El objetivo oficial es que el rebote de la economía no se quede sin aire y llegar lo mejor parado posible a octubre
PABLO WENDE/Infobae
El Gobierno decidió curarse en salud y ya de entrada decidió mostrar las cartas con las que piensa jugar el 2021. El objetivo de Martín Guzmán es que no le pase lo del año pasado, cuando una mezcla de inexperiencia y fuerte crisis desatada por la pandemia lo hizo correr todo el tiempo detrás de los acontecimientos. La economía lo terminó pagando con una fuerte crisis cambiaria, una recesión de más del 10% y un gran deterioro social. Además, la inflación empezó a ganar velocidad en el último trimestre.
Con la tonelada de soja a 500 dólares y tasas de interés en los valores más bajos de la historia, la lógica indicaría que es momento de aflojar el cepo cambiario y favorecer el ingreso de capitales. Pero la desconfianza de los inversores no permite semejante lujo. Por las dudas, Miguel Pesce tomó el camino contrario y terminó derribando el último “bastión” de acceso al mercado cambiario oficial: las importaciones.
El mensaje es claro: se va a un cierre total de la economía y los dólares a precio oficial quedan reservados estrictamente para las importaciones de bienes vinculados a los procesos productivos. No se trata sólo de una decisión totalmente lógica de impedir el acceso a productos como jets privados, barcos o autos importados de lujo. Es más, llama poderosamente la atención que no se haya resuelto hace ya varios meses. Suena increíble que haya algunos privilegiados que pudieron llevar adelante estas importaciones a lo largo del 2020, pagando casi la mitad del precio en dólares real de estos bienes suntuarios. Más extraño aún que tanto en el Central como en la AFIP hayan hecho la vista gorda.
Pero las restricciones al ingreso de productos importados fue mucho más allá e involucró a un “conjunto de bienes finales”, tal como lo definió el propio Central. El monto que representan estos productos suma -siempre según las cifras oficiales- unos USD 300 millones mensuales, a lo que deben sumarse otros USD 25 millones adicionales por los bienes suntuarios. La cifra representa alrededor del 8% de todas las importaciones por mes, es decir un volumen significativo.
Una de las razones que llevó a Pesce a endurecer todavía más las restricciones cambiarias está relacionada con lograr un superávit comercial algo más holgado, luego de la caída de los últimos meses. Es el efecto de la brecha cambiaria, que alienta las importaciones y al mismo tiempo desalienta a los exportadores, que se ven obligados a liquidar al tipo de cambio oficial. Con una brecha que sigue arriba del 90%, tarde o temprano el superávit comercial tiende a desaparecer. Para prolongar un poco más la agonía directamente se prohíbe el ingreso de determinados productos.
Pero la otra razón está vinculada con una política estrictamente local. Quien estuvo detrás de las restricciones para importar bienes finales fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en lo que se encamina a convertirse en una nueva edición del famoso “vivir con lo nuestro”. Aquella máxima del economista Aldo Ferrer se intentó una y mil veces, siempre con el mismo final: un estrepitoso fracaso. ¿Qué llevaría a que esta vez esa política de sustitución de importaciones funcione? Nadie aún ensaya una respuesta.
A partir de ahora ya no se podrán importar lavavajillas, ni heladeras, freezer, hornos eléctricos, microondas o celulares y computadoras de alta gama. No alcanzó con el impuesto interno del 17% que se impuso antes de fin de año para los productos finales importados. Ni siquiera así es competitiva la industria nacional, por lo que directamente se optó por prohibirlos.
El guiño a los fabricantes de Tierra del Fuego es clarísimo. Fueron los grandes aliados de Cristina Kirchner durante su gestión hasta el 2015 y ahora vuelven con sus privilegios. La excusa será, por supuesto, cuidar el empleo nacional, aunque difícilmente una medida de estas características esté enfocada en el consumidor. Las consecuencias ya empiezan a ser notorias. La oferta de línea blanca y electrónicos es mucho más escasa y los precios no tardarán mucho en subir sostenidamente ante la falta de producto. Es la historia que se repite en la Argentina una y mil veces.
Pero los números nunca cierran. Este tipo de industria es altamente ineficiente por la distancia del puerto de Buenos Aires (más de 3.000 kilómetros) y además demanda un enorme volumen de insumos importados para la producción. En otras palabras, lo que se ahorra prohibiendo el ingreso de productos finales se terminará perdiendo por el lado de los insumos. En el medio, como siempre pierden los consumidores.
