Las protestas continuaron en La Oroya por un segundo día, a espera de que se dé una solución sobre la situación de los activos de Doe Run. El proceso que seguirá la empresa es la liquidación ordinaria, como lo mencionó el Ministerio de Energía y Minas (Minem), tras superar el plazo de liquidación en marcha, que venció el 18 de noviembre.

Para el 9 de diciembre estaba programada la reunión de la junta, pero se ha adelantado al lunes 7 de este mes, señalan los acreedores laborales.

La demanda de este grupo es la adjudicación directa del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) como parte del proceso de dación en pago, aspecto no concretado por la necesidad del cierre financiero: el pago de los US$ 7 millones de IGV, el impuesto a la renta y demás pagos que superan los US$ 16 millones, entre otros.

Luis Castillo, representante de los acreedores laborales, señaló que pueden realizar estos pagos, agregando que ya han destinado US$ 1,5 millones para las concesiones. Apuntó a que este pago de impuestos no lo pueden realizar hasta tener el CMLO y revalorizar el activo, tasado actualmente en US$ 68,7 millones.

Agrega que continuarán con el paro si no se atienden las demandas.

Cuestionamiento

Bajo la deuda corriente, un 52% de trabajadores firmó la dación en pago y el 48% opta por que les cancelen la deuda. De este último grupo, han cuestionado la gestión de Castillo para la dación en pago y la forma en que se quiere obtener el CMLO. Insisten en que no están en contra de la transferencia de este activo, pero sí de la forma.

“Hay que ser realistas, no hay financiamiento. No había para pagar el IGV y los beneficios sociales”, indica un acreedor que pidió mantenerse anónimo.

Aspecto a mencionar es que, de transferirse el complejo, implicará poner en planilla a los trabajadores, lo que generará una nueva deuda corriente, al no tener un financiamiento sólido ni socios estratégicos comprobados, sostiene esta persona.

Doe Run tiene una deuda concursal con los trabajadores de US$ 49,6 millones y una corriente de US$ 109,4 millones, ambos montos en bruto.

Trabajadores quedarían despedidos

La liquidación ordinaria corta la relación laboral con los 1.700 empleadores, 200 de ellos en actividad. Ello una vez que la junta acepte esta vía.

Los acreedores laborales que no firmaron la dación en pago también se muestran contra la liquidación simple, pidiendo que se entregue el CMLO a un precio simbólico.