Senadores no modificó lo aprobado en Diputados. Vea aquí la norma sancionada.
La Cámara de Senadores de Catamarca, por unanimidad, dio sanción definitiva al proyecto de ley por el cual se modifica el Código de Procedimiento Minero. Se le asignó a dicha normativa en número 5.682.
El presidente de la Comisión de Minería de la Cámara alta, el senador Jorge Solá Jais señaló que la modificación del Código apunta a “modernizarlo, actualizarlo y que el mismo sea acorde a los tiempos que corren”.
Enfatizó, además, que la presente Ley “viene a cortar de raíz la especulación con las concesiones mineras”, además de darle “la posibilidad y herramientas al Gobierno, para que realmente sea una realidad el desarrollo minero en la provincia de Catamarca”.
En este sentido, el senador subrayó cambios sustanciales en el cambio de autoridad y agilidad al proceso.
Por su parte, los senadores Raúl Barot y Mario Carrizo coincidieron en que se trata de una Ley “superadora y actualizada”, al tiempo que garantizaron “seguridad jurídica”.
“Que los inversores se queden tranquilos porque si van a tener seguridad jurídica”, precisó Carrizo al tiempo que celebró la aprobación de las modificaciones recordando la oportunidad al desarrollo minero, y beneficios para gente del lugar donde está el emprendimiento.
Desde el sector del bloque UCR, el senador Ariel Cordero adelantó el acompañamiento al proyecto considerando que el Gobierno “va a tener la oportunidad de esta modernización del sistema y mostrarnos que efectivamente estamos en el camino correcto, que vamos por el buen camino”.
“Seguramente en breve veremos los frutos de este Código y roguemos que sea lo mejor para nuestra provincia y para nuestros jóvenes”, expuso en parte de su elocución el representante de Ancasti.
De acuerdo con el artículo 3º, el Juzgado Electoral y de Minas formará parte de la justicia ordinaria, y estará integrado por un Juez Letrado, para cuya designación se requieren los mismos requisitos que para los demás jueces de primera instancia, y será nombrado en la misma forma y tendrán idéntica calidad y prerrogativas que los demás jueces de los Juzgados de Primera Instancia.
Por su parte, serán atribuciones del Juez Electoral y de Minas: a) Entender en el recurso de revisión previsto en el Código de Procedimiento Minero de la Provincia; y b) Entender en primera instancia en las acciones por indemnización que se entablen de conformidad a lo previsto en el Código de Minería, sin perjuicio de los restantes deberes y atribuciones establecidos en la Ley N° 4448 Ley Electoral de la Provincia.
De igual manera, en su artículo 5°, manifiesta que “la estructura orgánica de la Autoridad Minera deberá contemplar, sin perjuicio de aquellas que disponga el decreto respectivo, el cumplimiento de las siguientes funciones básicas: a) Escribanía de Minas; b) Catastro Minero; c) Gestión Ambiental Minera; d) Policía Minera.
“El presente proyecto pretende modificar la figura de la Autoridad Minera, orientada a una interfuncionalidad de poderes, que en forma mixta, genere un canal de integración y equilibrio hacia el desarrollo sustentable de la industria minera, sin olvidar que se trata de un recurso natural no renovable, cuyo dominio originario corresponde al Estado provincial”, expresa parte de los fundamentos del Ejecutivo.
En dicho contexto es que el presente proyecto instaura una Autoridad Minera Administrativa, la cual funcionará en la órbita del Ministerio de Minería, organismo que en la actualidad desarrolla toda la labor técnica correspondiente al procedimiento vigente, y quien, en este nuevo esquema tendrá, a su vez, a cargo la competencia concedente (facultad de conceder, denegar o declarar caducos los derechos mineros), procesos en los cuales gravitará la asistencia de la figura del Escribano/a de Minas, a fines de dar fe de los procedimientos.
“Además de la modernización en la tramitación del proceso, el presente proyecto establece un procedimiento minero respetuoso de las garantías del debido proceso legal; la exploración y/o explotación del recurso natural en tiempo oportuno; la determinación de plazos y términos procesales que garanticen que el tiempo y la burocracia no constituya un impedimento para el desarrollo minero, y la instrumentación de herramientas que garanticen el cuidado y respeto del medio ambiente, a través del cumplimiento de la normativa vigente a fin de garantizar una actividad minera responsable, transparente, confiable, sustentable y sostenible en el tiempo. Finalmente, y considerando que la minería es una Política de Estado en nuestra provincia, se busca potenciar a la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYENS.E. ), dándole prioridad en el marco de lo dispuesto por el Código de Minería de la Nación, e] cual faculta a la provincia a establecer zonas exclusivas de interés especial con el objeto de llevar adelante las tareas de reconocimiento de las riquezas mineras que existen en el territorio provincial”, explica el fundamento de la ley girada por el Poder Ejecutivo.
