SANTIAGO SPALTRO

La Subsecretaría de Energía Eléctrica tiene a la firma una resolución para girarle $ 4100 millones a Buenos Aires en concepto de asistencia financiera para que la provincia pague una deuda de larga data con las distribuidoras Edesur y Edenor.

Los fondos se destinarán a inversiones "prioritarias" para el mantenimiento de la red, con un solo objetivo: evitar que en el verano se disparen los cortes de luz y que no se repitan las críticas de los intendentes, que en el invierno pidieron el fin de la concesión de Edesur y hasta la estatización de la empresa por su calidad de servicio.

La deuda se acumuló desde 2011 y corresponde al consumo de energía eléctrica en los barrios populares, en donde hay medidores comunitarios y los usuarios no pagan de forma directa.

En la Secretaría de Energía apuntan que los $ 4100 millones representan "apenas un quinto" de los $ 20.000 millones que -piensan- Edesur y Edenor deberían invertir para mejorar sus redes y bajar definitivamente la duración y la frecuencia de los cortes.

Del total, unos $ 3000 millones (el 75%) corresponde a Edesur, controlada por el grupo italiano Enel, y el resto a Edenor, del holding Pampa Energía.

Esta distribución se corresponde con una mayor presencia de barrios vulnerables en el sur del Gran Buenos Aires (GBA), área de concesión de Edesur.

En sus recientes presentaciones de resultados, ambas compañías anotaron pérdidas y criticaron el congelamiento de las tarifas, además de notificar que bajaron nominalmente los montos que destinaron a inversiones por la falta de ingresos genuinos.

Las obras se verán en el conurbano casi al mismo tiempo en que el Gobierno estará anunciando un aumento en las tarifas de luz y gas para reducir los subsidios.

El control del programa estará a cargo de Federico Basualdo, que hasta el mes pasado fue el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), órgano de contralor que fiscaliza el desempeño de ambas firmas.

En su anterior puesto será designada a la brevedad una mujer, según anticiparon fuentes oficiales.

Desde hace meses, la mayoría de las distribuidoras de electricidad de todo el país no pagan la propia energía que compran a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), una sociedad mixta que administra el Estado.

Las obligaciones con Cammesa superaron en octubre los $ 120.000 millones, precisamente con Edenor y Edesur al tope de la lista de las deudoras.

Para solucionar este conflicto, el Gobierno propuso en el Presupuesto 2021 un plan de pagos atado a un plan de inversiones.

Apenas asumió el secretario de Energía, Darío Martínez, reconoció que en el verano se multiplicarán los cortes de luz, debido a que, por la pandemia, habrá más población en su casa y no tantas personas en oficinas y comercios.

Aún así, el clima tendrá la última palabra y una seguidilla de días con altas temperaturas sobrecargaría los cables, pese a que las cuadrillas eléctricas estén con toda su dotación en las calles.