A fines del año pasado, el Gobierno enfrentaba un dilema. O avanzaba hacia una devaluación del tipo de cambio oficial o estaba obligado a endurecer drásticamente los controles cambiarios para proteger a las reservas. La decisión es más que obvia. No habrá devaluación brusca del tipo de cambio oficial al menos hasta las elecciones de octubre, pero el costo será una economía cada vez más aislada del mundo y con restricciones crecientes.
El cierre de la economía va acompañado, además, con fuertes decisiones tendientes a controlar de cerca los precios. El objetivo para 2021 es alinear salarios, jubilados e inflación en torno al 30%, en línea con lo establecido en el Presupuesto. Pero eso es imposible sin pisar un año más las tarifas, admitiendo subas casi intrascendentes y regulando también precios de servicios como telefonía móvil, internet y prepagas. También se está terminando de negociar con las grandes alimenticias cómo será el descongelamiento gradual de precios que permita salir en forma ordenada del programa Precios Máximos.
Evitar una nueva pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones es imperioso para mejorar las chances electorales del Gobierno en octubre. Luego de tres años de fuertes pérdidas contra la inflación, otro golpe a los ingresos tendría consecuencias muy duras sobre el electorado, especialmente en la clase media, pero también entre los sectores más vulnerables.
Pero los desafíos que enfrenta la Argentina van más allá del cepo o de la inflación. Tal como lo señaló ayer el Foro de Convergencia Empresarial, el problema de fondo está vinculado con la intromisión del Estado en la economía y la dificultad para invertir en un contexto de alta incertidumbre.
Sin inversiones y sin crecimiento genuino, tanto el “perfeccionamiento” del cepo como las maniobras para frenar el fuerte proceso inflacionario tienen patas cortas. Tarde o temprano los desequilibrios emergen y generan impactos peores de los que se quieren evitar.
PABLO ROSENDO GONZÁLEZ/El Diario.ar
Las quejas del Foro de Convergencia Empresarial por el supuesto intervencionismo del Gobierno en sectores estratégicos, como las exportaciones de maíz, contrastan con el rumbo que marca la petrolera estatal a las empresas locales. Al igual que su controlante, la firma más importante de la Argentina le propone a sus acreedores no pagarles intereses de deuda hasta 2023
Dos operaciones internacionales de deuda sirven para graficar la primera semana de la economía Argentina. Por un lado, los US$ 1.000 millones que tomó Mercado Libre, la Amazon de Latinoamérica a la que muchos consideran la empresa más grande de la Argentina. Por el otro, la oferta de restructuración de US$ 6.600 millones de deuda que le hizo YPF el viernes a sus acreedores que implica no pagarles intereses de la deuda hasta 2023.
La empresa fundada por Marcos Galperín recibió el dinero de los inversores globales el jueves pasado con la sola promesa de pagarle menos del 3% anual de intereses. Es un bono no garantizado por activos y la tasa de interés, cercana a la Tesoro de los Estados Unidos, hace pensar en el milagro de la empresa privada argentina que, pese a las trabas del Estado, logra perforar el piso de costo de endeudamiento que tiene el soberano de alrededor del 15%.
Claro que esa lectura es fantasiosa. Un espejismo. Mercado Libre no es una empresa Argentina. Aun cuando muchos suponen que es la compañía privada más valiosa del país con una capitalización bursátil casi 20 veces superior a la de la petrolera YPF, Mercado Libre apenas tiene una Sociedad de Responsabilidad Limitada en estas latitudes. De hecho, esa SRL ni siquiera le aviso al regulador argentino que vendería deuda en el mercado internacional. No fue Mercado Libre SRL la que vendió los bonos, si no su nave madre, Mercado Libre Inc., la que emitió el instrumento de deuda y se quedó con la plata. Es por eso que ni uno de esos dólares frescos que tomó la empresa el jueves llegarán a las reservas del Banco Central.
Pese a que sus oficinas centrales y sus principales ejecutivos están en Buenos Aires, Mercado Libre está incorporada en Delaware, el pequeño estado de los Estados Unidos que es un virtual paraíso fiscal por el escaso monto que les cobra de impuestos a las empresas que se radican allí. Es el mismo caso de Arcos Dorados (la mayor franquicia mundial de McDonald´s fuera de Estados Unidos), que está incorporada en Montevideo, Uruguay, para pagar menos impuestos, pero tiene a toda la gerencia de la empresa en Buenos Aires, donde les paga a sus ejecutivos salarios buenos en pesos, pero baratos en dólares, para que desde aquí manejen la operación en Latinoamérica.
