Es el germen de un conflicto en torno a la construcción de la central hidroeléctrica Chihuidos, que enfrenta intereses económicos en el país de China y de Rusia
DIEGO CABOT
En el despacho del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis , hay una carta que incomoda. Llegó en octubre y la firma Tu Shuiping, el apoderado de un consorcio que integra a la poderosa empresa Hidrochina, Powerchina y las constructoras locales Rovella Carranza y CPC, la empresa de Cristóbal López.
Tiene dos carillas, pero es el germen de un conflicto en torno a la construcción de la central hidroeléctrica Chihuidos, proyectada en la provincia de Neuquén, y que enfrenta intereses económicos en el país de China y de Rusia por la construcción de la represa valuada en alrededor de 2000 millones de dólares. Y como si fuera poco, se sumó Alemania, eventual proveedora a través de la firma Voith Hydro de las turbinas.
La controversia es la siguiente. La historia de la central hidroeléctrica Los Chihuidos se remonta a fines de 2014 y hermana a los gobiernos de los presidentes Cristina Kirchner, Mauricio Macri y, ahora, al de Alberto Fernández.
Hace poco más de cinco años, el 19 de diciembre de 2014, se conoció la apertura de los sobres de adjudicación del proyecto valuado en algo más de 2000 millones de dólares. El ganador fue Helport, la constructora de Eduardo Eurnekian, acompañado en el consorcio por la constructora Panedile, del empresario Hugo Dragonetti. Los segundos fueron los chinos, acompañados por las constructoras Rovella Carranza y por CPC. La licitación establecía que el ganador debería aportar el financiamiento de la obra. El ganador ofreció créditos rusos; el que lo siguió, obviamente, dinero chino.
Pero jamás se colocó un balde hormigón y pasaron seis años. Entonces los chinos, cansados de esperar que se caiga la licitación por la falta de los fondos, golpearon la puerta de Katopodis.
"La UTE que conformamos quedó calificada en segundo orden de merito, situación que se debió a una consideración del valor presente neto de nuestra propuesta, estimándose un lazo de disponibilidad del financiamiento de 135 días por parte de quién resultó adjudicatario el 19 de diciembre de 2014, mientras que para nuestra propuesta ese plazo se estimó en 545 días", se lee en la carta fechada el 21 de octubre de 2020 enviada al presidente Alberto Fernández y que fue adjuntada a Katopodis el 26 de octubre.
El punto conflictivo es que los chinos le recuerdan al Gobierno que transcurrieron seis años y el financiamiento -que debía estar en 135 días- no se cerró así como tampoco se firmó el contrato de obra. "Es por esta situación y dada la importancia y envergadura del proyecto que a la fecha, el financiamiento por nosotros propuesto se encuentra vigente (...) estando en condiciones de estructurar el financiamiento ofrecido a fin de dar inicio a las obras", finaliza la carta que pe pide que reconsidere la oferta y adjudique el proyecto hidroeléctrico.
El pliego original establecía que cada oferta tenía que tener su propio financiamiento. El Estado daría garantía soberana al crédito, además de una una propuesta de repago que consistía en dinero por un contrato de venta de energía a Cammesa, además de pagos por la obra. Ese dinero para pagos de la obra saldría en parte del Estado Nacional y en parte de la provincia de Neuquén.
Cuentan que la mejor oferta fue la de Power China, pero por cuestiones de humores licitatorios, José López, el hombre del famoso revoleo de bolsos la pre-adjudicó a otra UTE formada por Helport, de Eduardo Eurnekian y, Panedile, el amigo de Sergio Massa e imputado en la causa de los cuadernos, Hugo Dragonetti. Estos ofrecían un financiamiento ruso que finalmente nunca sucedió.
Durante el gobierno de Mauricio Macri se autorizó y promovió que Eurnekian y Dragonetti , de modo cuestionable desde el derecho administrativo, modificaran su oferta inicial e incorporaran a otro financiador: la empresa alemana Voith Hydro, quien traería financiamiento del gobierno alemán en la medida que se le compraran a un precio más que atractivo, las turbinas hidroeléctricas que los mismos alemanes proveerían a esa obra.
No fueron pocos los que alertaron entonces que ese tipo de turbinas fabrica Impsa, una empresa nacional al borde del colapso y que ya tiene capital estatal a través de una compensación de una acreencia del Banco Nación. Justamente durante el macrismo, la empresa fundada por la familia Pescarmona compitió con los alemanes en Yacyretá. De hecho, la mendocina perdió una licitación en la obra Aña Cuá, donde Impsa presentó un reclamo judicial porque entiende que no se le adjudicó correctamente a los alemanes de Voith.
Pese a que el financiamiento era condición necesaria para adjudicar la obra y jamás apareció, la licitación sigue en pie. Hace pocas semanas, el expediente creado para seguimiento del caso dentro del Poder Ejecutivo, avanzó. Hubo un acto administrativo firmado por el segundo de Gustavo Béliz, Cristian Asinelli. El funcionario, un hombre que camina por el filo de la corrección y que le cuestan las decisiones rupturista, avaló la continuidad de la negociación con el consorcio adjudicado.
Justamente Eurnekian y Dragonetti se han convertido en dos de los empresarios con más llegada a la Casa Rosada de Alberto Fernández. El primero logró la renegociación del contrato de aeropuertos que extiende la concesión hasta 2038; el segundo, vive bajo el ala de Sergio Massa y es uno de los constructores preferidos del cuarto kirchnerismo.
Autodefinido peronista y cercano a las estructuras partidarias de San Juan y otras provincias del Norte, Dragonetti no se acogió formalmente al régimen de arrepentido, pero reconoció haber pagado retornos en la causa de los cuadernos. Se muestra optimista: "Vamos a ser uno de los países que más van a crecer en el mundo. El clima de negocios se va a dar, vivimos un poco de tensión y tenemos que bajar el nivel para calmar la situación. Tenemos que expulsar a los violentos y empezar a premiar a quienes están más cerca del medio, más cerca de la convivencia", dijo hace semanas en una entrevista en Ámbito Financiero.
Los constructores argentinos no tienen prácticas en competencia pura y dura en las licitaciones. No se ven codazos de unos contra otros para ganar una obra. Apenas afinan el lápiz todo lo que pueden en los pliegos y suelen tirar la alfombra roja para que los reguladores caminan más mullidos a su oferta. La diferencia la hacen en el "durante", con las redeterminaciones de precios. Tampoco son demasiado amigos de plantear recursos a la hora de hacer valer sus derechos si hay irregularidades en las adjudicaciones. El club tiene sus reglas. El problema es que ahora aparecieron los chinos que tienen otras. Y además, tienen la plata.
