Por minería ilegal Antioquia es el cuarto departamento con mayor pérdida boscosa en Colombia
Según la plataforma de monitoreo de bosques, Global Forest Watch, Antioquia es el cuarto departamento de Colombia con mayor pérdida de bosques. En 2019, la región registró unas 11.000 hectáreas de bosques deforestados.
La revista Semana, dio a conocer que “entre 2000 y 2019, Colombia le dijo adiós a cerca de 2,8 millones de hectáreas de bosque, cifra superior a la extensión de un departamento como Cundinamarca”.
Global Forest Watch, atribuyó parte de las pérdidas ocurridas en los últimos años al posconflicto: "La pérdida de bosques primarios aumentó rápidamente en el país después de un acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, el cual puso fin al violento conflicto, pero también generó un vacío de poder en tierras previamente ocupadas en el Amazonas".
Es por eso que problemáticas como, el acaparamiento de tierras, la extracción ilícita de minerales, los cultivos de coca, la expansión de vías y la tala ilegal, son el reto por vencer en el arduo camino de la preservación del medio ambiente.
La revista Semana afirmó que en varios sitios del Pacífico y la región Andina “el verdugo” de los bosques es la minería ilegal, “una actividad que no sólo hace palidecer el verde sino que contamina los ríos y suelos con mercurio”. Caso distinto, pero no menos grave, al que se experimenta en la Amazonia, “donde las mafias hacen desaparecer el bosque para adueñarse de las tierras y meter ganadería”.
“En 2019, esta actividad ilegal fue la mayor responsable de que el departamento perdiera más de 11.000 hectáreas de bosque”, aseguraron desde Semana.
La minería ilegal es la causante de que el departamento hoy sea el cuarto del territorio nacional más afectado por la deforestación, después de Caquetá, Meta y Guaviare, y seguidos por Chocó y Putumayo.
Por su parte, las cifras del Ejército Nacional señalan que en los últimos cuatro años tan sólo en el occidente del departamento, las tropas destruyeron 57 unidades productoras de minería ilegal, donde fueron capturadas 37 personas.
“La operación Creta, encargada de neutralizar la explotación ilícita de yacimientos mineros en el occidente antioqueño, arrojó la incautación de 53 plantas eléctricas, 247 motores, 53 taladros industriales, 43 granuladores, 40 kilogramos de pólvora negra, 1.297 kilogramos de Indugel, 1.338 kilogramos de anfo, 8.553 detonadores y 27.962 metros de mecha de combustión”, publicó Semana.
Pese a esto, Global Forest Watch dio a conocer que “en 2019, Colombia experimentó una reducción significativa en la pérdida de bosques primarios, lo que genera esperanzas de que el país podría estar cambiando de rumbo después de las enormes pérdidas forestales durante los dos años anteriores”.
El Ejército aseguró que los responsables de la deforestación son los grupos armados organizados y la delincuencia, que están presentes en la zona y usan la minería para financiar sus actividades ilícitas.
“Creta está conformada por tropas del Ejército Nacional, Policía Nacional, Gobernación de Antioquia y las autoridades locales del occidente antioqueño, un trabajo articulado dedicado a proteger los recursos naturales y evitar el vertimiento de elementos que envenenan los ríos y la fauna”, aseguró el Ejército Nacional, en relación con su compromiso con la preservación de los recursos naturales del país.
Las autoridades dijeron además, que se está desarrollando un proyecto aurífero en el municipio de Buriticá, donde se encuentra la mina de oro más grande del país. “Esta área, que compromete cerca de 75.000 hectáreas, estará protegida por las tropas del Ejército Nacional y efectivos policiales”, agregó la institución.
Global Forest Watch aseguró que la lucha contra la deforestación en Colombia debe seguir. Según la entidad, “la cantidad de alertas de deforestación en tiempo-casi-real en el país fueron inusualmente altas en la primera parte de 2020”, hecho que “suscita la preocupación de que la disminución en la pérdida de bosques primarios puede ser de corta duración”.
Portafolio
Hace unos 30 años, en Soto Norte, empezaron los trámites para que las más de 600 familias que viven gracias a esta actividad se formalizaran.
La minería es, desde hace más de 400 años, el motor económico de Soto Norte y aunque se creería que por su antigüedad el oficio está formalizado en su totalidad, la comunidad manifiesta que fue hace menos de 30 años empezaron los trámites para que las más de 600 familias que viven gracias a esta actividad se formalizaran.
“Nosotros queremos respaldar a las instituciones, pero les pedimos que haya eficacia y celeridad para que los pequeños mineros puedan hacer el trabajo”, este es el llamado de Fabio Augusto Maldonado, asesor y gestor del programa de coexistencia minera Calimineros.
Y es que el proceso de formalización no es tan sencillo. En todos los casos es indispensable que la Agencia Nacional de Minería otorgue los títulos mineros, esto funciona bajo la modalidad de contratos de concesión que se dan por determinado tiempo y que tienen posibilidad de renovarse (pueden ser otorgados a colombianos o extranjeros).
Luego las asociaciones o empresas mineras deben presentar a las autoridades ambientales y de minas un plan de trabajos y obras y un estudio de impacto ambiental, si es minería a gran escala, o licencia ambiental temporal, si son explotaciones pequeñas, y solo tras cumplirse y aprobarse este trámite se puede comenzar a explotar.
