La ministra de Minería, Fernanda Ávila, defendió los cambios que se promueven en el Código de Procedimientos Mineros. Consideró que la existencia de información disociada entre la autoridad administrativa y el Juzgado de Minas generó retraso en el desarrollo minero. Es por eso que se impulsa que sea el Ministerio de Minería la autoridad administrativa y la Justicia de Minas sea una instancia para la revisión judicial.
Las modificaciones en el Código de Procedimientos Mineros se debate en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. El Gobierno quiere que la iniciativa se apruebe este año.
En diálogo con El Ancasti, Ávila se refirió a los puntos claves de la iniciativa. "No es solo la actualización del Código sino que corre por dos carriles. Por un lado, está el cambio de la autoridad judicial a una autoridad mixta, quien concede, deniega o declara caduca las concesiones; será la autoridad minera; y, por otro lado, estará la posibilidad de una revisión judicial amplia ante el juez de Minas", señaló.
Ávila consideró que hay cierta resistencia a los cambios, pero aclaró que el 85% de los procesos vinculados con la minería ya estaban a cargo de la autoridad administrativa.
"Catastro Minero, la Policía Minera, todo funciona dentro de la órbita de la administración. Tener disociadas las dos funciones ha generado retrasos en el desarrollo de la minería. La información disociada genera problemas, por eso estamos unificando la información en un área, pero sin dejar de garantizar la seguridad jurídica con la posibilidad de una revisión amplia con apertura a pruebas en caso de cualquier oposición a una resolución que dicte la autoridad minera", explicó.
Más adelante puntualizó que es necesaria la actualización de los procesos ya que es un Código que data de 1967. "Hay muchos avances tecnológicos en todas las etapas de la minería, como el hecho mismo de que hoy puedan existir expedientes digitales que simplifican, transparentan y agilizan el manejo de información que se incorpora. Desde las distintas etapas del proceso minero se introducen modificaciones y actualizaciones, se agilizan y acortan los plazos y además se permite a la gente tener acceso amplio a la información porque tiene un artículo específico donde establece que la información tiene que estar accesible al público", manifestó.
"Lo único que cambia es quien concede, pero la concesión es importante porque está fijada por el Código de Fondo. Es decir, todos los requisitos que tiene que cumplir un inversor los fija el Código de Minería de la Nación. No hay margen para la discrecionalidad. El Código de Fondo es tan específico que no hay un exceso de poder en una autoridad, lo único que cambia es centralizar la información en un solo lugar", explicó.
Otro de los cambios que introduce el Código Minero es la prioridad para que CAMYEN acceda a una concesión en caso de que se declare la caducidad de algún trámite otorgado.
"CAMYEN pasa a tener una prioridad. Hay una cuestión en el Código de Fondo que es la investigación geológica minera, lo que se agrega es la prioridad de CAMYEN en caso de que exista una caducidad o se cae una concesión. De esta manera, antes de abrirla al público, CAMYEN tiene una prioridad para optar, tiene 30 días hábiles para decir si quiere iniciar la investigación geológica minera. En caso de no querer se sigue el procedimiento común", explicó.
Ávila comentó que esta incorporación al Código ya se realizó en otras provincias, como San Juan, y apunta a potenciar las posibilidades de la empresa estatal minera. En este sentido negó que la propuesta desaliente a inversores privados.
"Es solo en caso de caducidad, la concesión se cae por falta de pago de canon o por falta de inversiones. Esto es para aquellos que no toman en serio la concesión y no quieren avanzar en un proyecto", definió.
El Ministerio de Minería, a través de las direcciones de Minería y de Promoción Social Minera, presentó ante la Secretaría de Minería de la Nación 85 proyectos por un monto de más de 31 millones, para financiar emprendimientos de artesanos mineros y ladrilleros catamarqueños. Nación deberá evaluar la documentación presentada y autorizar los fondos, que son no reintegrables.
Perfil
ALFREDO MARCHIOLI*
El gobierno de la provincia de Catamarca envió al Poder Legislativo la enésima versión del Código de Procedimientos Mineros. La primera versión la emitió la exgobernadora Lucía Corpacci (actual Diputada Nacional) quien encomendó a su sucesor, Raúl Jalil, la continuidad de la política minera catamarqueña.
El nuevo gobernador de la provincia retomó el proceso, con una gran movilidad de actores que produjeron diferentes versiones, hasta que se convocó una comisión de geólogos e ingenieros en minas de la Universidad Nacional de Catamarca para revisar y validar el proyecto. La última versión posee significativas mejoras en los procedimientos técnicos, que redundarán en la economía procesal y mejor proveer del desarrollo minero, sobre todo en la fase de exploración.
