LAURA ROCHA

En el estudio científico se describen los problemas hídricos presentes y futuros en el curso del agua ante los escenarios proyectados por la crisis climática que vive el planeta, como así también por la falta de gestión ambiental en la provincia

Un estudio científico alerta sobre el desarrollo de la megaminería en la cuenca del río Chubut y advierte sobre los riesgos hídricos presentes y futuros ante los escenarios proyectados por la crisis climática que vive el planeta, como así también por la falta de gestión ambiental del agua en la provincia.

La Mesa Técnica conformada por investigadores del Centro Nacional Patagónico (Cenpat) y del Conicet envió ayer a la Legislatura chubutense un reporte en el que desaconseja la instalación de un proyecto minero en los departamentos de Gastre y Telsen.

El estudio comienza repasando la falta de agua en varias zonas de la provincia, que se suma al proceso de desertificación. También destaca el rol de los acuíferos subterráneos, que potencialmente podrían contaminarse. “La megaminería representa un escenario de amenaza, frente a un sistema ambiental vulnerable que cobra especial relevancia cuando se trata de una provincia donde los recursos hídricos superficiales son escasos”, concluyeron los expertos.

El proyecto, denominado de “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, fue enviado por el gobernador, Mariano Arcioni (Chubut Somos Todos), a la Legislatura provincial en noviembre pasado. Sin embargo, y aunque fue modificado, no consiguió los votos necesarios para ser debatido hoy en el marco de una sesión especial extraordinaria.

Este plan de zonificación es, en rigor, la reglamentación de una ley chubutense que prohíbe la megaminería, sancionada durante la gobernación de Mario Das Neves, de quien Arcioni fuera vicegobernador. Y el proyecto más ambicioso es el de la explotación de un yacimiento de plata que la compañía canadiense Pan American Silver adquirió hace 11 años. El proyecto Navidad, tal como se lo bautizó hace años, cuenta con una de las reservas de plata más grandes del mundo que, según fuentes de la empresa, tendría una vida útil de 18 años, con la posibilidad de prolongarse con nuevas explotaciones en la zona.

El proyecto, denominado de “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, fue enviado por el gobernador, Mariano Arcioni EFE/Alberto Valdés/Archivo

Chubut fue la primera provincia que rechazó la megaminería en la Argentina. En 2003 y por medio de un contundente plebiscito, los habitantes de Esquel se pronunciaron en contra de la instalación de una mina de oro, propiedad de la canadiense Meridian Gold.

“El Río Chubut es uno de los de menor caudal de la Patagonia, que a su vez abastece del recurso a más del 50% de la población sumado a su uso en la producción del Valle”, indica el informe. Además el estudio agrega que el cambio climático provocará una reducción del caudal en las próximas décadas: “Sumado a las condiciones de escasez de agua de la región, los escenarios de cambio climático por sí mismos generarán situaciones preocupantes de estrés hídrico en el futuro. En las últimas décadas se han registrado cambios en las variables climáticas que regulan la disponibilidad de agua dulce en nuestra región”.

Las autoridades provinciales, apoyadas por el Poder Ejecutivo Nacional, apuestan a este proyecto por el ingreso de divisas que significaría ya que, siempre según fuentes de la empresa, se generarían unos U$S350 millones anuales en exportaciones. A causa de los apremios económicos –la provincia adeuda tres meses de sueldo y aguinaldo a los miles de empleados estatales– Arcioni busca acelerar la aprobación del proyecto y sostiene que el río no corre peligro ya que se desarrollaría en una cuenca endorreica, esto es que no tiene conexión con el curso de agua.

La Mesa Técnica conformada por investigadores del Centro Nacional Patagónico y del Conicet envió a la Legislatura chubutense un reporte en el que desaconseja la instalación de un proyecto minero en los departamentos de Gastre y Telsen (REUTERS/Ivan Alvarado)

Según explicaron a Infobae voceros del Cenpat, es en este contexto que toma trascendencia “el hallazgo de grandes reservas de agua subterránea en la Meseta Central. Por ejemplo, la cuenca de Sacanana [donde se realizaría el proyecto] tiene una reserva del orden de dos veces la capacidad del Dique Ameghino [la represa que genera energía hidroeléctrica para unos 250.000 habitantes]”.

Sin embargo, “estas reservas no se han explotado para propiciar actividades socio-productivas que permitan impulsar el desarrollo sustentable de la región y mejorar la calidad de vida de sus pobladores”, asegura el informe.

Los científicos también subrayan la falta de intención del Estado en estudiar las reservas ya que “la cuantificación de estas reservas la hizo la empresa minera”. “Aunque existen estimaciones de la recarga anual y el balance hídrico para las cuencas de Gastre y Sacanana, estas son preliminares ya que los datos de estaciones hidro-meteorológicas en la zona son escasos y con registros de pocos años”, se destaca.

Ayer, el propio presidente del Instituto Provincial del Agua, Nicolás Cittadini reconoció en declaraciones públicas que no cuentan con el personal necesario ni con los recursos para la fiscalización del agua. “No tenemos capacidad de inspección”, reconoció Cittadini en declaraciones radiales, ni siquiera para los controles de los canales de riego del valle.

La población en tanto sigue con las movilizaciones y manifestaciones en toda la provincia y se ha convocado a marchas en otros puntos del país. “El agua es para el pueblo no para las mineras”, “Chubutaguazo” y “NoesNo” son algunas de las consignas en las marchas que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires. Hoy habrá movilizaciones en la provincia aunque se haya suspendido la sesión. “El caso Chubut es de manual: doctrina del shock, coimas, fake news, publinotas, forman parte del arsenal que el lobby minero bombardea la provincia para conseguir la habilitación. Hasta ignoran un contundente reporte científico del CONICET que pide que se retire el proyecto”, indicó Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina.