Es una de las actividades económicas importantes del país empero la minería genera muchos conflictos sociales en su desarrollo. El ex ministro Francisco Ísmodes explora en esta entrevista algunas salidas para destrabar proyectos que gozan del rechazo de poblaciones ubicadas en la zona influencia.

¿Avizora un panorama alentador o complicado en minería este 2021?

Pienso que por el COVID-19, si se mantuviese a la minería operando, no creo que vaya a retroceder en operación y construcción. No una afectación a la generada en la primera cuarentena.

El otro factor es la alta conflictividad y reclamos de los poblados que habitan en el área de influencia.

Siempre hay conflictos latentes que pueden activarse. La solución es de mediano y largo plazo. (…) Desde Formin+D buscamos que la minería avance pero también el desarrollo a favor de los ciudadanos. Los peruanos no podemos dejar pasar la oportunidad de contar con estos minerales.

Siguen parados proyectos mineros como Tía María en Arequipa y Ccorocohuayco en Cusco. ¿Por qué es tan difícil destrabar estas inversiones?

Porque quizás desde sus inicios no se manejó de manera proactiva y preventiva como debió hacerse. No se generó una relación de confianza entre la empresa y la comunidad. Por eso es necesario un rol proactivo del gobierno nacional, articulado con el regional y local, para ser una especie de garante del cumplimiento de las obligaciones y los compromisos.

Después de su paso por el Ministerio de Energía y Minas, ¿cree que sea posible Tía María?

Lo importante acá es perseverar y se pueda agarrar un hilo de conversación. Lamentablemente allí pasó mucha agua bajo el puente. Hubo situaciones extremas. Han muerto peruanos en protestas, ha habido sin duda políticas equivocadas de parte de la empresa y su relacionamiento con la comunidad, que todavía no lo han superado. No es algo que se pueda resolver rápidamente.

La ciudadanía percibe que las mineras gozan de muchos beneficios (exoneraciones, devoluciones tributarias) y aportan poco. ¿Cómo cambiamos esa visión?

Es importante informar a los ciudadanos para que vean, que sientan que sí hay beneficios, que se está mejorando la escuela, la posta médica, que se invierte en la agricultura, que se les construye vías de comunicación para que saquen sus productos. Cuando eso pase posiblemente se entenderá mejor la actividad. Por otro lado, la normativa no es que exonere a la empresa, lo que hace es permitirle recuperar parte de su inversión. Luego tienen que pagar sus impuestos.

¿Cuál es la salida?

El Estado debería evaluar la entrega de un adelanto del canon minero. Cuando la empresa comience a pagar sus impuestos podrán deducirlos (en las transferencias). Lo del adelanto de canon, incluso se llegó a conversar (y se implementó) en el corredor minero para que la comunidad no espere los beneficios (…) El canon se debe invertir en proyectos que se necesitan para cerrar brechas sociales.

En el sur está concentrado el 56% de las inversiones mineras proyectadas al 2029 y es en estas regiones donde la resistencia es mayor. ¿Qué deberían hacer Estado y empresas para obtener la licencia social?

Trabajar en conjunto empresa, comunidad y Estado. El fondo de adelanto social es necesario para hacer inversiones antes del inicio de operaciones. Así mejorará la salud y educación de la población. Si promovemos el fondo para invertir en territorios donde se puede desarrollar minería, con proactividad del Estado para informar y actuar como garante, se puede hacer.

Pero en el ciudadano sureño, hay la idea de que la minería es mala. ¿ Se puede cambiar esa mala reputación?

Trabajando poco a poco. Primero con las buenas prácticas. Acá no hay una solución mágica de la noche a la mañana. Este es un trabajo de a pocos. La minería, por muchas razones, en algunos territorios más que en otros, se generó una reputación que no es la mejor. Eso no significa que sea real, porque son percepciones. Por ejemplo, un territorio con pasivo ambiental le termina pasando la factura a una empresa que pudo haber hecho las cosas de mejor manera. Entonces, el cuestionamiento es a la actividad minera, no a la empresa.

El corredor minero es complicado. ¿La solución sería un mineroducto o un ferrocarril?

Ahí creo que sí ha faltado una visión al momento de desarrollar ese proyecto. No se evaluó lo que podría generarse en este tramo. La vía no era la más adecuada. La han ampliado cuando ya estaba la operación, el Ministerio de Transportes recién ha empezado a pagar a las comunidades por sus terrenos cuando han ampliado la vía y ya pasan los camiones. Y hay zonas que no es lo más adecuado. Un mineroducto o tren va a tomar su tiempo, mientras tanto se debe seguir dialogando.

Cuando era ministro del Mimen en 2019 anunció medidas para actualizar la Ley General de Minería.

Lo que yo anuncié fue mejorar el marco normativo y las políticas referentes a la minería, no solo a la Ley General de Minería, porque hay aspectos transversales referidas a normativa ambiental, permisos, que además están dispersas en distintos marcos jurídicos. Esa propuesta dio origen a la conformación de la Comisión para el desarrollo minero sostenible, que emitió informe en febrero del 2019 y allí están los fundamentos de la conflictividad, qué deben hacer para prevenirlos. Hay medidas para mejorar esta normativa y política minera.