“El proceso es largo y requiere recursos, por eso la formalización termina siendo para los que tienen capacidad jurídica y económica, los pequeños necesitan apoyo del Estado y ese es el llamado que estamos haciendo; todo proyecto vale plata, la gente que se ha formalizado lo ha hecho vendiendo lo poco que tienen”, señala Edwin Blanco, líder social y presidente de AsoJuntas Suratá.
Además, manifiestan que con la nueva delimitación del Páramo de Santurbán, en la que se plantea bajar el límite inferior hasta el bosque alto andino, las pequeñas asociaciones que han logrado formalizarse desaparecerían, pues los títulos mineros que tienen están a esa altura.
“Perderíamos el trabajo de años, nos tocaría volver a empezar y hacer todo el proceso. Nosotros no queremos que nos regalen nada, queremos que nos dejen trabajar y pasar de la informalidad a la formalización, mantener la coexistencia entre la minería y el cuidado al medioambiente y poder mantener a nuestras familias”, asegura Jorge Abad, californiano y representante legal de Calimineros.
Por esta razón piden que la Agencia Nacional de Minería, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y todas las entidades que están a cargo de los procesos de formalización aceleren los trámites y apoyen a los pequeños mineros con acompañamiento y garantías.
“La institucionalidad le tiene más miedo a las opiniones en redes sociales que a desarrollar su ejercicio, se preocupan más por la imagen que por brindar garantías, nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo para cumplir todas las exigencias que nos ponen, necesitamos que nos ayuden”, agrega Abad.
Según explica Maldonado la formalización de los mineros de Soto Norte se inició apenas en 1994 con la llegada de la empresa canadiense Eco Oro Minerals.
“Antes de eso había unos 120 títulos mineros, pero había presencia guerrillera y mucha presión ambiental, los mineros estaban asfixiados; cuando llegaron los primeros exploradores, los pequeños mineros les vendieron sus títulos y lo que pasó fue que todos quedaron concentrados en las multinacionales”, cuenta Maldonado.
Tras esta situación fueron los mismos mineros quienes empezaron a plantearles a las grandes empresas mineras procesos de formalización bajo diferentes figuras, de esta forma nacieron las pequeñas asociaciones que todavía se mantienen.
La primera, denominada La Montaña, es una asociación de cerca de 25 familias, que bajo la figura de cesión de área (cesión de título minero) logró que Eco Oro les cediera un espacio para explorar y explotar, sin embargo, estos mineros no tienen recursos para hacerlo.
La segunda, Artemineros, conformada por unas 15 familias, logró formalizarse bajo la figura de áreas de reserva especial. En este caso, según Maldonado, es la Agencia Nacional de Minería quien otorga los títulos, pero en la actualidad estas áreas son muy escasas y el trámite demorado.
En la actualidad surgió otra figura: coexistencia minera. Se trata de una propuesta que le hicieron los mineros de la zona a Minesa para que la empresa aprobara, mediante subcontratos de formalización, la exploración y explotación de minas con títulos mineros a nombre de la Sociedad Minera de Santander (Minesa). El compromiso en este caso es que parte de las ganancias se destinen a proyectos de inversión social.
Bajo esta figura está Calimineros, que cobija cerca de 160 familias y que en la actualidad está en marcha, y Asopromisoto, que incluye 56 familias, y que está construyendo una propuesta para presentarle a Minesa.
La segunda, Artemineros, conformada por unas 15 familias, logró formalizarse bajo la figura de áreas de reserva especial. En este caso, según Maldonado, es la Agencia Nacional de Minería quien otorga los títulos, pero en la actualidad estas áreas son muy escasas y el trámite demorado.
En la actualidad surgió otra figura: coexistencia minera. Se trata de una propuesta que le hicieron los mineros de la zona a Minesa para que la empresa aprobara, mediante subcontratos de formalización, la exploración y explotación de minas con títulos mineros a nombre de la Sociedad Minera de Santander (Minesa). El compromiso en este caso es que parte de las ganancias se destinen a proyectos de inversión social.
Bajo esta figura está Calimineros, que cobija cerca de 160 familias y que en la actualidad está en marcha, y Asopromisoto, que incluye 56 familias, y que está construyendo una propuesta para presentarle a Minesa.
“En este momento estamos en una incertidumbre total, si no le dan la licencia ambiental a Minesa esos procesos de formalización se podrían caer”, agrega Abad.
Por ahora, y a la espera de que se resuelva la nueva delimitación de Santurbán, de que haya respuesta sobre la licencia ambiental de Minesa y que las instituciones aceleren y acompañen a las asociaciones que están en proceso de socialización,
la comunidad hace un llamado para que se respete a la minería.
“La norma que pretende perseguir a la minería ilegal no ha hecho la diferenciación con minería tradicional o artesanal, los que terminamos pagando somos los mineros informales, que vamos a terminar condenados a la minería de subsistencia a la orilla de los ríos y a la pobreza, queremos formalizarnos, estamos pidiendo celeridad y apoyo”, puntualiza Fabio Maldonado.
