AGUSTÍN SZAFRANKO

El plan para reactivar el consumo en el año electoral tiene entre sus principales puntas la exención de pagar el impuesto a las Ganancias a los salarios y haberes jubilatorios que no superen los $ 150.000. La iniciativa original preveía hacer resignar al Fisco cerca de $ 40.000 millones, que se cubrirían con una suspensión de la baja del impuesto para las empresas, pero una nueva modificación añadiría entre $ 13.000 millones y $ 15.000 millones al déficit.

Es que el oficialismo introducirá una condición de retroactividad para la medida al 1° de enero de 2021, con lo que las retenciones realizadas por las empresas entre enero y marzo a los cerca de 1,2 millones de contribuyentes que con la suba del piso quedarán exentos deberán ser devueltas en abril. Además, el aguinaldo también quedará excluído.

En términos fiscales, estos cambios afectarán a las cuentas públicas de 2022, no a las de este año, dado que Ganancias se paga en junio del año siguiente del período fiscal gravado. En cambio, el efecto sobre el consumo sería inmediato, porque implica que se devolverán hasta $ 28.000 por trabajador (es el monto máximo a devolver a un trabajador soltero sin hijos que gana $ 150.000 brutos).

Sin embargo, no es una suba del mínimo no imponible, sólo una exención hasta los salarios de $ 150.000 brutos, por lo que los que ganen más de esa cifra continuarán con la alícuota de 27%, por lo que para este segmento de asalariados el esquema se mantiene inalterado.

Es decir, el proyecto en los hechos desgrava a los alcanzados por las alícuotas más bajas. Para muchos analistas tributarios constituye una anomalía que puede generar desincentivos a las pretensiones de incrementar sus ingresos ante una carga fiscal desproporcionada.

A la luz de casos similares anteriores, el tributarista Sebastián Domínguez planteó la posibilidad de que este saldo a favor se devuelva en cuotas, aunque es algo que se definirá en la reglamentación de la ley una vez aprobada, por lo que su efecto podría verse morigerado.

De acuerdo con estimaciones realizadas a partir de la cantidad de trabajadores formales y su distribución entre las franjas de remuneraciones (ajustadas por el índice de salarios del Indec), la cifra total que se devolverá oscila entre los $ 13.000 millones y los $ 15.000 millones. El margen se debe a que no hay datos sobre qué proporción aplica deducciones por cónyugue o hijos.

En cualquier caso, agrandará el impacto fiscal del proyecto, que originalmente se cubriría a través de una suba de Ganancias a las empresas, que el año pasado tenían una alícuota de 30% y a partir de este año le correspondería una de 25% (actualmente vigente).

Un proyecto que avanza a la par prevé suspender por otro año, al igual que lo hizo la Ley de Solidaridad, esta rebaja que había establecido la reforma tributaria de la administración de Mauricio Macri y aportaría los fondos para fondear la pérdida de ingresos que significa la medida sobre asalariados.

De todas maneras, se trata de medidas que lesionarán el resultado fiscal de 2022, plazos que para la vorágine Argentina no son divisables. Incluso el Gobierno no descartó (aunque todavía no evalúa) mantener otro año más las alícuotas en 30% para las empresas.

Este esquema de reintegros no tiene que ver con las devoluciones que puedan surgir a partir de la liquidación anual del ciclo fiscal 2020 ni de las percepciones de 35% que se cobraron a la compra de dólares y los gastos con tarjeta en moneda extranjera.

Estas últimas cargas que se solaparon sobre las operaciones alcanzadas por el impuesto PAIS entre mediados de septiembre y diciembre obligarán al Fisco a reintegrar, entre devoluciones nominales y deducciones para Ganancias, entre $ 30.000 millones y $ 35.000 millones, que sí pesarán sobre las cuentas públicas de este año y permitieron adelantar ingresos en 2020.