En los dos casos, la maquina de generar ingresos está en Brasil, país en donde las dos generan arriba del 70% de sus ingresos. Y es por eso que los calificadores de riesgo de la empresa Moody´s dejaron claro que el brasileño es casi el único riesgo que tiene la empresa de Galperin, al asegurar que "una rebaja de la calificación soberana de Brasil probablemente también conduciría a una rebaja de la calificación de MercadoLibre."
Para decirlo llanamente: Galperin es un empresario gitano que tiene residencia fiscal en Uruguay para pagar él menos impuestos cuando cobra dividendos de su empresa, y tiene a su firma anotada en Estados Unidos para pagar menos impuestos por sus ingresos. Al mismo tiempo, mantiene el cuartel central de Mercado Libre en Argentina, donde el Estado le ofrece mano de obra hipercalificada a un precio irrisorio en dólares para que desde aquí maneje un super negocio regional.
El espejismo de Mercado Libre subyace en el comunicado enviado por el Foro de Convergencia Empresarial, entidad que agrupa a 46 a cámaras y corporaciones del poder económico, desde la poderosa AEA donde están Luis Pagani de Arcor y Hector Magnetto de Clarín, a entidades del agro como la Sociedad Rural Argentina, sin olvidar a la Asociación de Dirigentes Cristianos de la Argentina. En el furioso comunicado, el Foro critica recientes decisiones oficiales como la suspensión del registro de exportaciones de maíz, el congelamiento de los precios de telecomunicaciones y la marcha atrás en el aumento otorgado a las prestadoras privadas de salud.
“La repetida intervención del Estado en las actividades del sector privado de la economía, a través de medidas similares a las tomadas en el pasado que tuvieron efectos adversos, afecta el crecimiento económico y el proceso de inversión privada, que ya está en mínimos históricos”, dice el primer párrafo del comunicado que podría resumirse en una sola oración. Si el Estado deja de meterse en la Economía, los Privados traeremos la solución. Y enseguida enumera las recientes medidas supuestamente erradas tomadas por el Gobierno, como el virtual congelamiento de precios en los sectores de telecomunicaciones, el cierre de las exportaciones de maíz, que deberían revertirse. Según el Foro, donde parece primar el lobby agropecuario, “los efectos adversos de estas medidas ya se experimentaron en el pasado: disminución del área sembrada de los cultivos cuya exportación está prohibida o limitada, pérdida de cabezas de ganado en los rodeos, pérdida de mercados de exportación que luego son muy difíciles de recuperar."
El comunicado, el primero que hace el Foro luego de haberse quejado en noviembre por el llamado impuesto a la riqueza, surge luego de que el Gobierno decidiera suspender las exportaciones de maíz hasta que los productores y exportadores garanticen que habrá maíz a precios cuidados para los productores de carnes locales. Es que el precio internacional del maíz subió más de un 50% desde agosto hasta ahora, y ese aumento en la materia prima que se usa para alimento de animales provocó un alza del 20% de la carne sólo en diciembre, cuando el consumo de carne vacuna por habitante cayó por primera vez en la Argentina debajo de los 50 kilos, el peor número del último siglo.
La suspensión del registro de exportación de maíz logró su objetivo en apenas una semana. Luego de una ronda de conversaciones secretas, los exportadores y productores del grano se sentaron el jueves en la misma mesa con los productores de carnes en las oficinas del Ministerio de Agricultura y les garantizaron la provisión del cereal a precios en pesos desacoplados del precio internacional en dólares. Con esa promesa, el Gobierno analiza reabrir la exportación.