Etapa destinada a la factibilidad técnica-económica-ambiental de un proyecto minero. Hasta ahí, todo bien, excepto por dos “innovaciones” -impuestas en nombre de la declamada defensa de los intereses estatales- en detrimento de la calidad institucional y estabilidad jurídica. La última versión posee significativas mejoras en los procedimientos técnicos, que redundarán en la economía procesal y mejor proveer del desarrollo minero.
Excepto por dos "innovaciones" en detrimento de la calidad instituciones y estabilidad jurídica Cambio de Autoridad Minera Una de ellas, corresponde al cambio de autoridad minera. Es decir, aquel organismo que concede, deniega o quita derechos mineros. Actualmente, a cargo del Juzgado Electoral y de Minas en el ámbito del Poder Judicial. La pretensión del Gobierno es otorgarle esas atribuciones al Ministerio de Minería, dependiente del Poder Ejecutivo, que tiene la autoridad de policía, catastro minero y control ambiental.
El juzgado, en cambio, quedará relegado a resolver segundas instancias, para los recursos de apelaciones. Competitividad minera Las condiciones de macroeconómicas actuales de Argentina no son las mejores, principalmente por el desfasaje de la brecha cambiaria junto a las malas señales sobre la independencia de poderes, respeto a la propiedad privada y las libertades individuales.
El país conoce de proyectos frustrados: Potasio Río Colorado (Mendoza), Pascua Lama y Pachón (San Juan), Agua Rica y la ampliación de la planta del proyecto Fénix -principal productor de litio- en Catamarca. En este marco, el gobierno de Catamarca potencia la incertidumbre con un sistema de autoridad minera centralista, proclive a discrecionalidades, intereses y tiempos políticos, que reducen las expectativas sociales de una minería ambientalmente sostenible, socialmente responsable y económicamente equitativa.
Por otro lado, las pocas inversiones mineras se mostrarán prudentes hasta tanto haya certezas sobre el accionar, criterios y comportamientos del nuevo sistema de autoridad minera. Consecuentemente, perderá posiciones el Fraser Institute Survey of Mining Companies, iniciativa que mide la potencialidad geológica y los efectos de la política gubernamental en las inversiones de exploración. La carencia de consenso social es una debilidad, producto de las bajas expectativas sociales en la actual política minera Y para colmo, el Gobierno de Catamarca se caracteriza por ser impetuoso con las instituciones republicanas y democráticas.
En una fatídica sesión en la cámara de diputados, eliminó el consejo de la magistratura, incorporó dos miembros adicionales a la corte de justicia y borró de la ley electoral las garantías de representación de las minorías en los consejos deliberantes.
Privilegios Mineros La segunda “innovación”, prevé que las minas declaradas vacantes o caducas por la autoridad minera administrativa (Poder Ejecutivo) puedan ser retenidas en un periodo de carencia de 30 días por la empresa minera estatal CAMYEN, cuyas acciones le corresponden absolutamente al Estado provincial, que tiene como único representante al gobernador en ejercicio.
En el mismo país, el gobierno nacional lanzó la Mesa del Plan Estratégico Minero, que incluye 5 ejes destinados a una minería: Inclusiva, Sostenible, Competitiva, Integrada y con Calidad Institucional. Cabe advertir que Catamarca, la principal provincia minera, va en sentido contrario al anhelo de generar condiciones favorables para el atractivo de inversiones mineras.
En este contexto, la política minera de Catamarca -con extraordinario potencial minero- debe estar abocada a incrementar las fortalezas y reducir las debilidades.
El desglose del juzgado electoral y de minas, en dos juzgados, mejorará la calidad institucional y la eficiencia del Estado, sobre todo en años electorales, donde los procesos mineros quedan paralizados. El gobierno de Catamarca potencia la incertidumbre con un sistema de autoridad minera centralista, proclive a discrecionalidades, intereses y tiempos políticos La carencia de consenso social es una debilidad, producto de las bajas expectativas sociales en la actual política minera.
La reforma del código, oficia de oportunidad para informar, digitalizar y transparentar la minería, incorporando la participación ciudadana mediante audiencias públicas, que permitan lograr y sostener licencias sociales, conducentes a un desarrollo sustentable. Las inversiones mineras en Argentina a los tumbos, por pasos improvisados que vuelven a tropezar con la misma piedra.
*Profesor de Geología Económica de Proyectos, Facultad de Tecnología y Cs Aplicadas, UNCa.
