FERNANDO BERTELLO

Después de que el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, que conduce Máximo Kirchner, convocara a una sesión especial para el martes con el fin de tratar el proyecto de impuesto a la riqueza para quienes tienen un patrimonio de más de $200 millones, entidades del campo expresaron un fuerte rechazo a la iniciativa.

En un comunicado, la Mesa de Enlace manifestó su "alarma" por el "nuevo impuesto que se suma a la larga lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de exportación, que viene pagando el sector, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor".

La Mesa de Enlace calificó al proyecto de "confiscatorio" y dijo que atenta "contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina lo necesita desesperadamente".

"Contrariamente a lo que se promociona, este impuesto no impactará solo en las grandes fortunas, dado que es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio. Ello hace que, en un gran porcentaje de los casos, los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deban desprenderse de activos claves como maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen", indicó.

También la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que le había enviado cartas a los legisladores nacionales de esas provincias, alertó que los productores alcanzados deberían vender activos para poder pagar el tributo.

"Rescatamos la necesidad de actuar solidariamente en el marco de la pandemia, pero destacamos y remarcamos la perjuiciosa aplicación de esta ley para los productores agropecuarios, que podrán ser patrimonialmente relevantes pero cuya actividad productiva tiene bajo flujo de fondos lo cual obliga a liquidar activos para afrontar dicho impuesto/aporte, impidiendo encarar los procesos de reinversión tan necesarios dada la realidad económica de nuestro país", dijo Carbap.

Según la entidad, el impuesto toma en consideración los activos "aun cuando los mismos tengan pasivos". Puso como ejemplo el caso de contratistas con cosechadoras que aún no han terminado de pagar, "y de la cual son dueños de un porcentaje, imputándose para el impuesto/aporte el total del valor del bien".

También precisó que "no existe un mínimo no imponible sino un mínimo no gravado, lo cual provoca que la persona que supere con sus activos en $1 los $200 millones pagará sobre el total y no sobre el excedente a ese monto".

"Este impuesto/aporte no mantiene las prerrogativas que alcanza la ley del impuesto a los bienes personales (en su artículo 21 inciso f, en donde quedan exceptuados los bienes e inmuebles utilizados en la producción agropecuaria), la cual claramente diferencia sobre bienes de carácter suntuario o financieros, de bienes de carácter productivo como son las parcelas rurales", apuntó.

En el campo alertan que los productores alcanzados tendrían que desprenderse de activos para pagar el tributo Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Apenas se presentó el proyecto, que tuvo dictamen en septiembre pasado, el consultor en temas tributarios del agro Héctor Tristán le había expresado a LA NACION que el tributo representaba un "superimpuesto".

"El contribuyente, en este caso el productor que ya pagó bienes personales, ahora le aplicarán sobre todos sus bienes, el campo incluido, un superimpuesto", dijo.

Para la Mesa de Enlace de Santa Fe, que también se pronunció en contra del tratamiento, el impuesto hará que se contraiga la inversión y, como indicó Carbap, los productores tengan que desprenderse de activos para pagarlo.

"La actual presión tributaria que carga sobre los argentinos que trabajan y producen para poner al país de pie, y en especial los santafesinos, no tiene lugar para más impuestos. Por eso estamos convencidos que el nuevo proyecto denominado 'aporte solidario' no es el camino, porque es lisa y llanamente un nuevo impuesto que contrae la inversión, único sendero para la generación de empleo genuino", afirmó.

"Este aporte recae sobre los activos sin tener en cuenta la fuente económica que lo genera, por lo tanto llevará a los individuos y sus empresas a descapitalizarse para afrontar su pago, generando postergación de inversiones, menor utilización tecnológica y por tanto un menor nivel de actividad económica", agregó la Mesa de Enlace de Santa Fe, integrada por Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe).

También la Fundación Barbechando, que sigue los temas legislativos en el Congreso, alertó sobre el impacto de la sanción del nuevo impuesto. "Le pega de lleno a las pymes agroindustriales, agroalimenticias, fabriles, industriales y de servicio, motores fundamentales de la generación de empleo", señaló la organización.

"No tenemos dudas que esto redundará en menos empleo, menos actividad económica y menos exportaciones, imposibilitando la recuperación tan esperada de los efectos de esta pandemia", agregó. En opinión de la Fundación Barbechando, el tributo aumentará los niveles de pobreza que el Gobierno busca revertir.