La Cámara de Diputados de la Provincia, por 28 votos a favor y 11 en contra, dio media sanción al proyecto de ley del Nuevo Código de Procedimientos Mineros.
Luego de un extenso debate, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría (con 28 votos positivos) el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y que establece un nuevo Código de Procedimiento Minero el cual está orientado a una internacionalidad de poderes en cuanto a la autoridad de aplicación.
De esta forma, se instaura una Autoridad Minera Administrativa, la cual funcionará bajo la órbita del Ministerio de Minería y teniendo la misma la posibilidad de ejercer funciones jurisdiccionales en la medida en que exista un control judicial posterior.
El proyecto aspira a simplificar la administración y agilización de los trámites acortando los plazos y términos del procedimiento vigente, mejorando de este modo el atractivo de la provincia frente a los inversores.
En la sesión, Augusto Barros rechazó enfáticamente una presunta inconstitucionalidad de la iniciativa (en relación al artículo 203 de la Constitución Provincial) señalando que “la Corte de Justicia de Catamarca en un fallo dio la razón por la mayoría de los votos sobre la existencia de la jurisdicción administrativa”, es decir, en cuanto a las funciones jurisdiccionales de la autoridad minera. En este caso, el poder Ejecutivo. Fallos contemplan la existencia de la jurisdicción administrativa. Además, esgrimió que “transformar la autoridad administrativa significa que no se necesita patrocinio legal, la administración es informal, se trata de un procedimiento, no de un proceso”.
Por su parte, Tiago Puente, consideró que el proyecto sería inconstitucional por que conculcan lo dispuesto por la Carta Magna provincial puesto que el mismo indica que “corresponde a la Corte de Justicia y demás tribunales o juzgados inferiores, el conocimiento y decisión de todas las causas civiles, comerciales, laborales, criminales y de minería, según que las cosas y las personas caigan bajo la jurisdicción provincia”.
A su turno, Hugo Ávila planteo que se debía incluir la participación de las comunidades en general y que se debería modificar el “trazo grueso” de la normativa de fondo en materia minera.
El debate continuó con la participación de José Sosa quien consideró que no se debe “cambiar lo que dio seguridad jurídica al inversor”. Luego Carlos Marsilli dijo que iba a acompañara contemplando que se debe “pensar en la juventud que espera ansiosa tener una oportunidad mejor”. “Que la actividad minera deje de ser un negocio inmobiliario” agregó.
Daniel Lavatelli dudó respecto a “qué pasará con los actos que están en el juzgado de minas” mientras que Francisco Monti dijo que “descalificar la autoridad judicial por como funciona que tuvo fallas notorias no implica que el sistema en sí mismo sea malo”. Natalia Ponferrada indagó si los logros alcanzados en los últimos tiempos impactarán en el futuro de la minería para expresar que la respuesta se dará con el acompañamiento al proyecto.
Juana Fernandez mencionó que le hubiese “gustado poder acompañarlos pero hubo falta de diálogo y consensos” manteniendo la postura de una presunta inconstitucionalidad, situación que luego Armando Zavaleta respondió: “Tengo el convencimiento que no es inconstitucional”.
Así, Paola Fedeli sintetizó el código minero vigente para destacar las necesidades de actualizar el mismo con el proyecto en debate. Genaro Contreras, a su turno, evaluó que el sistema actual “es mejor” aunque anticipó el acompañamiento ya que “el Gobernador debe tener la oportunidad de establecer la política minera”.
El vicepresidente del cuerpo, Maximiliano Rivera manifestó que “hubo claridad en los aspectos técnicos” desarrollados por sus pares de bloque para remarcar que “no podemos hacer otra cosa que cederle al Gobernador la oportunidad para desarrollar” una política minera. Guillermo Marenco resaltó la postura de los legisladores del interior provincial “con un planteamiento serio y acorde, defendieron lo que ellos creen que para su pueblo es lo mejor”.
Luis Lobo Vergara mantuvo la postura sobre la supuesta inconstitucionalidad del proyecto deslizando que ello se responderá a futuro mientras que Marita Colombo deseó “que modifiquemos el Código si es que hace falta pero apelando a argumentos que sean compatibles”. Enrique Cesarini expresó que, como legislador, “pretendo el progreso y el crecimiento de mi provincia, pretendo supervisar el sistema y dejar en claro que como bloque vamos a acompañar”.
