CLAUDIO JACQUELIN
Una versión bastante aceptada y generalizada da por cierta la existencia de una división presidencial del trabajo, dispuesta por Cristina Kirchner, que deja en manos de Alberto Fernández el manejo de la economía.
Como sucede con todas las versiones, la única forma de corroborarlas, si no es por medio del testimonio ratificatorio de sus autores, es cotejándolas con los hechos que podrían darle sustento. Así, se puede advertir que el método empírico no estaría dándole soporte suficiente a la hipótesis como para aceptarla sin algunas reservas.
Eso permitiría explicar un fenómeno que empieza a advertirse: el incipiente reverdecer del "capitalismo de amigos", como caracterizó en 2007 el exministro de Economía Roberto Lavagna el proceso de transferencia de activos y la explosiva expansión de casi desconocidos empresarios. También podría ser un revival de la segunda etapa de aquel proceso, que consagró a los empresarios "expertos en mercados regulados". La dinámica actual de conversaciones y sondeos en pos de la compraventa de empresas, traspasos de paquetes accionarios y la búsqueda de inversores atípicos así lo indica. La mayoría de los eventuales compradores son gente que no acostumbra a arriesgar patrimonio propio. Su capital es su agenda.
Por el contrario, buena parte de los empresarios tradicionales de sectores diversos miran el escenario con escepticismo y cautela, amparados en la máxima del esperar y mirar, reticentes a hundir más capital en medio de tantas incertidumbres (políticas, económicas y sanitarias) reinantes. La imagen de una supuesta división del trabajo no los convence, a pesar de los esfuerzos de la Casa Rosada por instalarla.
En primer lugar emerge como evidencia el tiempo que suele dedicar el ministro de Economía, Martín Guzmán, para explicar y conformar a la vicepresidenta respecto de sus proyectos, acciones y decisiones. El propio ministro lo admite a quien se lo pregunta. Y son muchos los que lo hacen. No solo curiosos periodistas. También lo escuchan numerosos empresarios.
A esto se suman los cambios o frenos que han sufrido algunas de las iniciativas de la firma Fernández-Guzmán. El elogiado (por sus autores) presupuesto 2021 opera como caso testigo. Al inusual trámite a que fue sometido en el Senado, donde ningún papel se mueve sin que lo sepa y lo autorice la presidenta de la Cámara, se añaden las reformas de las actualizaciones de las jubilaciones que alteran las previsiones "científicamente" elaboradas. Solo ejemplos recientes. Más atrás la casuística encuentra otros avales, como las leyes de teletrabajo y de la economía del conocimiento.
La política de controles de precios o congelamiento de tarifas y su impacto sobre los balances, que en muchos casos arrojan rubros en rojo por el desfase entre costos e ingresos desactualizados, también es vista como el fruto de concesiones intracoalición gobernante. Es la tarea que le toca hacer al más ortodoxo de los heterodoxos, como denominan al titular de Hacienda empresarios, economistas y políticos. Todas las categorías siempre dependen del contexto.
En igual sentido se interpretan en el Gobierno y en el empresariado los nuevos embates desatados sobre el ministro Matías Kulfas, un blanco fijo del cristinismo desde antes de haber asumido en representación del albertismo más puro.
"Matías es uno de los pocos del Frente de Todos que entienden y se entienden con los sectores productivos. No le pegan porque es de los 'funcionarios que no funcionan', sino porque disputan espacios de poder", afirman desde el entorno del ministro, en una explícita admisión de las luchas internas del oficialismo, no solo en el plano político, sino también por las áreas que el cristinismo dice haber concesionado.
Las consecuencias empiezan a verificarse en la práctica. Los intentos en marcha de hacerse de empresas por parte de los grupos vinculados al sindicalismo o aquellos con origen y terminales en la política, como el omnipresente fantasma de José Luis Manzano, a los que señaló en su última columna Carlos Pagni, no son excluyentes.
Casi todos los negocios concesionados o regulados por el Estado están bajo diagnóstico por imágenes por parte de empresarios locales acostumbrados a navegar en aguas no siempre transparentes, patrulladas por agentes resbalosos y sometidas a corrientes cambiantes.