Los exportadores y productores accedieron a dar esa garantía porque saben que el lockout convocado para mañana por tres de las entidades de la Mesa de Enlace servirá sólo como show televisivo para la oposición transmitido en vivo por TN. En verdad, el lockout tiene escaso, por no decir nulo poder de presión real, ya que esas entidades no tienen la capacidad de desabastecer el mercado local. El Gobierno que disputa hoy con el campo es muy diferente al Gobierno que fue sitiado por los ruralistas en 2008. La principal diferencia es el control de YPF, la empresa más grande de la Argentina, que desde 2012 está manejada por el Estado. Una de las subsidiarias más importantes de la petrolera que puso en venta su edificio de Puerto Madero esta semana para dejar atrás definitivamente el espíritu de Repsol, es YPF Agro, que en los primeros 9 meses de 2020 exportó soja y maíz por US$ 328 millones, un 20% más de lo que había exportado por ese rubro en el mismo período de 2019 --de hecho, en ese período, YPF fue más una exportadora agropecuaria que de petróleo crudo, apenas US$ 82 millones--. YPF Agro se hace de los granos aceptándolos como trueque por ventas de gasoil a los chacareros. Y el stock de granos con los que cuenta les permitiría abastecer el mercado.
Fue precisamente con esos granos que YPF lanzó el viernes la mayor restructuración de deuda corporativa de la historia de la Argentina. En una jugada ajedrecística pergeñada por Alejandro Lew, un economista de 46 años de edad Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, la petrolera le ofrece a sus acreedores internacionales canjearle los US$ 6.660 millones de papeles de deuda que tiene la empresa con vencimiento en el corto plazo por bonos nuevos que no pagarán intereses hasta 2023. De los bonos nuevos, dos no tiene garantía, y uno, que vence en el 2026, está respaldado por las exportaciones de granos y de crudo y derivados.
La Argentina es una de las tres llanuras agrícolas más productivas que tiene el mundo. Por las bondades de esa llanura es el tercer productor mundial de soja y es el principal exportador mundial de sus derivados, como la harina y el aceite. Lo mismo ocurre con el maíz. Aún sin ser el mayor productor mundial, Argentina tiene tantos excedentes del cereal, que es el tercer exportador mundial de ese grano. Y es en base a esa fortaleza que YPF se encamina a normalizar su deuda, dejar de pagar intereses hasta que llegue el próximo Gobierno, y reinvertir sus ganancias para hacer crecer Vaca Muerta.
YPF tiene otro brazo semejante al de YPF Agro. Es dueña del 50% de Profertil, la productora de Urea basada en Bahía Blanca que abastece el 80% de los fertilizantes que consume el campo argentino. Les vende Urea al dólar oficial para sus cosechas. Planea desde hace años duplicar su producción para poder exportar además de abastecer al mercado local. Precisa hasta US$ 1.500 millones en inversión de infraestructura. Como el mercado privado de deuda le pediría tasas por encima del dígito para prestarle, es seria candidata a requerir financiamiento de los bancos multilaterales, que distribuyen luego estas deudas a banco especializados en inversiones agropecuarias como el Rabobank. Desde Washington aseguran que es ese el tipo de proyectos que esperan con los brazos abiertos después de haberse quemado con empresas privadas como Vicentín y Molino Cañuelas que defaultearon US$ 3.000 millones que todavía no encuentran resolución. El caso de Vicentín hará que por muchos años los multilaterales de crédito sean mucho más reacios a prestarle a un privado argentino que no muestre sus balances. La sensación en el caso de la empresa de Avellaneda, Santa Fe, es la de estafa y dan por sentado que una buena parte del dinero que le prestaron está escondida --no por otra cosa fue que consiguieron un discovery en un juzgado New York. Descuentan que la plata robada está en algún lado, sólo hay que encontrarla.
YPF puede revertir esa mala reputación de los empresarios argentinos. Desde que fue estatizada en 2012, tomó hasta US$7.000 millones de deuda en bonos bajo el liderazgo de Miguel Galuccio, presidente y CEO, y de Daniel González, CFO. Siempre funcionó como rompehielos para todas las empresas privadas Argentinas que salían al mercado global luego de que la petrolera les abriera el camino. Pese al espejismo del Mercado Libre, los miembros del Foro Empresarial como Luis Pagani de Arcor, que tiene un vencimiento de US$500 millones en 2023, seguramente le están prendiendo una vela al éxito de YPF en su oferta. Arcor no tiene los US$500 millones para pagar ese vencimiento y no podrá juntarlos de acá al 2023. Tampoco podrá refinanciarlos a una tasa razonable si la mayor empresa de la Argentina no consigue refinanciar su deuda a tasas de un dígito. Arcor, y todas las empresas argentinas endeudadas en dólares como Telecom Argentina y todas las generadoras de electricidad, están atadas al destino de la operación de YPF para encontrar costos de endeudamiento razonables.