Luego, la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, subrayó que “el sistema actual no demostró estar a la altura de las circunstancias hasta incluso, se extralimitó avanzando sobre funciones propias del Ejecutivo”. En línea con la mayoría de las exposiciones, afirmó que “no es inconstitucional el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte del Ejecutivo”.
Al contrario, Victor Luna perseveró en la noción de que el proyecto “resulta inconstitucional”. “Si se llega a considerar que la nueva autoridad de aplicación es constitucional, las jurisdicción no” apreció. El último orador fue Marcelo Murua, quien apuntó que no se debía “defender un sistema que a todas luces no siguió el espíritu que marca el Código de Minería de la Nación” puesto que este es el marco de fondo. “En Catamarca se puede solicitar una pertenencia minera, no cumplir con el código de fondo y aún así mantener la pertenencia de la mina” cerró.
La Cámara de Diputados tratará el proyecto de reforma del Código de Procedimientos Mineros, por lo que se espera un largo debate en la segunda sesión extraordinaria del cuerpo.
Sin embargo, es prácticamente un hecho que el proyecto remitido por el Ejecutivo obtendrá la media sanción, ya que el oficialismo tiene los números para aprobarlo. A esta situación se suma que podría conseguir más adhesiones por parte de la oposición.
De acuerdo con lo que pudo conocer este medio, la modificación al Código de Procedimientos conseguiría el acompañamiento de al menos otros cuatro diputados de la alianza Juntos por el Cambio: dos serían del radicalismo y dos de un partido socio. Este tema ya habría sido tratado dentro del interbloque opositor por lo que no habría sorpresas a la hora de votar el proyecto.
De esta forma, sería la segunda vez que la oposición en la Cámara de Diputados vota dividida. La vez anterior fue cuando se trató el proyecto de la Emergencia Hídrica. En esa ocasión, siete diputados de la oposición se abstuvieron de votar, mientras el resto del bloque decidió acompañar a la propuesta del Gobierno provincial, que fue remitida al Senado para conseguir su sanción definitiva. En la sesión de hoy, el debate pasará por dos de las modificaciones al Código que más polémica generaron.
Ellas son el cambio de la autoridad minera de judicial a administrativa y el otorgamiento de prioridades a la empresa minera estatal CAMYEN para solicitar las áreas que sean liberadas. El proyecto llega con dos despachos de la Comisión de Legislación General, uno del oficialismo y otro de la oposición. El del FT recomienda aprobar el proyecto e introduce algunos cambios. El de la oposición solicita rechazarlo.
Días atrás, en diálogo con El Ancasti, la ministra de Minería, Fernanda Ávila, defendió los cambios que se promueven en la ley. Consideró que la existencia de información disociada entre la autoridad administrativa y el Juzgado de Minas generó retraso en el desarrollo minero. Es por eso que se impulsa que sea el Ministerio de Minería la autoridad administrativa y la Justicia de Minas sea una instancia para la revisión judicial. En este marco, Ávila consideró que hay cierta resistencia a los cambios, pero aclaró que el 85% de los procesos vinculados con la minería ya estaban a cargo de la autoridad administrativa.
El senador nacional por Catamarca Oscar Castillo se expresó en contra de la modificación del Código de Procedimientos Mineros que pasa la autoridad minera al Ministerio de Minería en detrimento del Juzgado de Minas. "Lo más probable es que no lo acompañemos. No es una cuestión de gobierno sino que creemos que es más importante para la Provincia tener seguridad jurídica y que las inversiones mineras que deberían ser más allá de los gobiernos de turno, sigan teniendo seguridad jurídica. El análisis político hay que hacerlo en base a las conveniencias de la Provincia y no de un gobierno de turno", sostuvo en diálogo con la prensa.
El legislador, si bien destacó que la oposición acompañó iniciativas del gobierno que "consideró que debía acompañar", sostuvo que en el caso del Código de Procedimientos Mineros no será posible. "Hablamos con el juez (de Minas Guillermo) Cerda, con especialistas y yo me tomé el tiempo de hablar con las grandes empresas que puertas adentro dicen que es más importante la cuestión judicial", dijo. Finalmente, aseguró que este cambio "es un ataque al Poder Judicial". "Ya lo degradaron sacando el Consejo de la Magistratura y metiéndole por la ventana más miembros a la Corte. Ahora le sacan esto", cerró.