Un industrial argentino, que integra una de las principales cámaras del país, lo explicaba con sencillez: "La salida de empresas o inversores internacionales es un hecho y eso nos pone ante una buena oportunidad para hacernos de compañías cuyo margen de rentabilidad puede depender de reglas de juego cambiantes e imprecisas. Nosotros estamos acostumbrados y sabemos movernos en ese terreno. Yo estoy armando algo para ingresar en el sector de telecomunicaciones en el interior", reveló alguien que sabe de lo que habla. Él pasó de ejecutivo de una multinacional a empresario cuando los dueños extranjeros decidieron irse del país durante la crisis de principios del siglo XXI. Lo logró con poco, haciéndose cargo del pasivo de la compañía.
Su caso no es una excepción. Muchas deudas de empresas cuyos dueños deciden redireccionar sus negocios hacia otros países son con estados o entes nacionales y subnacionales, o fruto de conflictos laborales y sindicales. Algunos "emprendedores" nacionales suelen contar con el beneplácito de funcionarios de algunas administraciones para resolver esos problemas con ciertas facilidades. Son los empresarios eléctricos: dependen siempre de un buen enchufe. Muy viejo, pero también muy de la Argentina del siglo XXI.
La visión de aquel ejecutivo emprendedor devenido empresario tiene sustento en las estadísticas. En despachos de Economía y de la AFIP admiten que un porcentaje considerable (que se rehúsan a revelar) de los mil mayores contribuyentes del país cambiaron o iniciaron trámites para mudar su domicilio fiscal del país. Una exportación no tradicional que no reportará, precisamente, divisas.
Las expectativas de una recuperación sensible de la economía para el año que viene, pronosticada por el oficialismo y avalada con diferencia de matices por economistas de diversa adscripción, no parecen suficientes para atraer capitales. Tampoco para retenerlos. Salvo en los pocos sectores donde hay ventajas comparativas para exportar o donde el Estado promete algunas garantías. La agroindustria y el sector energético son el último baluarte, aunque abunden reclamos y quejas.
Resulta evidente que se evalúa mucho más que variables estrictamente económicas. "Cualquier empresario o alto ejecutivo que nos consulta sobre las perspectivas lo primero que pregunta cuando le hablamos sobre medidas o posiciones del Gobierno es: '¿Y Cristina qué piensa, está de acuerdo?'", relató el director de una consultora que tiene entre sus clientes a buena parte del empresariado.
A pesar de los muchos parecidos hay algunas diferencias sustanciales con aquellos años en los que se instauró el capitalismo de amigos o florecieron los expertos en mercados regulados. Entonces fue fruto de una deliberada política oficial. Ahora es por imperio del "vamos viendo" de una administración bicéfala. Difícil predecir cuál terminará siendo más exitosa. Mientras tanto, en el Gobierno prefieren que pase inadvertida. Mucho más mientras se desarrollan las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.
El contexto aporta complejidades: el primer test electoral que enfrentará el año próximo el gobierno Fernández-Kirchner les agrega volatilidad a todos los análisis. Más cuando la reconfiguración del escenario político sigue abierta.
Un caso testigo puede ser el reciente apoyo de los legisladores cordobeses a la iniciativa que el cristicamporismo impuso para reducirle fondos a la ciudad de Buenos Aires, que disparó nuevas alarmas. La oposición de Juntos por el Cambio empezó a trabajar a destajo para tratar de captar a los cordobeses que combinan su adhesión al peronismo local con un antikirchnerismo furibundo. Una luz de ilusión para los cambiemitas.
Sin embargo, la baja participación en las elecciones de Río Cuarto abre un inquietante interrogante sobre la representatividad y capacidad de contención de las fuerzas políticas constituidas, como son las dos coaliciones que dominan la política nacional. ¿Habrá sido solo un fenómeno local o puede extrapolarse a otras zonas del país? La duda empieza a expandirse y a generar nuevas incertidumbres.
No son preocupaciones que arredren a los emprendedores del capitalismo de amigos ni a los expertos en mercados regulados. Dejan esos devaneos para analistas y políticos. Los ríos revueltos dejan buenas ganancias.
