GUSTAVO ORELLANA

Sus últimos días vive el proyecto Mina Invierno, que partiera en 2007 y que pertenece, en partes iguales, a Empresas Copec y al grupo Ultraterra, controladas por las familia Angelini y Von Appen, respectivamente, siendo socios en la sociedad Inversiones Laguna Blanca S.A. Se trata de un proyecto de carbón ubicado en la isla Riesco, perteneciente a la Región de Magallanes.

Aunque la empresa minera ya había efectuado un millonario castigo por deterioro en 2019, que ascendió a US$ 245 millones, al cierre de 2020 decidió realizar una nueva provisión, esta vez por US$ 80.9 millones -más otros US$ 3.5 millones en existencias-, con lo que el castigo total alcanza los US$ 329.4 millones. Esto se reparte entre los socios, considerando el 50% que tiene la compañía controlada por el grupo Angelini y el 50% de los Von Appen.

Así lo reveló Empresas Copec en sus estados financieros al término del año pasado, donde además explicó que durante dicho ejercicio no solo se tomó la decisión de abandonar definitivamente las actividades, sino también, avanzar en el plan de cierre del yacimiento.

“Al cierre del ejercicio 2020, Inversiones Laguna Blanca S.A. revisó nuevamente la existencia de indicadores de deterioro de sus activos no corrientes y el importe recuperable de inventarios. El resultado de la evaluación determinó un deterioro de US$80,9 millones sobre Propiedades, planta y equipo y un castigo de MUS$ 3,5 sobre existencias”, se publicó en el balance de Empresas Copec.

Todo, mientras la iniciativa avanza en la arista legal, luego que el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, anulara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizó la realización de tronaduras en las faenas, lo que facilita el proceso de extracción del mineral.

“Durante 2020, Inversiones Laguna Blanca S.A. continuó viéndose profundamente perjudicada operacional y económicamente debido a la paralización de sus actividades minero-portuarias y a la falta de ingresos por la ausencia de ventas de carbón, situación que tuvo su origen en la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia de finales de agosto de 2019, que anuló la Resolución de Calificación Ambiental que autorizaba la utilización de tronaduras, como método complementario para la extracción de estéril”, indicó Copec en su balance. Dicho fallo fue recurrido de casación a la Corte Suprema que aún no emite su veredicto.

“Asimismo, se ha continuado con la disminución de la dotación, propia y de terceros, así como de los servicios de terceros. La empresa ha continuado realizando sus mejores esfuerzos para tratar de revertir la sentencia desfavorable del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia mediante la presentación de un recurso de casación en la forma y en el fondo, que ingresó en septiembre de 2019 en contra de la citada sentendurante los primeros meses de 2020 se terminó con la extracción de los remanentes de carbón ya despejado y se realizó el último embarque de carbón a principios de abril de 2020. cia, que será conocido y resuelto por la Corte Suprema de Justicia, el que no ha tenido avances relevantes a la fecha”, complementó Copec.

“En función de lo anterior, se elaboraron los planes de cierre definitivos de las faenas mineras antes señaladas, para adaptar el cierre definitivo de ellas antes del término de su vida útil”, concluyó la compañía respecto a ese punto.

Consultada la empresa, de manera oficial, respondió que “los montos señalados, es decir, US$ 245 millones en 2019 y US$ 80,1 millones en 2020, corresponden al deterioro contable reconocido por la sociedad minera, sobre los cuales Empresas Copec registra un 50%, de acuerdo con su participación en dicha inversión”.