo que pretenden es un nuevo acuerdo entre la Nación y Chubut que, a diferencia del suscripto en abril de 1993, incluya a la región cordillerana de Chubut y deje de excluirla en los beneficios económicos y sociales.

La propuesta consiste en una ley provincial que crea un marco regulatorio para la generación de la energía de Futaleufú, que es el basamento de la opinión de la región cordillerana y de la Provincia del Chubut en las gestiones ante la Nación. Cuenta con aval de un importante número de intendentes, entre ellos, el comodorense Juan Pablo Luque.

Fundamentos

Las razones centrales de la iniciativa, pasan por un reclamo de municipios cordilleranos con epicentro en Esquel y Trevelin, de plantear una reformulación de lo que fue el destino de la producción de energía eléctrica del complejo hidroeléctrico Futaleufú (generador del 7% de la producción de energía hidroeléctrica del país y del 2% de la producción de energía eléctrica total) y de los beneficios económicos y sociales que al cabo de casi 40 años (se inauguró en 1978) había dejado para la región y la Provincia del Chubut.

El primer paso es la necesidad de un nuevo acuerdo entre la Nación Argentina y la Provincia del Chubut que reemplace al acuerdo de 1993 que originó el proceso de privatización de la presa y la constitución de Hidroeléctrica Futaleufú SA, con la adquisición del paquete accionario mayoritario de la misma por parte del grupo Aluar SA, además de la concesión por 30 años de la generación de energía a Hidroeléctrica Futaleufú SA y la suscripción del contrato a término de suministro del 95% de la energía a Aluar SA a un precio promedio de 17 U$S el Mwh (sujeto a las variaciones de la cotización del aluminio) por 30 años, “sin beneficios algunos para la región y la Provincia del Chubut”, expresan los impulsores.

El planteo es regional, y se sostiene que el objetivo primigenio fue que la energía generada por Futaleufú proveyera de energía a la planta de aluminio de Aluar SA en Puerto Madryn, lo que generó enormes beneficios económicos y sociales en Puerto Madryn, con la creación de 3.500 empleos permanentes directos, entre otros.

Los defensores de esta reforma insisten en que si bien las autoridades nacionales en la década del 70 promovieron que Esquel y Trevelin también tendrían una tarifa eléctrica promovida y se convertirían en un polo de desarrollo energético con empresas electrointensivas radicadas en futuros parques industriales en ambas ciudades, nada de esto sucedió. Por eso, la región cordillerana se replantea un nuevo paradigma hidroenergético que le permita contar con beneficios económicos y sociales que permitan su desarrollo.

Alcances

Uno de los principales ítems de la propuesta, pasa por las tarifas. Se sostiene que Esquel y Trevelin consumen el 2% de la energía eléctrica que produce Futaleufú (75.000 Mwh al año en promedio y Futaleufú produce 2.800.000 Mwh al año) y la tarifa eléctrica que abona la cooperativa eléctrica “16 octubre” (distribuidora de energía en Esquel y Trevelin) es casi el triple de lo que abona Aluar.

Lo que se volcó al proyecto es que los cinco departamentos de la cordillera (Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Senguer, con las localidades que la integran que tienen aproximadamente 100 mil habitantes), tengan los mismos beneficios económicos y sociales que el Parque Industrial de Puerto Madryn, es decir, la misma tarifa eléctrica.

También contempla la creación de un Bono de Compensación, ya que la idea original en los años 70 era que el 10 % de la energía de Futaleufú sea para Esquel y Trevelin, y nunca se cumplió. Eso significa unos U$S 10 millones por año, que el proyecto contempla que sean para la provincia del Chubut, coparticipables con los municipios de la región.

El proyecto también contempla un sistema de financiamiento para el Instituto Provincial del Agua, y plantea además el recupero del Fondo de Desarrollo Cordillerano (Fodeco), ya que la provincia se lo quitó a los municipios en 1999, lo que fue considerado una injusticia. Y un tema muy interesante, que ahora tiene un nuevo paradigma a partir de la resolución de la cuestión en el caso de Yaciretá con la provincia de Misiones, con el nuevo modelo de liquidar las regalías hidroeléctricas.

Ahora se pretende que la nueva forma de liquidación no sea dinero (ya que es difícil un acuerdo por el monto a tener en cuenta en la base imponible) sino en unidades físicas, es decir, en Mwh, para que después la provincia y los municipios salgan a vender esos megavatios en el mercado mayorista.

“La idea es garantizarle por 50 años la energía barata al parque de Puerto Madryn, pero sumarnos nosotros, los municipios cordilleranos”, explicó a ADNSUR uno de los autores. “Además de la tarifa que pagan las familias, apuntamos a tener energía barata para que también se instalen polos productivos, empresas que generen trabajo, con ventajas competitivas para cámaras de frío, frigoríficos, aserraderos, para la producción de viñedos que gastan fortunas por mes”, señaló.

Una vez que el proyecto ingrese, se espera que se genere un fuerte debate, que no sólo es político, sino también de intereses económicos, y de disputas regionales. La discusión legislativa se dará por primera vez en mucho tiempo, y habrá que ver cómo juegan los distintos actores.