GUSTAVO BAZZAN

El sector minero que opera en la Argentina -uno de los pocos que aún logra atraer inversión extranjera directa- está siguiendo con mucha atención lo que está pasando en estas horas en dos provincias: Chubut y San Juan. Se formó una grieta, por el tratamiento antagónico que se observa en ambas.

En Chubut se ha desatado una intensa disputa en torno al proyecto de ley que impulsa el gobernador Mariano Arcioni y que procura autorizar la denominada “minería a cielo abierto”. Es una ley que, de aprobarse, destrabará el proyecto minero Navidad, un yacimiento propiedad de la canadiense Pan American Silver, rico en plata y otros minerales como plomo, zinc y cobre.

Los intentos que hizo Arcioni por la aprobación de su  proyecto chocaron, hasta ahora, con un fuerte rechaza de una parte importante de la sociedad chubutense, aunque el fiel de la balanza se está moviendo en estos días.

El yacimiento Navidad está ubicado en el centro norte de la provincia de Chubut, en la denominada meseta patagónica, cerca de los departamentos Telsen y Gastre, a unos 350 kilómetros del Atlántico y a una distancia similar de la Cordillera de los Andes, es decir, en una zona casi desértica, bien lejos de las principales ciudades de esa provincia.

El proyecto de Ley que impulsa Arcioni desató fuertes protestas de una parte de la sociedad chubutense, que denuncia, sobre todo, la modalidad “minería a cielo abierto”, asociando ese tipo de procesos a la hipotética contaminación de las napas especialmente por la supuesta utilización de cianuro. La empresa niega que utilice el cianuro en sus procesos productivos. Y que la utilización del agua es muy acotada en proporción a los volúmenes existentes.

Chubut ya tiene experiencia en frenar proyectos mineros. El más notorio, el que a principios de este siglo detuvo el inicio de la explotación de un yacimiento de oro en las cercanías de Esquel.

El yacimiento Navidad, según estimaciones de Pan American Silver, implicaría inversiones por 1.200 millones de dólares, la generación de una red de proveedores locales, y la creación de 800 puestos de trabajo directos y 2.000  indirectos. Empleos en blanco, del sector privado, con salarios que están entre los más altos de la actividad privada. Una rareza para la mayoría de las provincias argentinas.

Arcioni cuenta con el apoyo del Gobierno nacional. Entre otras razones, porque en Casa Rosada ven en ese proyecto de ley una solución -parcial- al hecho de reducir la asistencia del Tesoro nacional a la provincia, hoy muy deficitaria. Pese a todo, la Legislatura provincial no lo aprobó aún.

En San Juan ocurre exactamente lo opuesto. Allí la minería es la principal actividad productiva y no se pone en discusión la importancia que tuvo en los últimos treinta años de esa Provincia. A cada proyecto le ponen una alfombra roja.

De hecho en estos días se avanza en la aprobación de un mega proyecto minero. Se trata de Josemaría que tiene en carpeta la minera canadiense Lundin. Involucra el desembolso de al menos 3.000 millones de dólares para poner en funcionamiento una explotación que permita la extracción de cobre -y en menor medida oro y plata- en la provincia de San Juan.

Josemaría cuenta con recursos por 6,7 millones de libras de cobre; 7,0 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata. La vida útil del yacimiento ha sido estimada en 19 años. La empresa Josemaría Resources Inc. invertiría 3.090 millones de dólares para avanzar a la etapa de construcción de la mina ubicada a 410 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 10 kilómetros del límite con Chile.

La semana pasada se realizó en San Juan la presentación y entrega del informe de Impacto Ambiental para la etapa de explotación del proyecto. Tan importante es la minería para San Juan que el propio gobernador Sergio Uñac participó del evento.

Mientras tanto, en Chubut sigue la disputa y aún no está claro si la provincia aceptará proyectos mineros de gran envergadura. La oposición al proyecto de ley logró el apoyo hasta de la Conferencia Episcopal Argentina, que se hizo eco del férreo rechazo a la megaminería que vienen expresando los obispos chubutenses.

Pan American Silver calcula que de aprobarse la ley que habilite la actividad, deberá desembolsar unos 1.200 millones de dólares, escalonados a lo largo de la construcción de la mina y durante la vida útil del yacimiento, estimada en 18 años.

Solo la etapa de construcción demandará inversiones por 700 millones de dólares para obras de infraestructura, que incluyen la propia mina, caminos y una línea de alta tensión para conectarse al sistema energético nacional Las últimas proyecciones hablan de que se podrán producir 17 millones de onzas de plata por año, que se traducirán en exportaciones de 350 millones al año desde el puerto de Chubut.

Pero los rechazos que se hicieron escuchar al proyecto de Ley de Arcioni empiezan a matizarse con algunos apoyos. Un grupo de habitantes pertenecientes a los pueblos originarios que residen en la meseta central del Chubut difundieron el documento enviado a la Legislatura provincial y destinada al vicegobernador Ricardo Sastre, y a los referentes de los distintos bloques.

En el texto, titulado “Por una provincia de iguales”, expresan su apoyo al proyecto, porque ven en esa Ley la posibilidad de “desarrollar nuestra región, a través de un marco general que establezca las condiciones de explotación sostenible de nuestros recursos”.

El sector empresario también se pronunció a favor de que se apruebe la ley. Un informe técnico, avalado entre otros por la Unión Industrial Argentina y varias cámaras sectoriales, entre ellas claro, la cámara de empresas mineras, aseguró que “al margen de la necesidad de divisas que tiene el estado nacional para su mejor funcionamiento, punto donde la industria minera podría realizar aportes significativos, la industria minera nacional puede además sumar innumerables razones para el desarrollo del país y sus habitantes”.

En San Juan aceptaron la megaminería y allí la grieta se cerró hace rato. En Chubut hay final abierto.