Según la fiscalía ambiental 30 socavones habían sido inhabilitados entre octubre 2019 y el operativo de marzo
MONGABAY LATAM
El pasado 4 de marzo, la Policía Nacional y el Ejército ejecutaron una operación de supervisión contra la minería ilegal cerca del puesto de vigilancia Tambo, en la Cordillera del Cóndor, distrito de El Cenepa (Amazonas). Un ámbito que desde décadas atrás ha registrado la presencia constante de extractores de oro, principalmente ecuatorianos.
Entre las quebradas agrestes, los agentes hallaron socavones que habían sido reabiertos luego de que, en octubre del 2019 quedaran clausurados durante una interdicción ordenada por el Gobierno. En aquella ocasión, campamentos y una vía que conectaba las zonas de excavación en suelo peruano con La Herradura, localidad ecuatoriana más próxima a la línea de frontera, también fueron destruidos.
El portal Mongabay Latam y El Comercio estuvieron en la operación de marzo y presenciaron cómo los socavones eran dinamitados. Una evidencia de que la actividad ilegal no había desaparecido del todo pese a que policías, militares y fiscales quedaron instalados en el puesto para controlar las incursiones de los mineros. El fiscal provincial adjunto especializado en Materia Ambiental de Ucayali, Berli Rodríguez, dijo que 30 socavones habían sido inhabilitados entre la interdicción de octubre y el operativo de marzo. Las autoridades tenían previstas otras intervenciones similares, pero entonces empezó la propagación del COVID-19 en el Perú.
En el curso de la pandemia, los mineros ilegales han ido ganando terreno. Para el abogado especializado en materia ambiental César Ipenza, una evidencia de que el problema de la minería ilegal en la frontera sigue pendiente de resolver es la continua ampliación del mandato para la intervención de las Fuerzas Armadas en esa zona. La prórroga más reciente fue emitida la semana pasada.
La presencia militar y policial en la frontera ha obligado a que los mineros recurran a nuevas modalidades. Un policía que integra las patrullas a cargo del control en la zona detalló, tras el operativo de marzo, que entran en grupos de siete, solo de noche o cuando hay neblina para pasar desapercibidos. En un caserío cercano a La Herradura, un minero ecuatoriano, quien solo se identificó como Andrés, contó que cada grupo está encabezado por un dirigente que previamente ha reunido dinero para, según dijo, entregárselo a las autoridades y conseguir así el acceso.
“Los mineros que están en el grupo del dirigente que ha negociado pueden trabajar toda la noche. Unos 15 socavones están activos”, precisó Andrés.
Por escrito, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) comunicó que se trata de “informaciones malintencionadas” debido a que no se permite el acceso de ninguna persona para realizar minería ilegal en la zona. La institución hizo hincapié en que tales denuncias ya han sido investigadas. “Las comunidades nativas manejan un doble discurso: por un lado se quejan de los ilícitos, y de otro, están participando en estos por dádivas económicas”, se lee en el documento enviado.
Además, el CCFFAA detalló que los patrullajes en la línea de frontera se han intensificado, que siguen las interdicciones en las vías de acceso y los bloqueos de socavones manipulados después de las intervenciones. Sin embargo, remarcó la necesidad de implementar al personal con armas no letales, así como de la presencia permanente de un fiscal en el puesto Tambo, pues desde setiembre no se ha realizado el relevo del que había. “Falta la autoridad competente para solucionar los problemas sociales, culturales y de tránsito de personas”, apuntó la institución.
El jefe de la División de Inteligencia de la Policía de Medio Ambiente, coronel PNP Luis Guillén, señala que uno de los grandes obstáculos para la policía en la cordillera es la ausencia de condiciones mínimas para desarrollar una investigación luego de cada captura. Al tratarse de detenidos ecuatorianos, y ante la falta de una fiscalía en la zona, solo les queda entregarlos a la policía de su país. Pero el oficial sostiene que ahí la legislación es muy distinta. “Lo que observamos es que hay cierta impunidad”, explicó.
Desde hace años, el material extraído en la cordillera es llevado en sacos a La Herradura, área minera de Chinapintza, en Ecuador, a unos 20 minutos caminando desde la línea de frontera. Allí es purificado y se obtiene el oro.
Según han constatado líderes awajún y wampis, los relaves llegan a las cabeceras de cuenca de los ríos Cenepa, Comaina y Santiago. Y esto discurre, a través de afluentes, a las comunidades nativas ubicadas en la parte baja de la cordillera.
Zebelio Kayap, expresidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), precisa que las excavaciones están focalizadas cerca de los puestos militares Tambo y Cuatro Antiguo. La salud de los indígenas asentados allí y sus tierras están expuestas.
“La única forma como podemos controlar esto es viviendo ahí”, dice por su parte Saúl Yampis, integrante de la Organización de Desarrollo de las Comunidades del Alto Comaina (Odecoac).
Odecofroc discrepa con esta postura y busca que esa zona sea restituida como parte del Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor.
En el 2006, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) presentó el expediente para la creación del Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, que abarcaría 153 mil hectáreas. Luis Alfaro, intendente del Inrena en aquel año, comenta que la cancillería consideró que esa propuesta impediría que se realicen actividades extractivas en la frontera, como estaba contemplado en el acuerdo de paz con Ecuador. En el 2007 se creó el parque con una extensión de solo 88.477 hectáreas.
