En los corralones que crecen sobre los márgenes de la ciudad, que compran metales, el cobre se paga 600 pesos el kilo
De acuerdo a datos de la delegación local del Ente Nacional de Comunicaciones durante el año pasado, marcado por la crisis sanitaria por el Covid-19, estos atracos se duplicaron, dejando sin servicio a barrios enteros. Desde la Empresa Provincial de la Energía también se advirtió sobre un crecimiento en este tipo de delitos.
Este tipo de robos se transformó en un dolor de cabeza para las empresas y para los clientes. Las primeras acusan pérdidas constantes, los segundos padecen la falta de servicio. Los casos más usuales están relacionados con la sustracción de los cables del tendido urbano, los cables que se extienden entre poste y poste.
Pero en la EPE relatan también golpes más audaces que terminaron también con transformadores y pérdidas de tendidos de media tensión. O robos de cables subterráneos, como el sucedido en el alumbrado de avenida de Circunvalación.
El cobre es un metal casi precioso para la industria: maleable, versátil, durable, antimicrobiano, reciclable y excelente conductor de la electricidad. En la industria se lo utiliza en la producción de motores, en los sistemas eléctricos, de refrigeración y en aparatología médica. Últimamente, los tubos de cobre se utilizan también en la instalación de acondicionadores de aire.
Durante el año pasado, el precio del cobre subió un 25 por ciento, de acuerdo a publicaciones relacionadas con la industria metalúrgica. Internacionalmente cotiza 7.800 dólares por tonelada. En los corralones que crecen sobre los márgenes de la ciudad, que compran metales, el cobre se paga 600 pesos el kilo.
La mayoría de estas chatarrerías son negocios legales que cuentan con habilitación y fiscalización municipal. Hace cuatro años, se obligó a estos comercios a reempadronarse, incrementándose sus requisitos para los permisos de funcionamiento.
Fue en el marco de la declaración de la emergencia en seguridad, cuando desde el municipio se implementaron una serie de acciones para hacer más efectivas sus políticas de control sobre rubros que puedan tener alguna relación con economías delictivas.
Desde la Secretaría de Control y Convivencia explicaron que la mayor parte de los corralones donde se venden metales están actualmente autorizados, pero advirtieron que el poder de control municipal alcanza al cumplimiento de las condiciones de habilitación y la seguridad de las instalaciones de estos comercios. Sin embargo, los agentes nada pueden hacer respecto a la procedencia de los materiales que se comercializan en estos lugares.
En los barrios de la ciudad se conoce que la venta de cobre es una manera relativamente sencilla de hacerse de algunos pesos. Es más, marcan claramente los espacios donde un humo espeso delata cada tanto la presencia de rollos de cables incendiados para separar las vainas de plástico que lo contienen y hacerse con el preciado metal.
En ese precario circuito de depósitos o corralones, señalan, es donde generalmente el cobre obtenido de la sustracción de cables de telefonía o electricidad entra en el circuito legal. "Cuando el cobre entra en el corralón, se legaliza y se transforma en una materia prima que se legaliza en el circuito blanco", explica un referente de un barrio de la zona oeste de la ciudad.
Según advierte, a estos corralones no ingresan los rollos de cable, sino los hilos dorados que quedan después de quemar las vainas en las inmediaciones de algún descampado. Los dueños de los desarmaderos compran estos materiales, los acopian y los venden a las fundiciones.
Sin embargo, destaca, este es un circuito de pequeña escala.
Los vecinos de Empalme Graneros denunciaron que cientos de familias del barrio llevan entre uno y cinco meses sin servicio de teléfono, internet o cable. El reclamo se trasladó al Ente Nacional de Comunicaciones, a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor y a la Defensoría del Pueblo.
Luego, Telecom emitió un comunicado pidiendo disculpas a los usuarios. Según advirtió la empresa "las demoras en la solución se deben a la constante necesidad de reposición de los materiales robados, imprescindibles para subsanar la escalada de casos".
De acuerdo a la prestataria del servicio, en octubre se denunciaron 26 situaciones de robo del tendido de comunicaciones, en noviembre fueron 117, en diciembre 174 y en los primeros quince días de enero ya se superó el centenar de denuncias (fueron 107 hechos para más exactitud).
En el caso de Empalme, los funcionarios del ente de comunicaciones y la oficina del consumidor pudieron escuchar de boca de los propios vecinos cómo la vandalización de los tendidos se realizaba a plena luz del día, ante la vista de todos. La situación, afirmaron, algunas veces se informó a la policía, con muy poco éxito.
En los primeros días de diciembre, desde la Fiscalía provincial se dispuso la unificación de las denuncias existentes por robo de cables. La mayoría de los casos radican en la fiscalía de NN, donde se reciben las causas que no tienen responsables identificados.
Los investigadores coinciden en que para reducir la incidencia de este delito no alcanza con detener a quienes se suben a los postes a cortar el cableado. A mediados de mes se ordenaron dos procedimientos en viviendas particulares donde se acopiaban cables. Sin embargo, admiten, "nunca llegamos al lugar donde se todo ese material se funde en lingotes de cobre".
Uno de esos allanamientos se produjo en una vivienda del barrio La Florida uno de los últimos días del año pasado. Los investigadores llegaron hasta el lugar después de descubrir que en las redes sociales se ofrecieran cables, conectores y herramientas para la instalación de tendidos de telefonía. El operativo permitió secuestrar alrededor de un millón de pesos en cables robados, equipos y ropa de trabajo, además de dinero y siete teléfonos celulares.
Pero quizás el golpe más certero a este tipo de organizaciones fue el que ocurrió a fines de agosto del 2019 cuando la Policía Federal anunció la detención de ocho personas que integraban una banda destinada a robar cables de los tendidos públicos en Buenos Aires y en el sur de la provincia de Santa Fe.
Los pesquisas denominaron al grupo como la banda de "Los Topos" ya que sustraían los cables subterráneos de empresas de telefonía. De acuerdo a la investigación, se estacionaban en las esquinas simulando ser una cuadrilla de reparaciones eléctricas y utilizaban camiones y camionetas con un sistema mecánico que enrollaba los cables. Luego, los vendían en distintos locales del rubro metalúrgico en Buenos Aires y Rosario.
En 13 allanamientos simultáneos realizados en San Martín, La Matanza, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez y Rosario se secuestraron 10.650 kilos de cables de cobre; 4.000 kilogramos de lingotes de aluminio; siete camiones, dos camionetas y dos autos; tres armas de fuego; dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Según la investigación, el metal era comercializado en el mercado negro internacional y destinado a la tecnología aeroespacial debido a la alta pureza del cobre.
