SOFÍA DIAMANTE

"Enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos", dijo Alberto Fernández en la inauguración de la sesiones ordinarias.

Sin embargo, la mayoría de los componentes de las tarifas ya están en pesos. En dólares se cotiza el gas y el petróleo, ya que los costo para producirlos están en moneda extranjera. El Gobierno admitió implícitamente estas reglas de juego en el sector energético al garantizarle al sector privado un precio en dólares cuando lanzó a fin del año pasado el Plan Gas. 

Lo mismo sucede en la industria petrolera: la alícuota de los derechos de exportación varía según la cotización del barril de crudo, que está fijado en dólares.

Las boletas de gas están compuestas por cuatro ítems que se actualizan de distintas maneras. El que tiene mayor peso dentro de la factura, con el 40% del valor total, es el insumo mismo: el gas. Los principales productores son YPF, Total, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol –la petrolera del Grupo Techint–, Pampa Energía y Compañía General de Combustibles (CGC).

Los demás componentes son transporte –donde operan TGN y TGS–, que explica el 11% del precio final de la factura; distribución –en donde están Metrogas, Camuzzi y Naturgy, entre otras–, con un 24% del monto total, e impuestos nacionales, provinciales y municipales, que representan aproximadamente el 25% de la boleta.

De todos estos componentes, solo el gas se comercializa en dólares. Transporte y distribución se actualizaba de forma semestral, en abril y octubre, en función de la inflación acumulada en esos seis meses, pero los precios quedaron congelados desde marzo de 2019. Y los impuestos son un porcentaje del valor total de los tres ítems.

Con respecto al precio del gas, el Gobierno lanzó a finales del año pasado el Plan Gas, en el cual se acordó que las productoras recibirán un precio promedio US$ 3,5 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector). Este valor aumenta a US$ 4,55 para la oferta de gas de invierno, cuando se incrementa la demanda.

Los usuarios pagan con sus tarifas US$ 2,15 el millón de BTU. El resto lo cubre el Estado con subsidios. El problema es que cada vez que se devalúa la moneda, como las tarifas tienen un precio fijo en pesos, la recaudación alcanza para cubrir una parte menor de ese precio final. Es decir, cada vez que sube el dólar, el Tesoro tiene que girar más transferencias.

En las tarifas de luz sucede algo similar. El mayor costo de la factura lo representa la generación de electricidad, con el 60,2% para un consumo promedio de 250 Kwh/mes en Capital Federal. Las principales generadoras son Enel –la italiana dueña de Edesur–, Pampa Energía, Central Puerto, AES, Genneia, YPF Luz y PAE. Las empresas le venden la energía a Cammesa, la compañía con control estatal que ordena los despachos de electricidad. El precio está pactado en dólares.

Las empresas distribuidoras –como Edenor y Edesur– se encargan también de medir los consumos, repartir las boletas y recolectar los pagos. Ellas se quedan con un 16,5% del costo de la factura; 21,5% son impuestos, 1,8% es transporte, y el resto se le paga a Cammesa.

La actualización de los ingresos de transporte y distribución eléctrica corre por cuenta de las provincias, que son las que autorizan estos incrementos. Solo Edenor y Edesur, que operan en el área metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos Aires) dependen del Estado Nacional y están reguladas por el Entre Regulador de la Electricidad (ENRE). Los precios de estos servicios están congelados desde febrero de 2019.

La Secretaría de Energía, a través de subsidios, aporta la diferencia entre lo que cuesta la generación de electricidad y la tarifa que paga el usuario. A finales de 2019, el usuario pagaba en promedio 66% del costo total; es decir, US$45,1 el MWh de los US$68,8 que costó la generación. Este porcentaje cayó a 54% a fines de 2020: los usuarios pasaron a pagar US$31,8 MWh de los US$58,7 (se logró bajar 10 dólares el costo de generación gracias a la caída del precio del gas y a que pesificaron contratos de generación).

El mercado de los combustibles está desregulado, no depende del Gobierno para que le autoricen los aumentos. En la práctica, sin embargo, quien decide los incrementos de precios es YPF, que representa el 55% del despacho de naftas y gasoil, y cuyo principal accionista es el Estado.

Las otras refinadoras son Raízen (Shell), Axion y Puma Energy. Estas empresas le compran el barril de petróleo a las productoras, donde también son actores importantes YPF y PAE (dueña de Axion). Por eso se diferencian también las que se pueden autoabastecer y las que tienen que comprarle el insumo principal a terceros.

En un mercado normalizado (con precios cercanos al valor de paridad de importación), el precio del litro de nafta está compuesto en un 38% por el valor del petróleo, otro 38% es las carga impositiva y el 24% restante son costos logísticos, marketing y margen de ganancia.

Cuando el tipo de cambio aumenta, el valor de las naftas sube. El traspaso es casi automático, ya que las refinadoras tienen sus costos en dólares y venden las naftas en pesos. Por eso las petroleras hablan de la "paridad de importación" para referirse a las diferencias entre el valor local del litro de nafta y el internacional.

Tanto el gas como el crudo son commodities y, en general, no existe valor agregado para estos insumos: un tipo de petróleo producido en la Argentina es muy parecido a ese mismo tipo de petróleo extraído en Estados Unidos. Lo mismo sucede con el gas. Por eso existen las cotizaciones del Brent –para saber el valor internacional del barril de petróleo– y del Henry Hub –para seguir la cotización del millón de BTU del gas natural–, que están en dólares.

Las inversiones que se realizan en estas industrias también son en moneda extranjera. Por eso las petroleras quiere asegurarse que se les pague en esa divisa para comprometer sus desembolsos. Según dicen, si el gobierno de turno decide pagarles en pesos, las empresas dejarán de invertir en el mercado argentino y elegirán hacerlo en otros países.